El 22 de diciembre de 2023, la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y aliados a la Presidencia de la República realizaron una visita a Baja California Sur para llevar a cabo un encuentro con ciudadanos en La Paz y Los Cabos, evento que trascendió no por los actos de proselitismo, sino por la participación de funcionarios públicos que hoy están denunciados ante órganos electorales por intervenir en día hábil y horario laboral.
Por estos hechos, el Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, la alcaldesa de Comondú, Iliana Talamantes Higuera, y la senadora de Morena, Lucía Trasviña, por violaciones al artículo 134 de la Constitución Política de México.
Entre las pruebas que documentó el partido de oposición, destaca una “selfie” que fue publicada en redes sociales, en donde se observan a Claudia Sheinbaum con los alcaldes, la senadora y el gobernador, momentos después de su arribo a Baja California Sur en la mañana de ese 22 de diciembre.
Además, el Acción Nacional señala que cuentan con otras evidencias, como transmisiones en vivo que se hicieron desde páginas de Facebook de la alcaldesa de La Paz a las 11:06 a.m. de ese día.
En el recurso interpuesto ante el INE, señalan que las conductas denunciadas transgreden diversos principios constitucionales, con la agravante de que se han repetido sistemáticamente.
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Señalan que hay una transgresión directa al principio de neutralidad, argumentando que los ciudadanos por principio cuentan con libertad de expresión prácticamente irrestricta, mientras que los servidores públicos no.
Los artículos 35, 39, 40 y 41 de la Constitución establecen que los funcionarios del nivel que sea tienen en todo el tiempo la prohibición de utilizar recursos públicos que están bajo su responsabilidad, para influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos, candidatos y precandidatos.
ES UNA BURLA PARA LA CIUDADANÍA: JAVIER BUSTOS
En entrevista para ZETA, el secretario del PAN, Javier Bustos Alvarado, calificó estos actos como una burla a la ciudadanía.
“Efectivamente desde el año pasado, con motivo del 22 de diciembre, con motivo de lo que a nuestro juicio es a todas luces es un delito electoral; porque vimos la participación en redes sociales en transmisiones en vivo de la alcaldesa, Milena Quiroga, en un evento de corte político de la candidata por Morena y aliados a la Presidencia de la República en hora y en día hábil”, reiteró.
Advirtió que en su caso acudirán también ante la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia por delitos electorales cometidos por servidores públicos.
“Eso es muy evidente, todos los sudcalifornianos los sabemos; es difícil que un gobernador se despoje de su investidura para que esté participando en eventos políticos, sobre todo cuando tenemos tanta problemática en nuestro estado”, compartió.
Adelantó que solicitaron algunas medidas cautelares ante el INE, como el que estos servidores se abstengan de realizar proselitismo político en horario laboral, pero las autoridades les negaron por ahora debido a algunos señalamientos y recursos que los funcionarios interpusieron.
“Siendo autoridad, ellos son los primeros que deben poner el ejemplo, recordarles que gobiernan para todos los ciudadanos; y, bueno, ese mal ejemplo que están poniendo de hacer campaña política en día y horario laboral no se vale. Es una burla para la ciudadanía. Y aquí estará el Partido Acción Nacional para levantar la voz por todos los ciudadanos y pedir que las autoridades correspondientes se pronuncien al respecto”, señaló.
El asunto se está sustanciando de fondo; todavía el 23 de enero tuvieron una cita para que la parte quejosa presente pruebas y alegatos.
ANTECEDENTES
En 2022 y 2023, la oposición presentó otras denuncias en contra de funcionarios municipales de La Paz y Comondú por participar en actos de proselitismo en horario laboral a favor de la entonces “corcholata” Claudia Sheinbaum.
Entre los señalados estuvieron la tercera regidora del Ayuntamiento de Los Cabos, Lucía Sánchez; la directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos, