La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), emitió este 13 de abril la recomendación 2/2024 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana (SSPCM), titulada por José Fernando Sánchez González, debido a un caso de tortura cometida por agentes municipales el pasado 3 de noviembre de 2023.
Según el testimonio de la víctima, el 3 de noviembre de 2023, aproximadamente a las 12:18 horas de la noche se encontraba en compañía de un amigo caminando frente a la UDCI, cuando dos oficiales a bordo de la unidad antes mencionada los interceptaron, él reaccionó corriendo en dirección contraria a la avenida por la que transitaban, lo que dio inicio a una persecución que culminó cuando lograron alcanzarlo.
Publicidad
Una vez que lo detuvieron permanecieron en la vía pública sobre el Boulevard Federico Benítez, por más de 10 minutos tiempo en el que la víctima fue golpeada en diferentes partes del cuerpo por medio de puñetazos y patadas, posteriormente cuando quedó de rodillas sobre el suelo, uno de los oficiales lo sostuvo de la chamarra, mientras el otro le disparaba en más de ocho ocasiones con una pistola de postas en la cabeza y el cuerpo. Acto seguido logró ponerse de pie y huyó corriendo mientras el agente continuaba disparándole a la distancia, siendo un total de 21 detonaciones infligidas.
Sin embargo, el ataque no se detuvo ahí, los policías municipales continuaron persiguiendo a la víctima por más de 20 minutos, lo que quedó registrado en las videograbaciones que se obtuvieron producto de la investigación de la misma CEDH. No obstante, no lograron localizarlo, por lo que no obran ningún informe policial homologado con relación a su detención, igualmente, los oficiales en su parte de novedades no señalaron detención alguna, de hecho, refirieron que en el tiempo en que ocurrieron los hechos “no hubo novedad que informar”, omitiendo por completo el ataque que perpetraron.
El hecho anterior quedó registrado en un video que fue difundido en redes sociales por ciudadanos anónimos, quienes grabaron el momento de la tortura ejecutada por los policías.
Publicidad
Cabe destacar que aunque desde el 4 de noviembre de 2023 la Sindicatura Procuradora del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de Rafael Leyva Pérez, abrió una investigación para sancionar administrativamente a los elementos policiacos, ésta se encuentra actualmente en integración, lo mismo que la indagación iniciada desde el 6 de noviembre del mismo año en la Unidad Especializada en Delitos contra la Tortura de la Fiscalía General de Baja California (FGE).
En el expediente abierto por la CEDHBC, se advierte que los oficiales mintieron en su declaración ante el organismo autónomo, pues ante la Sindicatura Procuradora aceptaron su participación en la tortura, pero ante la comisión la negaron, por lo que “existe una clara contradicción en lo referido por las autoridades responsables, lo cual refleja la falta de entendimiento y conciencia respecto a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Además, es evidente su intención de ocultar la verdad por los actos de tortura que realizaron así como de obstaculizar las investigaciones tanto administrativas como penales”.
En resumen, además de la tortura, los oficiales violaron los derechos a la seguridad jurídica, libertad personal e integridad personal.
La SSPCM de Tijuana es de las autoridades que más recomendaciones recibe de la CEDH, pues de 2019 a la fecha lleva nueve, ninguna cumplimentada al 100 por ciento.
Las recomendaciones son la 2/2020, solventada al 70 por ciento; 5/2020, cumplimentada al 80 por ciento; la 2/2021 y 3/2021, ambas con 60 por ciento de avance. Estas fueron emitidas durante la administración de Arturo González Cruz y Karla Ruiz Macfarland por violación a la seguridad jurídica, detenciones arbitrarias, violación al derecho de integridad y seguridad personal, violación a la libertad y seguridad jurídica, actos cometidos por policías municipales.
En la actual administración, presidida por Montserrat Caballero Ramírez, se han emitido las recomendaciones 1/2023, con sólo el 50% de cumplimiento; la 5/2023, 8/2023, 9/2023 y ahora la 2/2024, siendo las tres últimas por actos de tortura cometidos por oficiales municipales.
