Un grupo de extrabajadores y trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) estalló en una manifestación por supuestos actos de violencia laboral cometidos por la titular del organismo autónomo, Charlene Ramos Hernández, desembocando en la toma de instalaciones para exigir su destitución.
Aseguraron que, desde mayo de 2023, cuando fue designada por la XVI Legislatura del Congreso del Estado como la nueva ombudsperson de Baja California Sur, hasta la fecha, han sufrido trato cruel y degradante, amenazas, intimidación, violencia de género, acoso laboral constante y abuso de poder.
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Por ello, colocaron una cadena y un candado a las puertas de la Comisión y advirtieron que no darán marcha atrás al paro laboral hasta que los diputados del Congreso del Estado intervengan con un juicio político en contra de Ramos Hernández.
“Hay compañeros, en un periodo de siete meses, que tiene la presidenta, que han sido despedidos injustificadamente y otros obligados a renunciar. Ya hay demandas laborales”, denunció.
Mario Carrasco, visitador de la CEDHBCS, expuso que en un periodo de siete meses alrededor de 10 personas han sido despedidas injustificadamente y otros han sido obligados a renunciar, por lo que ahora pesan nuevas demandas laborales en contra de la institución.
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Alma Guluarte Gutiérrez, quien hasta el 3 de enero era la titular del Órgano Interno de Investigación, comentó que viven condiciones hostiles en sus puestos de trabajo.
“Además de los malos tratos, la maestra nos puso cámaras de video grabándonos al interior, haciendo nuestras funciones; creo que está permitido nada más en áreas comunes. Es por eso que decidimos hacer este paro laboral, porque tenemos miedo, estamos intimidados de que ella nos pueda fincar una responsabilidad”, sostuvo.
Por su parte, Abraham Manríquez, administrador de la CEDHBCS, dijo que el personal se siente muy oprimido porque no hay permisos para ausentarse, a pesar de las necesidades que pueden surgir en el hogar.
En caso de salir, deben reponer el tiempo. Incluso, denunció que fueron obligados a trabajar un día después del impacto del huracán “Norma”, a pesar de que había derrame de aguas negras en la zona y que había instrucciones de la Secretaría de Salud para suspender actividades en el área.
También hablaron del caso de una trabajadora que fue despedida el 28 de diciembre con el argumento de que no se incrementó el presupuesto, sin ninguna liquidación, según denuncian los inconformes.
En esta situación en particular, hicieron hincapié en que hay una queja ante el órgano interno de la CEDHBCS por la no comprobación de 500 mil pesos durante los primeros meses de gestión de Charlene Ramos.
Enfatizaron que si el recurso tuviera un buen uso, no sería necesario depender de incrementos presupuestales para mantener a las personas en sus cargos.
“Nosotros queremos que se nos haga justicia, queremos trabajar tranquilamente. Estamos en una institución muy noble, como lo es Derechos Humanos. Ya fueron 10 compañeros en un periodo de siete meses, que se fueron; se tuvieron que ir por salud mental”, mencionaron todos.
A esta manifestación se unieron dos consejeros de la Comisión; uno de ellos, Alejandro Maldonado, declaró que no se trata de la cantidad de personas afectadas sino de los actos cometidos.
Reiteró que la protesta no será momentánea y que levantarán el paro únicamente si el Congreso destituye a la presidenta.
Acusó que Charlene Ramos llamó a la fuerza pública durante las primeras 24 horas de la protesta, sin embargo, sólo hicieron acto de presencia ya que, al tratarse de un tema laboral, los elementos de Seguridad Pública únicamente se quedan para verificar que no escalen las manifestaciones.
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS NO PUEDE SER REHÉN: CHARLENE RAMOS
En respuesta ante la toma de instalaciones, Charlen Ramos se apersonó en las oficinas para dar su versión de los hechos. Negó que haya incurrido en actos de violencia laboral, hostigamiento o amenazas de algún tipo.
Recalcó que no se trata de un paro laboral o procedimiento legal, ya que es un grupo de cinco extrabajadores y trabajadores en activo el que bloqueó el acceso.
Sostiene que el personal de la Comisión se encontraba presente en las instalaciones, listo y dispuesto para trabajar.
Es por ello que, aseveró que la CEDHBCS, así como la ciudadanía, no pueden ser rehenes de las pretensiones de algunas personas.
“No es un paro laboral, no es un procedimiento legal; como ustedes pueden ver, aquí está el personal de trabajo que no está siendo respaldado ni representado por estos exempleados de la Comisión, una que otra persona que aún trabajan en la Comisión”, reiteró.
