Se ha vuelto un gran misterio el origen del prominente recurso que tiene la diputada federal con licencia y ahora candidata a Senadora de la República, Julieta Ramírez Padilla, quien tiene meses en una intensa campaña mediática, ya sea a través de videos en redes sociales, pautas, entrega de apoyos y espectaculares en toda la entidad, cuyo único interés es la promoción de su imagen, puesto que sus iniciativas no son precisamente algo prioritario. Una sobreexposición de su imagen es más que evidente en lo que los allegados conocen como el “Proyecto Julieta”, toda vez que confían en que la joven abogada puede aspirar en el futuro a una Presidencia Municipal, y posteriormente -como su ex jefa- a la Gubernatura del Estado. Tan es así, que para la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Ramírez es uno de los principales personajes del relevo generacional dentro de Morena. Sí bien aún es un misterio la procedencia del recurso que se utiliza para financiar la extensa y costosa campaña de Julieta Ramírez -pues ha quedado asentado en las páginas de este Semanario que no proviene de la Cámara de Diputados-, al menos se pudo conocer que uno de sus financieros es nada menos que uno de sus empleados. Según la información proporcionada por la Secretaría de Cultura, en una petición de Transparencia, Ramírez Padilla signó un contrato para rendir su informe de labores en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes (CEART) de Mexicali, incluida una intensa movilización, un gran escenario y conocidos perfiles políticos. Quienes acudieron aseguran que Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán fue el responsable de coordinar el evento registrado en octubre del 2023. Pero lo interesante es que el contrato no fue firmado por Julieta Ramírez Padilla ni a nombre de ella, sino por Juvenal Márquez Hernández, un académico que además formó parte de la nómina de trabajo de la propia legisladora federal. Según la información, Juvenal habría pagado 25 mil pesos a través de una cuenta de BBVA Bancomer, para rentar las instalaciones del CEART. Lo interesante es que este individuo, quien es del grupo político de Julieta, dejó de trabajar en la Cámara de Diputados en septiembre del 2023 e inició labores en el Instituto de la Juventud en octubre del mismo año, lo que quiere decir que no era su trabajador formalmente, por lo que no tendría por qué representar a Julieta para firmar dichos contratos. Aun así, le patrocinó a su ex jefa, la renta del CEART. Cada quien es libre de desembolsar el dinero de la forma que desee, pero de tratarse de un “patrocinio”, la legisladora estaría obligada a informar sobre los apoyos que recibe, lo cual no hizo; más allá de eso, 25 mil pesos puede que le sobren a un empresario, pero a un hombre que gana 24 mil pesos al mes, resulta poco probable creerlo.