Al menos 16 personas, cuatro de ellas civiles, y 14 elementos operativos, entre militares y policías, han muerto durante los últimos dos años en México, víctimas de minas terrestres sembradas por narcotraficantes en los estados de Michoacán y Jalisco. Durante el mismo periodo resultaron lesionados más de 100 individuos y varias cabezas de ganado se perdieron producto de las explosiones de los artefactos, algunos de ellos tecnificados y otros de fabricación casera.
A este recuento realizado por ZETA se unen las agresiones entre grupos de la delincuencia organizada y en contra de las Fuerzas Armadas, con drones que arrojan explosivos, pero que, a decir de las propias autoridades castrenses, no han pasado a mayores de causar daños en fincas y vehículos. Aunque las agresiones han arrojado saldos mortales en las entidades señaladas, Guanajuato, Chiapas y Guerrero no escapan de estas prácticas narcoterroristas, lo que ha llevado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a plantear la adquisición de tecnología para “contrarrestar” los ataques con por parte del narcotráfico.
El 8 de marzo último, durante la conferencia de prensa matutina presidencial que se realizó en Morelia, Michoacán, el general Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Sedena, afirmó que es en ese estado donde se incrementaron los ataques con drones, así como el uso de artefactos explosivos improvisados.
“Es el mayor número aquí. También el uso de artefactos explosivos improvisados. También aquí, en el estado. Si mal no recuerdo, como 980 artefactos explosivos se han asegurado”, declaró el divisionario.
Basta con observar los acontecimientos de los dos años recientes para advertir que en Michoacán se tiene el registro de siete estallidos de minas terrestres en municipios como Apatzingán, Tepalcatepec y Tumbiscatío; mientras que en Jalisco se cuenta con dos sucesos explosivos, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Santa María del Oro, con el saldo mortal antes reseñado. En ambas entidades se vive una guerra a muerte entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos (Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepeque y Los Viagra).
Por su parte, el Gobierno del Estado de Michoacán también anunció cambios en la estrategia de sus cuerpos de seguridad para enfrentar a estos grupos del crimen organizado, presuntamente adiestrados por colombianos, salvadoreños y venezolanos en la fabricación y uso de minas explosivas. El 11 de marzo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, anunció la creación de un grupo policial especializado antibombas para atender los embates de las diversas facciones criminales con explosivos lanzados con drones y las minas antipersonales.
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Al mes de agosto de 2023, el general secretario Luis Crescencio Sandoval informó que, hasta esa fecha, en lo que iba de la actual administración, se habían asegurado dos mil 803 artefactos explosivos artesanales en 22 entidades, erróneamente conocidos como minas terrestres, los cuales no explotaron. A ese corte, “estos aparatos explosivos, los que han logrado explotar, han herido a 77 elementos: 24 militares, 10 elementos de la Guardia Nacional, 31 policías y 12 civiles”, dijo el titular de la Sedena.
LOS ATENTADOS
Las agresiones más notorias, en las que explosivos sembrados a baja profundidad o al ras de suelo han causado daños graves o pérdida de vidas en personal militar, policial o civiles, durante los años más recientes, iniciaron el 31 de enero de 2022 en Apatzingán, Michoacán, cuando una de las minas estalló al paso de un convoy de soldados sobre un camino de terracería. Uno de los agentes de la milicia resultó lesionado y el resto del personal aturdido por el fuerte estruendo. El 13 de febrero siguiente, en la misma municipalidad, un campesino y su hijo quedaron lesionados al explotar otro de los artefactos enterrados cuando circulaban a bordo de un automotor.
Cinco días más tarde, tres vacas que se alimentaban en la ranchería de La Alberca, municipio de Apatzingán, murieron al explotar otra de estas minas. El 19 de junio de 2023, cuatro elementos del Ejército Mexicano que transitaban sobre una brecha que conduce a Los Llanos, Apatzingán, resultaron heridos al explotar una mina antipersonal. Tres de las víctimas fueron trasladadas vía aérea al hospital militar de Irapuato, Guanajuato.
Las violentas agresiones en la región propiciaron en esas fechas el desplazamiento de aproximadamente 800 personas pertenecientes a seis comunidades, quienes buscaron refugio en la cabecera municipal y en la parroquia de la localidad de El Rosario.
