Frank Ortiz, representante de la asociación Abogados Animalistas de Baja California, dio a conocer que están buscando un amparo para evitar que se siga lucrando con los burros en la avenida Revolución.
En entrevista con ZETA, el activista mencionó que después del rescate de cinco burras que eran maltratadas y que ahora se encuentran en un santuario, se dieron a la tarea de abolir esta práctica.
Actualmente sólo hay tres personas que se dedican a la renta del burro-cebra para que turistas se tomen fotografías en la avenida Revolución.
“Nosotros hemos estado trabajando en la denuncia que se hizo hace unos meses, en donde se cateó un domicilio y se rescataron a cinco burritas, que actualmente viven en espacios de libertad… hemos estado presentando denuncias ante la misma Sindicatura Municipal por este maltrato que quieren hacer pasar por actividad económica”, dijo.
Agregó que el Ayuntamiento de Tijuana le ha brindado protección jurídica a los “burreros”, al nombrar a la actividad como patrimonio cultural de la ciudad en 2018.
Señaló que a la par de la búsqueda de la voluntad política, también se avalarán en la Ley Federal.
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“Creemos que Tijuana va a dejar de ser un referente de la violencia en contra de los animales, de manera sistemática y ejecutada por parte de la autoridad municipal, con este proteccionismo absurdo a una actividad económica, que no está jurídicamente instaurada en un reglamento, ni amparada por un derecho adquirido”, precisó.
Ortiz hizo un llamado a la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, para que deje de proteger el maltrato animal, ya que no existen los permisos para la explotación de los burros en esta práctica, pues los permisos que se expiden es para toma de fotografías.
“El maltrato animal no es cultura, no es arte y no es un derecho, a pesar de muchas voces, el exhibir a los animales en estos conceptos denigra, ensombrece y entristece la imagen de Tijuana”, puntualizó.
Como parte del trabajo, detalló que se tiene que establecer si se han expedido servicios que justifiquen dicha explotación, ya que si los tienen, entonces no cuentan con el personal capacitado, como médicos veterinarios, para dar la atención; y si no la tienen, entonces incurren en una ilegalidad.
“Nos encontramos haciendo un procedimiento federal, acudimos a la justicia Federal para la suspensión de esta actividad, porque no encuentra refugio jurídico en los reglamentos”, aseveró.
Ortiz advirtió que en los próximos días se meterá la solicitud de amparo, a nivel federal, pues no existe la suficiente información que avale la continuación de dicha actividad.
