Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, se convirtió en la candidata número 26 en ser asesinada durante las etapas previa y final hacia las elecciones más importantes de la historia en México, de acuerdo con estadísticas de la organización civil Laboratorio Electoral, que refiere, a la fecha se han registrado 156 casos de violencia relacionada con personas involucradas en el actual proceso, incluyendo 50 asesinatos, de los cuales 26 eran aspirantes, 22 atentados, 75 casos de amenazas y nueve secuestros.
La morenista fue asesinada a balazos a pocas horas que iniciaron las campañas para contender por las presidencias municipales el lunes 1 de abril durante un acto proselitista en la comunidad de San Miguel Octopan, municipio de Celaya, donde también resultaron lesionadas otras tres personas, entre ellas se aseguraba que estaba Adrián Guerrero Caracheo, candidato a primer regidor del Ayuntamiento en la planilla de Gaytán Gutiérrez y ex líder de la Sección XII del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), al que inicialmente autoridades federales anunciaron como fallecido.
Según se pudo apreciar a través de videos compartidos en redes sociales, Bertha Gisela y sus simpatizantes avanzan por una calle de San Miguel Octopan, cuando de repente varias detonaciones producidas por armas de fuego rompen la tranquilidad del lugar y los participantes en el mitin político corren asustados. El reloj marcaba las 18:30 horas en el momento que desconocidos efectuaron los disparos que terminaron con la vida de la candidata, abogada de profesión por la UNAM y ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el que pretendió competir por una diputación local en 2018.
El homicidio de la aspirante a la alcaldía de Celaya, una de las ciudades más violentas del país, conmocionó al medio político, que de alguna u otra manera se viene acostumbrando a este tipo de crímenes.
En la conferencia mañanera del 2 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato: “Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata de la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, Bertha Gisela Gaytán, y pues estos hechos son muy lamentables porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara, luchando por otros y duele mucho que esto suceda”.
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Joaquín Martínez López, Alcalde de Chahuites, Oaxaca (PVEM). Ejecutado el 18 de marzo 2024, Foto: Tomada de Internet
El titular del Ejecutivo Federal exigió la remoción del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, de quien se ha venido expresando negativamente por diversos sucesos trágicos en esa entidad: “Yo creo que sí, sí es necesario. Si un servidor público no da resultados, pues hay que cambiarlo. Un gerente de una empresa donde no hay resultados lo despiden, le dan las gracias, lo liquidan, ¿por qué un servidor público no?”.
El mandatario también criticó al gobernador guanajuatense, Sinhué Rodríguez, del que dijo, “gobierna, pero no manda”.
En tanto, desde Colima, la candidata presidencial de la coalición Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, culpó al Instituto Electoral de Guanajuato por el asesinato de Gaytán al negarle la protección solicitada, pues presuntamente Morena pidió la protección a varios de los candidatos. El Instituto Nacional Electoral (INE) envió oficio a la autoridad local solicitando esa seguridad y la respuesta del árbitro electoral de aquella entidad federativa fue “que no es tiempo todavía para esta seguridad y vale mucho la pena que se investigue cómo fue que actuó el instituto electoral local en este caso”.
Por su parte, luego de lamentar el crimen de Gaytán Gutiérrez, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reconoció que la seguridad que se brinda a los candidatos presidenciables es bastante buena, contrario a lo que sucede con quienes aspiran a cargos locales: “Me preocupan los candidatos a alcaldes, los regidores, los que están al ras de la calle, como esta candidata. Ojalá se investigue inmediatamente, se ponga ante la justicia a los responsables, y cuando me preguntan de las cárceles, pues ahí deben ir estos personajes, estos que matan a una persona con absoluta impunidad”.
EL SUPUESTO BLINDAJE
Después del asesinato de Bertha Gisela Gaytán, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, hizo un recuento de las peticiones de protección y de los aspirantes a cargos de elección popular que han perdido la vida: “Hasta el primero de abril (2024) contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, diez fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo. El actual proceso electoral que inició el primero de octubre, lamentablemente tenemos el registro de dos candidatos fallecidos que están registrados ante los organismos electorales de los estados”.
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Pareciera que para la funcionaria no cuentan quienes fueron precandidatos o aspiraron a alguna candidatura para contender por alcaldías, regidurías, diputaciones locales o federales, pues sólo destacó dos homicidios de candidatos debidamente registrados para esta fase final del proceso electoral, entre los que contó indebidamente a Adrián Guerrero Caracheo, candidato a regidor por Morena y quien estaba junto a Gisela Gaytán durante el tiroteo en Celaya, pero quien no murió y horas más tarde se conoció que no estaba ni herido, ni desaparecido, sino que se escondió con familiares para resguardarse tras el ataque que acabó con la vida de la mujer.
Debido a la violencia política con la que inició el año, cuando el 4 de enero fue asesinado a balazos el regidor de Cuautla y precandidato a diputado en Morelos por el Partido Acción Nacional, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, el día 5 fue victimado a tiros el precandidato a la alcaldía de Armería, Colima por Movimiento Ciudadano, Sergio Hueso; el mismo día fue privado de la vida por disparos de arma de fuego el precandidato a la alcaldía de Suchiate, Chiapas por medio de la coalición PRI-PAN-PRD, David Rey González Moreno; el 11 de enero mataron a la comisionada de MC en Jacona, Michoacán, Miriam Nohemí Ríos; y el día 14 fue acribillada Samantha Carolina Gómez Fonseca, activista trans que pretendía llegar al Senado de la República a través de Morena, diversas autoridades acordaron una estrategia conjunta de seguridad.
