Un juez federal concedió la suspensión definitiva en un juicio de amparo al presunto narcotraficante Luis Edgar Herrera, alias Héctor Eduardo Infante y/o El Tolín Infante, preso en el penal de máxima seguridad de Oaxaca, para que el quejoso no sea entregado al Gobierno de Estados Unidos en extradición hasta agotar la totalidad de los recursos legales de su defensa.
Apenas el 26 de diciembre de 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un acuerdo a través del que declara procedente la extradición internacional de Herrera, quien es reclamado por una Corte Federal de California por su probable responsabilidad en la comisión del por el delito de conspiración para la distribución de metanfetamina en esa región de la Unión Americana.
El director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, representante de la cancillería mexicana, aceptó la existencia del acto reclamado, pues la extradición de Tolín Infante ya fue concedida dentro de la acusación formal CR 2:22-cr-00494-JWH formulada por el gobierno estadounidense. El año próximo pasado, el 24 de febrero, mediante nota diplomática se formalizó petición para llevar ante la justicia del país extranjero al hombre nacido en Chicago.
Los abogados de Luis Edgar Herrera presentaron una demanda de amparo en contra de la posible entrega material o ejecución del acuerdo de extradición el 16 de febrero reciente ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, señalando precisamente ese acto reclamado que tiene como antecedente el procedimiento de extradición 1/2023. De manera inmediata, como ocurre en estos casos, el juez le concedió la suspensión provisional y el 23 de febrero de 2024 le fue otorgada la suspensión definitiva.
Tolín Infante permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 13 CPS Oaxaca en Miahuatlán de Porfirio Díaz, a disposición del juez de Amparo en tanto se resuelve el fondo del juicio de garantías. En caso de no serle concedida la protección de la justicia federal, el reclamado aun contara con la posibilidad de impugnar la resolución a través del recurso de revisión, por lo cual podría ser varios meses más tarde cuando se resuelva su situación en la vía constitucional. Antes promovió otro amparo el 24 de enero de este año contra actos de tortura, pero al no ratificar la demanda, fue declarada como no presentada.
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El que también se hace llamar Héctor Eduardo Infante es un presunto narcotraficante que operaba para la facción de Los Rusos del Cártel de Sinaloa en Baja California. Tras ser agredido a tiros en el exterior de un centro comercial de Rosarito, el 22 de julio de 2022, fue detenido por las autoridades. Un hijo menor que le acompañaba resultó herido de un balazo.
En un Juzgado de Distrito de Baja California, Tolín Infante fue vinculado a proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, sin que existiese otro cargo. El 7 de julio siguiente, el Gobierno del Estados Unidos informó que tenía orden de captura su contra por conspiración por distribución de metanfetamina, pero no se había solicitado la extradición.
Posteriormente, el 17 de octubre de ese año, el sujeto que estaba recluido en la Penitenciaría de Tijuana fue trasladado al Cefereso Número 13 de Oaxaca, donde Josefina Herrera, su familiar, promovió dos demandas de amparo en favor de Luis Edgar Herrera, al parecer nombre verdadero del quejoso, una de ellas en contra de una posible orden de extradición, destierro o deportación, y la otra, por supuestos actos de incomunicación, segregación y malos tratos en el Cefereso Número 13. Ambas causaron sobreseimiento semanas después.
A su arribo al penal federal oaxaqueño, Herrera resultó positivo a la prueba de COVID-19, por lo que fue trasladado a la Unidad de Ingreso Uno (UI1), a donde son remitidos los enfermos de coronavirus, por protocolo de seguridad de ese centro penitenciario. El reclamo del quejoso fue en el sentido de que sufría ataques a la integridad física, incomunicación, tormento, segregación y malos tratos por carecer de atención médica y de medicamentos. También se quejaba de que las autoridades penitenciarias negaron acceso a personal médico externo para que certificara su estado de salud.
El nuevo amparo presentado contra el acuerdo de la extradición declarada como procedente se encuentra pendiente de resolución, teniendo como fecha tentativa el 15 de marzo. Audiencia constitucional que podría diferirse en caso de que falten informes o copias del procedimiento solicitadas a diversas autoridades responsables.
