Los dos congresos mayoritariamente morenistas han destacado por “apabullar” y “aplastar” por completo cualquier voz discordante por aprobar con fe ciega todos los designios del gobernante en turno
Había un viejo adagio en la política tradicional que decía: “El gobernador propone y el Congreso dispone”, como una paráfrasis de “El hombre propone, Dios dispone”. Pero en política, esta frase tiene ya varios años que perdió su filo, sobre todo cuando los actuales gobernantes morenistas se han vuelto aplastantes, absolutos y sus designios se vuelven ley -literalmente- con sólo proponerlo.
Desde el arribo del morenismo a Baja California en 2019 y con un gobernador como Jaime Bonilla Valdez, quien ejerce el poder a la vieja política maquiavélica, donde mide la fidelidad en la medida que se cumplan sus deseos sin importar las leyes que se tengan que violar, se perdió la representación absoluta de la sociedad en el Poder Legislativo.
Los diputados morenistas son como caballos de calandria que se dejan llevar por las riendas del jinete, pues en este caso, sólo ven y escuchan lo que proviene desde el Poder Ejecutivo.
Y vaya que es complicado decirlo, tomando en cuenta que ha habido legislaturas tan vergonzosas como la XXIII, conocida como la del pago por evento, pues se decía que para convocar a una sesión, el Legislativo tenía que preparar la cartera; también fue la de la Ley Bonilla. O bien, la Legislatura XX, conocida como el Congreso del Diablo, entre otras, donde cada una de ellas se caracterizó por cometer actos lamentables, penosos, corruptos y demás. O la Legislatura de la “noche de las patadas” en 2004 junto a aquellos eternos conflictos políticos entre Fernando Castro Trenti y el entonces gobernador Eugenio Elorduy Walther.
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En ese tiempo ya se hablaba de corrupción, traiciones y movimientos políticos turbios, pero al menos había algún nivel de contrapeso o dificultades para que el gobernante en turno pudiera ejercer su poder.
Y es que a final de cuentas, el Poder Legislativo es para representar el interés popular, pero también para fiscalizar las cuentas públicas y equilibrar el poder del gobernante.
Los diputados Juan Manuel Molina y Rocío Adame solían ser los poderosos del Congreso y sólo encontraban contrapeso en ellos mismos, pero ambos se subordinan a las determinaciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, desde cuestionables nombramientos como el fiscal Anticorrupción, Javier Salas, hasta proyectos como el de Seguritech Privada, que esta administración erogará 2 mil millones de pesos con la venia de los diputados de mayoría morenista.
O los proyectos plurianuales emprendidos por el Poder Ejecutivo que representan un endeudamiento disfrazado, pero varios de los diputados ni siquiera supieron que lo votaron en los Presupuestos de Egresos.
Así, con Marina del Pilar se hizo como con Jaime Bonilla, donde no hubo contrapesos para crear impuestos absurdos como el de los combustibles; reformas ilegales que se cayeron, como recientemente ocurrió con una parte de la Ley de Movilidad que tuvo que ser removida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la reforma del Consejo de la Judicatura del Estado; cobros irregulares en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, entre otros inventos utilizados exclusivamente para recaudar durante su bienio.
El Poder Legislativo de mayoría casi absoluta morenista se ha vuelto una Oficialía de Partes para el Gobierno del Estado, donde no se busca cuestionar o equilibrar, sino rendir pleitesía al mandatario en turno.
Así, bajo la falsa premisa de que “escuchan al pueblo” o que saben lo que el pueblo necesita, se envalentonan para cumplir cualquier tipo de abuso que les pase por encima. El peor enemigo de Morena no es el PAN o los empresarios; es más, no es ni siquiera su mismo partido. El peor enemigo de los gobiernos morenistas ha sido su propia soberbia para cometer todos los excesos posibles, pensando que no existe una mayor consecuencia que la opinión velada de algún representante empresarial o social, cuyo discurso no alcanza a permear en la sociedad.
