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martes, febrero 20, 2024
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Reglas actuales ya fueron “puestas a prueba”; INE fija postura ante iniciativa de reforma electoral de AMLO

Con el antecedente de los decretos invalidados en 2023 conocidos como plan B electoral, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se propuso de nueva cuenta hacer modificaciones en la materia y, en el paquete de reformas que envió al Congreso de la Unión el 5 de febrero, incluyó un proyecto encaminado a reformar 18 artículos de la Constitución Mexicana.

Con ello, AMLO retomó su planteamiento inicial de ir a fondo en la reestructuración del sistema electoral mexicano y no sólo mediante la modificación de leyes secundarias.


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Pese a que Morena y fuerzas aliadas no reúnen la mayoría calificada requerida para aprobar las reformas de carácter constitucional, López Obrador propuso la eliminación del Instituto Nacional Electoral -al igual que en 2022-, en un afán de sustituirlo con un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, tal cual expuso la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, un día después de ser enviado el paquete de reformas.

“El INEC sustituye al INE y absorbe las funciones de los llamados OPLE u organismos locales”, refirió la funcionaria.

La pretendida reforma vendría a desplazar las modificaciones aprobadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en parte consistentes en que el órgano electoral y los organismos electorales locales organicen de manera coordinada las votaciones.


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El INEC “organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República a nivel nacional, estatal y municipal”, establece la iniciativa del Presidente.

El planteamiento da cuenta de que, en razón de los órganos centrales, las direcciones ejecutivas, las unidades técnicas y los órganos delegacionales del INE, este constituye “un organismo autónomo grande, burocrático y marcadamente ineficiente para cumplir su principal labor: garantizar elecciones libres, auténticas y democráticas”.

De ahí que López Obrador haya propuesto la conformación de “órganos temporales y auxiliares en especial en los períodos electorales, que concentren las funciones que (desde la óptica presidencial) han sido fragmentadas en innumerables unidades administrativas”.

La iniciativa también se perfila para que el INEC “lleve a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y las leyes”. Dinámicas de esa índole ya estuvieron a cargo del INE, como en los casos de la consulta para llevar a juicio a ex presidentes y el ejercicio de revocación de mandato, emprendidos durante la actual administración.

Si bien el Consejo General y la estructura ejecutiva del INE se dijeron respetuosos de la facultad del presidente de presentar iniciativas en materia electoral, aseguraron que las reglas con las que se están organizando los procesos electorales federal y locales con motivo de las elecciones del 2 de junio, ya fueron “puestas a prueba” en distintos comicios.

“Desde el INE enviamos un mensaje a la ciudadanía: las próximas elecciones contarán con altos estándares de calidad organizativa, transparencia y certeza en sus resultados”, consignaron los integrantes del Consejo presidido por Guadalupe Taddei Zavala y el personal ejecutivo, en cuyo caso Claudia Suárez Ojeda funge como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva.

No negaron que la legislación con la que se seguirán desarrollando los procesos electorales en curso, presente “áreas de oportunidad”, de ahí que se pronunciaran por abrir un debate público una vez que concluyan, en el ánimo de fortalecer el proceso legislativo a partir de un análisis sustentado en “insumos recientes y diagnósticos precisos”.

La iniciativa de López Obrador igualmente consiste en elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades administrativas y jurisdiccionales en ámbito electoral; desaparecer las 200 diputaciones plurinominales del Congreso de la Unión; reducir de 128 a 64 las senadurías; reajustar el número de diputados locales y regidores; recortar a la mitad el financiamiento ordinario a partidos políticos; disminuir a 30% el carácter vinculatorio de la consulta popular, entre otras medidas.

Autor(a)

Eduardo Andrade Uribe
Eduardo Andrade Uribe
Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; con certificado de terminación de la maestría en Cultura Escrita otorgado por el Centro de Estudios Sor Juana. Activo en semanario ZETA dese 2005.
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