Uno de los ataques más terribles ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, donde el 11 de julio de 2023 explotaron artefactos colocados a nivel de tierra a unas cuadras de la plaza principal rumbo al cerro, con un saldo fatal de seis personas muertas, tres de ellas elementos de la Fiscalía Estatal, dos policías municipales y un civil; además de 12 personas que sufrieron lesiones entre leves y graves, algunas de ellas también elementos de la corporación de seguridad local. Hubo cuatro detenidos durante el transcurso de las investigaciones, dos de los cuales han recuperado su libertad.
Durante 2024 han arreciado las agresiones explosivas. El 20 de enero ocurrió un evento de estos, en el que militares fueron emboscados en la comunidad de Zipoco, municipio de Santa María del Oro, Jalisco. Aunque un soldado murió durante la activación de un artefacto explosivo terrestre, el hecho se conoció en redes sociales hasta el 13 de febrero, cuando circuló un video en el que se observa que algunos vehículos circulan a paso lento y soldados caminan detrás de las unidades, hasta que de repente se produce una explosión a nivel de tierra lanzando por los aires a los militares. Autoridades reconocieron la autenticidad del material y tuvieron que informar del deceso del agente castrense.
El 21 de enero de este año regresaron los atentados a Apatzingán, Michoacán, muriendo un cabo durante la activación de un artefacto explosivo terrestre. El jueves 29 de febrero, autoridades de Michoacán reportaron la explosión de una mina en los límites de los municipios de Coalcomán y Tepalcatepec, que tuvo saldo de cuatro soldados muertos y nueve heridos. Presuntamente los militares verificaban la existencia de un campamento del narcotráfico cuando pisaron el artefacto. El 5 de marzo, tres campesinos que viajaban en una camioneta de redilas murieron en el municipio de Tumbiscatío a causa de otra mina explosiva.
Estos últimos sucesos llevaron a criminales a defenderse a través de lonas impresas con los llamados narcomensajes, en los que acusan de los referidos hechos a los grupos criminales de Los Caballeros Templarios y el Cártel de Tepeque, que encabezan los presuntos narcotraficantes Homero González “El Gallito”, y Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, quienes son apoyados para la fabricación, adiestramiento y uso de los explosivos por un colombiano de apodo “El Roca”, que encabeza a un grupo de sudamericanos tanto para capacitar a mexicanos como para sembrar minas en el estado de Michoacán.
Las autoridades reconocen la presencia de extranjeros en la guerra entre narcos y en contra de las fuerzas armadas.
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COLOMBIANOS
Autoridades que señalaron que entre los sujetos que enseñaron a los cárteles mexicanos el uso, fabricación e instalación de explosivos terrestres o los arrojados por drones, existen migrantes sudamericanos ilegales en el país, informaron el 8 de octubre de 2023 sobre la detención de ocho personas de nacionalidad colombiana que presuntamente integraban una célula criminal de Los Viagra, uno de los grupos delictivos que conforman la unión de Cárteles Unidos, que lucha en contra del avance del Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio michoacano. La detención ocurrió en el municipio de Buenavista Tomatlán, en Tierra Caliente.
Los detenidos fueron identificados como Héctor F., de 30 años; Onacio A., de 47; Mauricio R., de 42; Jon S., de 18; Richard M., de 49; Luis Antonio T., de 36; Iván Darío R., de 39, y Yiovanny O., de 47; originarios de ciudades y departamentos como Bucaramanga, Medellín, Villeta (Cundinamarca), Yopal (Casare), Gibraltar (Santander) y Bogotá. Señalados como presuntos miembros de una célula narcoterrorista y supuestamente relacionados con los explosivos arrojados por drones o minas antipersonales, fueron encontrados en posesión de 16 cargadores y mil 40 cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del ejército, así como de cuatro artefactos explosivos de fabricación casera.
Sin embargo, la versión se debilitó tras la propia puesta a disposición de los individuos ante el Ministerio Público de la federación, que sólo les pudo imputar los delitos de posesión de cargadores y posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo del Ejército; en el caso de Onacio, se le atribuyó la portación del arma de fuego, una escuadra 38 súper bañada en oro.
