Sin reglas de operación, ni una definición sobre las dependencias que se encargarán de brindar el apoyo social, el Poder Ejecutivo arrancará el nuevo programa en beneficio de víctimas indirectas de feminicidio, como lo son niñas, niños y adolescentes del Estado; un esquema considerado como “positivo, pero insuficiente” para especialistas que analizaron el proyecto emitido por el Poder Legislativo.
La reforma a la Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California, pretende dotar de un apoyo económico aún no definido por la Secretaría de Hacienda, para beneficiar a quienes dependían directamente de la mujer víctima, y donde, en la mayoría de los casos, el agresor es precisamente la pareja sentimental, por lo que es recurrente que los menores queden en el desamparo.
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El proyecto aprobado en el dictamen 323 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, fue presentado por la diputada Michel Sánchez Allende, quien desde el año pasado trabajó en un proyecto que se concretó el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, momento en el que fue aprobado por la mayoría del Parlamento local.
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Para la abogada Miriam Ayón Castro, el planteamiento aprobado por el Poder Legislativo es positivo, pero resulta insuficiente por diversos esquemas: entre ellos, la falta de implementación del protocolo de investigación de perspectiva de género por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que es el ente encargado de la investigación de estos crímenes; pero también porque no se incluye a féminas víctimas de desaparición forzada, cuyos hijos también sufren el desamparo. También refirió que debía considerarse la inclusión de familiares dependientes directamente de la mujer asesinada.
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Cabe señalar que de 2015 a la fecha, son más de dos mil 200 mujeres asesinadas en Baja California, teniendo a Tijuana como el municipio con más casos; de ellos, sólo 188 fueron considerados como feminicidios por parte de la FGE, lo que significa que menos del 10 por ciento de los casos se tipifican de esta manera.
LA INICIATIVA
El pasado miércoles 6 de marzo, dos días antes del conocido 8M, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó una serie de resultados y medidas a implementarse, en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde -como una de las acciones más importantes- resaltó la construcción del Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM) de Tijuana, que brinda apoyo a toda la zona metropolitana; la construcción del mismo centro para San Quintín; y el anuncio de que en 2025 se estarían trabajando para erigir otro CEJUM en Mexicali.
Sin embargo, también anunció que dentro de dos días, la diputada Michel Sánchez Allende presentaría una iniciativa de reforma al artículo 5 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Baja California, con el que se reconocería a las infancias cuyas madres fueron víctimas de feminicidio, como personas que obligadamente deben ser beneficiadas con los apoyos sociales del Estado.
La mandataria refirió que para el primer año se apartó un recurso de 10 millones de pesos para las víctimas que encuadren en este supuesto, con el planteamiento que en próximos años pueda incrementar este apoyo.
Sin embargo, el planteamiento promovido por el Congreso del Estado y avalado por la mandataria estatal, carece totalmente de lineamientos, reglas de operación, y a la fecha ni siquiera se sabe qué entidad pública se encargará de operar uno de los más importantes avances en la materia.
La reforma al artículo 5 establece que se brindará apoyo social a “Víctimas de la comisión de cualquier delito, con especial atención a víctimas de violencia familiar y a las hijas e hijos menores de edad de las víctimas de feminicidio”, y agrega que “tratándose de las hijas e hijos menores de edad de las víctimas de feminicidio a que se refiere la fracción X de este artículo, tendrán derecho a recibir un apoyo económico mensual hasta que cumplan la mayoría de edad, el cual se entregará en los términos y condiciones que determine la Secretaría”.
Sin embargo, aunque se presume que la dependencia que se encargará de atender este lineamiento podría ser la Secretaría del Bienestar, la realidad es que aún no se define; por lo que dentro de los 180 días siguientes al día de la publicación, se tendrán que definir lineamientos y adecuaciones normativas para que se pueda iniciar con el proyecto.
Si bien se le concedió la viabilidad financiera al proyecto, aún se desconoce específicamente el lineamiento con el que se brindará el apoyo económico a los menores; pero tampoco se sabe cuánto representaría el apoyo mensual al que hoy tendrán el derecho de alcanzar, mismo que podría ser otorgado por la Secretaría del Bienestar, o bien, a través de Atención a Víctimas, del Estado.
FGE, PRINCIPAL FACTOR DE ÉXITO DE LA INICIATIVA: MIRIAM AYÓN
La abogada e integrante de la Red de Mujeres de Baja California, Miriam Ayón Castro, reitera que la propuesta emitida por la legisladora morenista es positiva, pero insuficiente ante una realidad de violencia feminicida y en medio de una alerta de género, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) juega uno de los papeles más importantes para determinar el éxito de la iniciativa.
