“Lo correcto es correcto aunque nadie lo haga; lo incorrecto es incorrecto incluso si todos lo hacen”.
-Agustín de Hipona
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Hace por lo menos quince años que nuestro país enfrenta una gravísima crisis en materia de seguridad pública, provocada fundamentalmente por la violencia y la corrupción del crimen organizado, sobre todo en el aspecto del narcotráfico.
Ante una manifiesta incapacidad e innegable complicidad por parte de las autoridades civiles, la putrefacción de los cuerpos policiacos tanto a nivel municipal, estatal y federal, nadie metería las manos en favor de ellos.
El Gobierno Federal tuvo que recurrir como una última ratio al uso de las Fuerzas Armadas, tanto por el Ejército y la Marina nacional, para combatir a los diversos grupos delincuenciales, otorgándoles cada día más facultades, que en el plano legal carecían totalmente para actuar en el combate frente al crimen organizado y creándoles un respaldo jurídico que proporcionara validez a sus intervenciones en los procesos de detención e investigación de los diversos injustos delincuenciales. Y además, proporcionándoles una gran cantidad de recursos económicos y materiales que los fortalecieran frente al poderío económico y de armamento que tienen los grupos de la delincuencia organizada en todo el país.
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Cabe mencionar que esta estrategia federal ha generado una serie de graves consecuencias jurídicas y sociales que ponen en riesgo al Estado de Derecho y, por supuesto, nadie lo negaría a los Derechos Humanos. Por otra parte, la muy cuestionada participación de las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública implica una ampliación del ámbito de aplicación del Derecho Penal Militar, que es, como todos, lo sabemos un régimen excepcional y especial, que originalmente tenía como propósito conservar el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas del país, pero de ninguna manera para perseguir y sancionar delitos comunes o federales (esto es, extender las facultades legales de las Fuerzas Armadas en relación con la población civil).
Lo que hoy no se pone en duda es que la intervención de las en otro tiempo muy respetadas instituciones militares, el Ejército, representaba un ícono de prestigio entre la población civil de nuestro país; pero hoy, al intervenir en el combate al crimen organizado, han ocasionado una gran cantidad de quejas y denuncias por el aumento de violaciones a los Derechos Humanos de la población civil, y se han visto involucrados en ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, cateos ilegales entre otras desafortunadas intervenciones.
A pesar de haber sido denunciados en tiempo y forma ante las autoridades competentes, muchos de estos abusos, han quedado impunes, dentro de otras causas, debido a la falta de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, su innegable falta de transparencia y, por supuesto, a la resistencia de los tribunales militares en ceder su competencia a los tribunales civiles.
Sólo para que el lector tenga una idea del grave problema que hoy abordamos, los datos duros nos dicen que el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2019 se registraron dos mil 983 quejas por violaciones a los Derechos Humanos de los civiles y que fueron cometidos por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y mil 312 a la Secretaría de Marina (Semar). Por si esto no fuera grave, en el informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU-DH) del año 2020, se lograron documentar 29 casos de ejecuciones arbitrarias, 12 casos de tortura y 7 casos de desapariciones forzadas que se atribuyen a las fuerzas militares entre el 2010 y 2019.
Es menester reformar el marco legal para garantizar el respeto de los Derechos Humanos de todos los involucrados; por ejemplo: limitar el uso de la fuerza militar a casos de excepción cuando se demuestre una amenaza grave a la seguridad nacional; fortalecer la profesionalización de las instituciones civiles de seguridad pública y procuración de justicia para que asuman la responsabilidad que les corresponde de forma primaria en el combate al crimen organizado y al narcotráfico; armonizar el Derecho Penal Militar con estándares internacionales de Derechos Humanos y establecer mecanismos efectivos para prevenir, investigar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos por parte de los militares.
Pero esto ya es inaplazable.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
Correo: liceagb@yahoo.com.mx