Ni siquiera fueron imputados por los supuestos explosivos caseros, pues, al parecer, pericialmente, no se estuvo ante artefactos que pudiesen tener esa calidad. Tampoco se les señaló de delincuencia organizada, ni en la carpeta de investigación se les menciona como miembros de grupo criminal alguno. Fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva justificada por ser extranjeros.
Elementos de la Guardia Nacional señalaron en su informe policial homologado que en la fecha de los hechos, realizaban un recorrido de vigilancia por la referida región cuando observaron a ocho sujetos frente a un domicilio formando un círculo y en medio de ellos estaba una maleta tirada. Al ir hacia ellos, huyeron, pero fueron alcanzados y detenidos. Al llevarlos a donde estaba el equipaje y abrirlo, los militares se percataron de que contenía cargadores y cartuchos para armas de fuego de diversos calibres y las cuatro bombas artesanales de metal. Onacio portaba el arma corta fajada a la cintura.
Durante sus entrevistas, los sudamericanos negaron los hechos y dijeron que fueron detenidos al interior de una casa de descanso, donde se encontraban alojados. Los ocho sujetos aseguraron no conocerse, y mientras que unos de ellos aseguraban ir de paso hacia los Estados Unidos, otros señalaron haber llegado a Michoacán para trabajar en la cosecha de limón, cada quien por su cuenta y en distintas fechas. Coincidieron en que en el pueblo les recomendaron hospedarse en una posada donde había puras personas de su misma nacionalidad.
El Ministerio Público hizo notar al juez que sus declaraciones son inverosímiles y que no era coincidencia en que siete de los ocho admitieran conocer de armas de fuego por haber sido militares o prestado el servicio militar obligatorio en su país.
TLATOPEC, GUERRERO
Cansados de la violencia y la falta de garantías a su seguridad y derecho a la vida, habitantes de las comunidades Nuevo Poblado el Caracol, Acatlán y Tetela del Río, del municipio de Heliodoro Castillo, en el estado de Guerrero, presentaron una demanda de amparo en contra de diversas autoridades ante los ataques de drones con explosivos y minas terrestres por parte de los grupos criminales que operan en esa región ribereña, como Los Tlacos y sus contras de La Familia Michoacana.
Luego de que en el Juzgado Séptimo de Distrito en la entidad guerrerense se les negara la suspensión del acto reclamado, y tras una queja, magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, declararon fundado el reclamo al decretar de oficio y conceder de plano la suspensión de los actos reclamados para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, así como la Gobernadora del Estado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y por último, el Ayuntamiento del Municipio de Heliodoro Castillo, atiendan el grave problema de inseguridad.
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La suspensión otorgada es para que se dicten “en caso de que no las hubieren dictado, lleven a cabo las medidas que resulten conducentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, para garantizar la vida y seguridad de los quejosos ante la situación que detallan en la demanda de amparo, y en consecuencia, el ejercicio pleno de los demás derechos que estimen violados”.
Los quejosos, 16 pobladores de las comunidades referidas, cercanas a Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo (sede del Cártel de Los Tlacos), reclamaron en su demanda “La omisión en la garantía de los derechos de protección, seguridad, bienestar físico y mental, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, dignidad humana, libre desarrollo de personalidad, libertad de tránsito, seguridad jurídica, derecho de reunión, libre autonomía, educación, salud, acceso al deporte, alimentación sana, y seguridad pública” (sic).
Además pidieron la protección de la población “frente a un estado de cosas inconstitucional, es decir, cuando exista una evidente violación masiva y reiterada de derechos que se dejan de garantizar, frente acontecimientos que pueden suscitarse en un estado, como son los ataques, bombardeos y balaceras, con drones, así como atentados que culminaron en asesinatos, dirigidos a la población de la región rivereña (sic) del Nuevo Poblado el Caracol, Acatlán y Tetela del Río del municipio de Heliodoro Castillo, en el Estado de Guerrero”.
El incidente que concede la suspensión de plano de los actos reclamados fue notificado al juzgado federal de origen, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, donde se continuará con los trámites del juicio de amparo y donde se resolverá si se concede o se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados, derivados del temor de los pobladores a perder la vida por el uso de los artefactos explosivos en sus diversas modalidades y demás muestras de violencia que se registra en esa región de Guerrero y del país.
