Si bien la medida representa el reconocimiento de una crisis de Estado que se dimensiona desde la administración de Francisco Vega de Lamadrid, las medidas implementadas son escasas
Cuando en febrero de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por petición de Jaime Bonilla Valdez solicitó la medida de Alerta de Género en Baja California debido a los altos índices de asesinatos de mujeres y delitos de género, el ex gobernador lo consideró un logro de su gobierno, cuando la realidad es que se trata de una problemática que trasciende colores partidistas o instituciones; todas, de alguna manera, están relacionadas con esta crisis.
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A cuatro años de solicitada la medida y aunque las 39 recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gobernación, se incrustaron en el Plan de Desarrollo del Estado 2022-2027, la realidad es que los avances no han representado una realidad sustancial para garantizar el desarrollo de una vida libre de violencia.
Entre las medidas solicitadas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) identificó acciones preventivas, de seguridad, de justicia y de reparación del daño, las cuales involucran prácticamente a todos los entes de gobierno, de las cuales la responsabilidad recae en mayor medida en el Poder Judicial, Ejecutivo, Fiscalía y Congreso del Estado.
El último estudio realizado por la Conavim fue presentado en 2023 y el Estado no había cumplido en su totalidad con ninguna de las medidas, pero tenían un total de 15 en proceso de cumplimiento, lo que representaba un aproximado del 38 por ciento de todas las acciones de gobierno. Esto fue confirmado por la mandataria estatal en una mañanera realizada en noviembre de ese año.
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De estas medidas, el área de mayor retraso eran precisamente las que buscan garantizar seguridad y justicia para las mujeres en cualquiera de sus modalidades, ya que de las 23 recomendaciones entre ambos rubros, sólo se ha iniciado la atención en 10.
Las exigencias son diversas, como instaurar Centros de Justicia para la Mujer, implementar el Protocolo Alba para víctimas de desaparición forzada, garantizar la reparación del daño y dar seguimiento a los casos administrativos y penales relacionados con temas de género dentro de las instituciones gubernamentales.
Algunos puntos son muy generales y otros muy específicos, como implementar peritos y traductores en diversos rubros para mujeres con algún tipo de vulnerabilidad.
Aunque un avance de casi 40% haría pensar que ya debería haber resultados, la realidad es que resultan marginales, pues sólo en 2023, el Estado rondó los 300 asesinatos de mujeres, de los cuales menos del 20% fueron identificados o tipificados como feminicidios.
Esto quiere decir que, desde el origen de los crímenes, la Fiscalía General del Estado, una de las principales intervinientes en el tema, no inicia los expedientes con el protocolo de investigación de género.
Además, en municipios como Mexicali, Ensenada y Tijuana, las cifras de violencia familiar se mantuvieron o incrementaron en 2023 hasta en 20% en comparación con el año anterior.
Estas cifras son historias de vida, son personas, mujeres y niñas que no ven una representación o resignificación de sus derechos, sobre todo el de una vida libre de violencia, en el hecho de que nunca en la historia, Baja California tiene una representación de la mujer en la actividad política, como una gobernadora y tres presidentas municipales, de las cuales dos recaen los municipios más poblados de la entidad.
Los avances son importantes, como la despenalización del aborto, la construcción de centros de justicia, la Ley Vicaria, los avances de la Ley Sabina, entre otras, pero la realidad son muchas las fobias y prejuicios dentro de las instituciones públicas que vuelven insuficientes los esfuerzos actuales para garantizar un escenario de igualdad y de crear ciudades seguras para las mujeres.