La presidenta señaló que dos de los manifestantes fueron destituidos por abandono de sus puestos de trabajo, mientras que el contrato de otro de los inconformes se terminó, y al no tener un incremento presupuestal para 2024, no hubo renovación.
“El resto del personal está aquí, laborando, trabajando, y por supuesto va a ser afectado por esta situación que, lamentablemente, sabemos es ilegal y va a tener sus consecuencias correspondientes”, afirmó.
Cabe recordar que el Congreso del Estado aprobó por mayoría el Presupuesto de Egresos del gobernador, Víctor Castro Cosío, que contempla alrededor de 12 millones de pesos para la CEDHBCS en 2024, sin ningún incremento.
En este contexto, Ramos Hernández recalcó que la toma de instalaciones es un delito, ya que no hay fundamento para este ejercicio de protesta que detiene el funcionamiento de una instancia que sirve a la ciudadanía.
En un supuesto de que hubiese alguna inconformidad por parte de los manifestantes, desde la perspectiva de Charlene Ramos, “el artículo 17 de la Constitución marca que nadie puede hacerse justicia por propia mano; las personas inconformes tienen un derecho que reclamar, pero deben seguir los procedimientos legales y demostrar con evidencias sus dichos ante las instancias correspondientes”, declaró.
Por otra parte, respondió que la queja en el órgano interno que pesa en su contra, por la no comprobación de 500 mil pesos, es una calumnia y que todo estará demostrado en su momento.
“La persona que hizo esa manifestación de hecho se encontraba anteriormente denunciada ante el órgano interno, que debe hacer las investigaciones correspondientes en tiempo y forma. Es esa persona la que está siendo investigada, no sólo por cuestiones financieras sino por violencia de género”, finalizó.
INTERPONEN DENUNCIA POR BLOQUEO EN LA COMISIÓN
Antes del cierre de esta edición, las puertas de la Comisión continuaban cerradas. Las banderas de color rojo y negro seguían colgadas en las paredes de la institución, como advertencia de que el movimiento no se detendrá hasta que el Congreso intervenga.
Es así como Charlene Ramos informó a la ciudadanía, que acudió ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur para interponer dos denuncias por la toma de instalaciones en el organismo autónomo.
Según expuso la presidenta, una de las denuncias se interpuso por el delito de amenaza en grado de consumado y la otra por despojo con agravantes sobre instalaciones de una institución pública.
Reiteró el compromiso de la instancia con la ciudadanía para que todos los procedimientos se hagan con apego irrestricto a los derechos fundamentales de todas las personas.
Sin embargo, anticipó que eso también implica que se realicen las investigaciones y sanciones a las personas que cometan actos ilegales que afecten al resto del personal de Derechos Humanos.
NO TENEMOS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN: CONGRESO
La diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura, Eufrocina López, se pronunció ante la problemática que hoy tiene paralizada la CEDHBCS.
Confirmó que, hasta el momento, el Congreso del Estado no ha recibido ninguna notificación o solicitud para intervenir en el conflicto interno del organismo autónomo, esto a pesar de que los manifestantes han solicitado un juicio político en contra de Charlene Ramos.
Eufrocina López se mostró a favor de que las personas inconformes se acoten a las instancias pertinentes, ya que se trata de un tema de índole laboral, y que sea ahí donde delibere.
No obstante, mencionó que si piden su intervención, escuchará con imparcialidad a todas las partes involucradas.
“Mientras no podemos intervenir, porque es un órgano autónomo; daremos su espacio para que lleguen a un acuerdo, a lo mejor no hay ni necesidad de intervenir”, comentó.
La diputada de Morena hizo hincapié en que un juicio político no es sencillo ya que, primero que nada, tiene que haber sustento y argumentos fundamentales para pedir la remoción de un o una titular de una instancia, como la Comisión de Derechos Humanos.
“Si no, es como difamación a una persona y tampoco es válido. Es muy delicado el tema, pero por ello no es tan conveniente entrarle porque apenas estamos regresando a la Diputación Permanente no podemos porque estamos en receso”, aseguró.
Para ello, deben presentar denuncias ante las instancias judiciales correspondientes, y si un juez lo determina, solicitaría al Congreso del Estado el juicio político en contra de Charlene Ramos.
“Si un juez lo turna al Congreso, ahí si intervenimos. Antes no, porque respetamos la autonomía”, añadió.
La Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, así como la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) se reunirían en un escenario en el que un juez les orden revisar la situación.
