La tortura y los malos tratos subsisten en México a pesar del discurso oficial tanto del Gobierno Federal como de las entidades federativas, donde se niega esta práctica durante la actuación policial, investigaciones ministeriales o reclusión penitenciaria; sin embargo, las víctimas visibilizan el problema a través de denuncias presentadas ante las propias autoridades o la formulación de quejas ante organismos públicos de Derechos Humanos en el país, sin que las fiscalías realicen acciones tendientes a aclarar los hechos y mucho menos ponerlos en manos del Poder Judicial.
En su más reciente informe (Hallazgos 2022), presentado en febrero del año en curso, el Observatorio contra la Tortura -integrado por diversas instituciones- reporta al menos 6 mil 226 carpetas de investigación por el delito de tortura y/o tratos inhumanos, crueles y degradantes iniciadas durante el año de la investigación, datos aportados vía Transparencia, por las fiscalías federal y de los estados, que representan 11 por ciento más respecto al año inmediato anterior (2021), cuando se tuvo conocimiento de 5 mil 994 indagatorias.
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Aunque vale señalar que dos estados, Colima y Morelos, no aportaron la información solicitada.
De acuerdo con el Informe de Hallazgos 2022, documento que evalúa el grado de implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en México (publicada en 2017), las fiscalías registraron a 6 mil 398 presuntas víctimas de este tipo de delitos, de las cuales 715 (11%) son mujeres, lo que hace evidente que la tortura sigue empleándose como método de investigación de delitos, y que en el año de estudio, únicamente 82 carpetas de investigación fueron judicializadas, produciéndose un amplio espectro de impunidad.
Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó que los mecanismos de Naciones Unidas para la Protección de Derechos Humanos “han sido particularmente insistentes desde hace décadas en que México tiene que emprender especiales esfuerzos para hacer frente a la tortura”, a la vez de remarcar que durante las últimas revisiones por parte de organismos de tratados internacionales, reconocen ausencia de voluntad y capacidad para investigar seria y eficiente los hechos de tortura por parte de las fiscalías del país.
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Este informe analiza el desempeño y las capacidades de las fiscalías, poderes judiciales y otras autoridades responsables de prevenir y perseguir la tortura en nuestro país, donde, a pesar de que cada Estado debe contar con una fiscalía especializada en casos de tortura, su creación no se ha traducido en mejores investigaciones ni en un incremento de casos judicializados, mencionándose la falta de independencia y parcialidad en las pesquisas. Es decir, existe un estancamiento generalizado de las investigaciones de tortura en las fiscalías y el número de asuntos judicializados sigue siendo extremadamente bajo.
INVESTIGACIÓN DEL DELITO
El Observatorio contra la Tortura, conformado por Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Centro para la Justicia, la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advierte que las posibilidades de que las víctimas de tortura puedan comprobar haberlo sido, son muy bajas por la falta de disponibilidad e imparcialidad de los dictámenes médico-psicológicos.
Por su parte, los organismos públicos de Derechos Humanos que recibieron mil 243 quejas que clasificaron como tortura y 2 mil 649 como tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, señalaron que las autoridades más denunciadas ante organismos públicos de Derechos Humanos fueron las fiscalías generales de los estados (50.9%) y los cuerpos de Seguridad Pública (30.8%), siguiéndoles muy por detrás los sistemas penitenciarios (4.3%), autoridades por determinar (5.8%) y otros (1.7%).
Natalia Pérez Cordero, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, afirmó que la tortura “no solamente subsiste, sino que se ha negado la posibilidad de tener una política pública que permita avanzar en el combate, sobre todo en la prevención de este delito grave”, en alusión a la falta de creación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, herramienta clave para generar líneas de acción coordinadas a nivel interinstitucional. Programa que debió ser aprobado por la Fiscalía General de la República (entonces PGR) en 2017.
La Ley General contra la Tortura señala que en los estados donde no haya recursos suficientes para operar fiscalías especializadas, se crearán unidades administrativas especializadas. Tanto las fiscalías como las unidades especializadas tienen el mismo fin: investigar los delitos de tortura y malos tratos. A la fecha del estudio del Observatorio, en el país existían 17 fiscalías especializadas, 12 unidades especializadas y cuatro entidades federativas no contaban con ninguna de esas instituciones; a saber: Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Sinaloa y Sonora.
El informe analizó si la creación de fiscalías o unidades especializadas incide en la capacidad institucional de las fiscalías de investigar y perseguir el delito de tortura, al realizar un comparativo entre el número de pesquisas de 2019 a 2022 se arribó a los siguientes detalles: el 44% de los estados (con o sin fiscalía especializada) aumentaron el número de investigaciones anuales; el resto de los estados (56%) iniciaron menos carpetas de investigación durante ese periodo. El 60% de los estados que tenían una fiscalía especializada en 2019 aumentaron las carpetas iniciadas (6 de 10) y el 25% de los estados que siguen sin fiscalías especializadas han aumentado las carpetas iniciadas (3 de 12).
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Uno de los problemas importantes, como ocurre con la investigación de otros delitos como la desaparición de personas, es la escasez del recurso humano, ya que en 2022 hubo 234 agentes del Ministerio Público encargados de investigar delitos de tortura en todo el país, sin que esos fiscales fuesen exclusivos para esas indagatorias, pues además investigan otro tipo de ilícitos, por lo que su carga de carpetas es superior al total de asuntos de tortura que conocen. En el caso de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit y San Luis Potosí, no aportaron información sobre el tema. Se estima que la relación entre investigaciones por tortura iniciadas en 2022 y agentes del Ministerio Público es 26.6 casos nuevos por agente sólo en un año.