Los crímenes continuaron y el 24 de enero se perpetraron los homicidios de Marcelino Ruiz Esteban y su esposa, Guadalupe Guzmán Caro, en Guerrero. El hombre era precandidato a la alcaldía a Atlixtac por el Partido de la Revolución Democrática y su mujer era ex consejera estatal del mismo partido en Chilapa. Para el día 27 fue asesinado José Alejandro Naredo García, dirigente del PRD en Cuitláhuac, Veracruz. Por ello, el 31 de enero, Rosa Icela Rodríguez anunció que el Gobierno Federal y el INE acordarían un plan de trabajo en busca de blindar las elecciones y proteger a los candidatos y candidatas a puestos de elección popular, pero no dio detalles.
El 1 de febrero privaron de la vida a tiros en Zapopan, Jalisco a Jaime Vera Alanís, precandidato a la alcaldía de Mascota por la alianza Morena-PVEM. Al día siguiente, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que ese organismo formularía las solicitudes de protección a la Mesa de Seguridad Interinstitucional sobre candidatos y eventos que requieran de servicios de seguridad a nivel federal.
Los asesinatos se vinieron en cascada. Familiares de aspirantes a cargos públicos, candidatos y funcionarios, sobre todo municipales fueron abatidos a balazos en Guerrero, Zacatecas, Colima, Estado de México, Veracruz y Puebla entre el 6 y el 16 de febrero.
El 20 de febrero, desde la SSPC federal, Rosa Icela Rodríguez reiteró que la seguridad de los candidatos a cargos de elección popular a nivel federal, e incluso a los aspirantes a las gubernaturas, corresponde al Gobierno Federal, el resto a los estados y municipios. A seis días del aviso, fue asesinado Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato a la alcaldía de Maravatío, Michoacán por Morena. Horas más tarde, el también aspirante a la misma presidencia municipal, por el PAN, Armando Pérez Luna. El de 3 marzo, Alfredo González Díaz, precandidato a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Guerrero por el Partido del Trabajo, corrió la misma suerte.
El 5 de marzo, AMLO rechazó que exista violencia política por el proceso electoral: “Es un asunto de publicistas y por la temporada, como hay elecciones, hay participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas, que desde luego existen, de inseguridad. Estoy de acuerdo en que por el bien de todos, primero la democracia, porque es por el bien de todos, primero el pueblo, la democracia es el pueblo. Y lo otro, aunque no estoy de acuerdo que vaya a haber retroceso democrático, respeto ese punto de vista”.
A la par, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, vaticinó que habrá “elecciones pacíficas y legales”.
Pese a los buenos deseos de políticos y funcionarios, la violencia electoral cobra cada vez mayor fuerza, pues los asesinatos de estos actores son más frecuentes e impactantes. Sólo en marzo fueron asesinados Alfredo González Díaz, precandidato a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Guerrero; Policarpio Ramírez Coria, ex candidato a la alcaldía de Paso de Ovejas, Veracruz; Román Quezada Anduaga, secretario del PAN en El Fuerte, Sinaloa; Karla Citlalli Herrera González, lideresa del Partido Encuentro Solidario (PES) en Ario de Rosales, Michoacán; y Honorio David Morales Sandoval, ex candidato a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Guerrero y esposa Juana Suástegui Guzmán.
En el mismo mes se registraron los homicidios de Tomás Morales Patrón, candidato a la alcaldía de Chilapa, Guerrero; Diego Pérez Méndez , candidato a la alcaldía de San Juan Cancuc, Chiapas; Humberto Amezcua Bautista, candidato a la alcaldía de Pihuamo, Jalisco; Joaquín Martínez López, presidente municipal de Chahuites, Oaxaca; Antonio Crespo Bolaños, regidor de Chilapa, Guerrero; Jaime González Pérez “El Maicero”, candidato a la alcaldía de Acatzingo, Puebla; y el reciente crimen de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato.
Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional, expresó que ahora Morena se quiere ensañar con el crimen registrado en Guanajuato, entidad gobernada por el PAN: “No, bueno, el problema es nacional. Un grave problema nacional, porque si bien ayer fue Celaya, hace dos días fue el alcalde de Churumuco y otros tantos días fueron dos aspirantes a alcaldes de la misma ciudad en Michoacán, y hace otros tantos, diputados locales, alcaldes. A ver, el grave problema es que el crimen organizado se siente realmente empoderado y bajo el manto de la protección de la Presidencia de la República, con esto de los abrazos.
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“Nosotros, antes de que iniciara el proceso electoral, solicitamos al INE tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas y todos los candidatos en todo el país, para que se garantice la seguridad de quienes van a ser funcionarios de casilla, representantes de partido en las casillas, encuestadores, medios de comunicación”, expuso el panista, para rematar:
“A ver, este es un grave problema de índole nacional que se viene expandiendo por la indolencia de un gobierno que abraza a los criminales”.