Y es que, a su juicio, uno de los principales problemas es que menos del 20 por ciento de los asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidios. Esto, pese a que la autoridad investigadora está obligada a investigar todos los decesos, incluso los posibles suicidios, con un protocolo de feminicidio.
Ante esta realidad, conceptualmente sería un grupo muy reducido de niñas, niños y adolescentes, quienes podrían recibir este beneficio económico que -en teoría- debería cubrir todas sus necesidades básicas, que van desde alimentación, educación, vestimenta, entre otros elementos.
“(La iniciativa) es un complemento y seguimiento a otro tipo de iniciativas que forma parte de otro tema de feminicidio, además de la pena de privación de la libertad y la de los derechos del agresor a los menores, los hijos de la víctima del feminicidio y, en muchos de los casos, los mismos hijos de los agresores sentenciados o en privación de la libertad y llevando un proceso vinculados a proceso”, refirió la abogada, quien recordó que el año pasado hicieron un análisis de sentencias realizadas por el Poder Judicial en torno a casos de feminicidios y confirmaron que, principalmente, la FGE carece en sus elementos de la capacitación necesaria para atender la perspectiva de género en estos casos.
“¿Qué pasa con esos huérfanos de homicidios dolosos que no son catalogadas ni investigadas en temas de feminicidios? Por eso creo que es importante exhortar a la FGE para que se investiguen todas las muertes bajo el protocolo de feminicidio para determinar de feminicidio”, recalcó.
Comentó que en los casos de feminicidios analizados por la Red de Mujeres, el principal agresor es la pareja sentimental, por lo que los menores quedan en el desamparo tanto de madre como del padre, quien purgará una pena en prisión (en los casos donde se logra capturar al sujeto). Ante ello, son los padres de la víctima quienes asumen el rol de tutores, y son ellos quienes recibirían el apoyo directo para los infantes y adolescentes.
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Otra de las carencias de la misma FGE es que en ninguno de los feminicidios analizados se consideró la orfandad por feminicidio, lo que consideró otro reto para el órgano autónomo, quien jugará un rol importante para definir la política pública que se construirá con la reforma legislativa.
“Cuando hay mujeres desaparecidas, estos niños deberían tener esta protección del Estado y la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Menor y el DIF, para que se revisen; y con base a ello, considero que debe revisarse para este tipo de programas incluidos en la Ley. Y hoy en día se encuentran en el limbo, en una laguna, no sólo la víctima de desaparición, sino las familias, que además de encontrarse separada de sus padres, de su madre, de no contar con el sustento económico, debemos analizar el contexto de riesgo y las razones por las cuales esta mujer está desaparecida”, refirió la ex diputada, quien reconoció el trabajo realizado por el Congreso del Estado y los avances recientes en la agenda de género.
Al respecto, la diputada Michel Sánchez Allende comentó que el planteamiento sólo contempla víctimas de feminicidio en este momento, pero ya tienen un trabajo legislativo para cubrir -precisamente- a hijos e hijas de madres desaparecidas. Sin embargo, aún esperan respuesta de viabilidad financiera por parte de la Secretaría de Hacienda.
“Hay una sentencia emblemática en Tijuana, donde la sentencia se define dejar en decretar la libertad, y el argumento que da la jueza en este caso fue que actos atribuibles a los fiscales que no entregaron la carpeta correctamente o no presentaron testigos, hubo cambio de fiscales, hubo dilatación del proceso de la FGE y al final la jueza determina que no hubo elementos presentados por la FGE; que aunque se presume que estamos ante un feminicida, la falta de elementos impide una sentencia condenatoria”, refirió la especialista, quien aseguró que de las 51 sentencias analizadas en casos de feminicidio, un total de 45 concluyeron mediante un juicio abreviado; y con ello, reduce sustancialmente la pena que podría alcanzar, pero también impide analizar si las sentencias propias de los juzgadores concluyeron con perspectiva de género.
En el caso particular que refiere, la jueza determinó reparación del daño y no repetición de los ministerios públicos enviándolos a capacitación, además de una multa en contra de los mismos, por las omisiones cometidas durante el juicio.
ZETA solicitó una entrevista con la Secretaría de Hacienda sobre el tema, pero al cierre de la edición ésta no fue proporcionada.