NULA JUDICIALIZACIÓN
La mayoría de las investigaciones se inician porque lo ordena un juez o jueza cuando recibe alegaciones de tortura en las investigaciones de otros delitos por los que los imputados se encuentran a su disposición. Esto sugiere que la tortura sigue empleándose como método de investigación de delitos, y es cuando los juzgadores dan vista al Ministerio Público para que indague al respecto. Así ocurre en el 69.2% de los asuntos en que se inicia una carpeta de investigación; mientras que otro 23% que motiva el inicio de pesquisas de tortura, dada su visibilidad, es de oficio.
El porcentaje de casos que se investigan por denuncia de las víctimas de tortura es muy bajo, apenas del 7.8%. El Observatorio opina que la falta de denuncia directa de los afectados puede deberse a varios factores, como el miedo a denunciar, la desconfianza en las instituciones de justicia, el desconocimiento de los recursos legales y su funcionamiento por el impacto de la tortura en la víctima o la falta de recursos.
El tema de la judicialización de las carpetas de investigación es deprimente por el raquítico ejercicio de la acción penal que formula el Ministerio Público sobre los casos. Se puede advertir que abren las investigaciones cuando los jueces les dan vista, pero no quiere decir que realmente vayan a indagar o lo hagan. La judicialización es el proceso por el cual un caso pasa de la etapa de investigación a la etapa de juicio. Implica que los fiscales y sus policías han recabado suficientes pruebas para acusar formalmente al presunto responsable ante el juez.
Sin embargo, del Informe Hallazgos 2022 se desprende que la creación de fiscalías o unidades especializadas no guarda relación con el incremento de casos judicializados. Existe un estancamiento generalizado de las pesquisas de tortura en las agencias del Ministerio Público, puesto que el número de casos judicializados sigue siendo extremadamente bajo. La muestra de esas carpetas de investigación que llegan ante un Juzgado es tan pequeña que dificulta la detección de tendencias y la correlación de variables. Desde 2019, sólo dos de diez estados con fiscalías especializadas han aumentado las judicializaciones; en tanto que seis de 14 entidades que no tenían una fiscalía especializada en 2022 (es decir, que tienen unidades o nada), aumentaron las judicializaciones respecto a 2019.
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La efectividad de la judicialización de las carpetas de investigación tampoco está en función de los recursos económicos que el Estado destina a áreas especializadas en este ilícito, pues el 62.5% de las fiscalías que contaron con partida presupuestal propia, no aumentaron el número de investigación abiertas por tortura. Mientras que el 72% de las fiscalías que aumentaron el número de investigaciones iniciadas no contaron con presupuesto propio. También se estableció en el informe que el 72% de las fiscalías que aumentaron el número de investigaciones iniciadas, cuenta con una fiscalía especializada.
En el mismo rubro de la efectividad de resultados en cuanto a la dotación de recursos económicos para la investigación de la tortura, se obtuvo el lamentable dato de que el 75% de las fiscalías que contaron con una partida presupuestal propia no judicializó ninguna carpeta por este delito. El 80% de las fiscalías con investigaciones judicializadas no contaron con presupuesto propio y el 70% de los estados con investigaciones judicializadas cuentan sólo con una unidad especializada.
TORTURA EN BC
Baja California se encuentra en cuarto lugar en número de denuncias convertidas en carpeta de investigación a nivel nacional. También en el cuarto sitio de carpetas judicializadas, aunque con un muy bajo índice comparado con indagatorias abiertas. Yucatán cumple con una excelente reputación al respecto, pues de tres carpetas de investigación iniciadas, las tres fueron judicializadas. Le sigue muy lejos Baja California Sur, con 34 carpetas abiertas, 22 de ellas judicializadas; le sigue Puebla, que de 280 indagatorias, sólo ha enviado cinco ante el juez; y BC, de 393 carpetas iniciadas, ha judicializado cinco.
En Baja California, durante 2022, la fiscalía reportó a través de las respuestas a solicitudes de información formuladas por el Observatorio, 393 carpetas de investigación abiertas, que aglutinaban 489 víctimas de Tortura y/o Malos Tratos, Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (TPCID), de las cuales 462 son hombres y 27 mujeres. Únicamente cinco de las carpetas fueron judicializadas.
La institución no proporcionó información a la pregunta de cuántas víctimas tuvieron acceso a un peritaje para la detección de la tortura.
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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal no cuenta con ningún registro ese año de víctimas de tortura y/o TPCID, aunque reportó 14 personas beneficiarias de medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y/o reparación integral, además de 10 beneficiarias de asesoría jurídica, sin que se les reconociera con la categoría oficial de víctimas. Por su parte el Poder Judicial de Baja California informó al Observatorio que en 2022 no emitió sentencia alguna relacionada con el tema de la investigación.
Por su parte, organismos públicos de Derechos Humanos en Baja California reportaron la recepción de 22 quejas por tortura, siendo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la autoridad más señalada, en 20 de los casos. Además, se recibieron 22 quejas por malos tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes, siendo también la más denunciada en 15 ocasiones.
Los organismos de Derechos Humanos realizaron dos peritajes en auxilio de dos víctimas de sexo masculino, mostrando correlación entre el relato de tortura y los hallazgos médicos y/o psicológicos; sin embargo, no se emitió ninguna recomendación por este tipo de delito.
Por ello, las organizaciones que conforman el Observatorio contra la Tortura hacen un llamado a la creación de una política pública coordinada entre las autoridades federales y locales, así como diagnósticos claros sobre la magnitud y características de este delito que persiste en el país.
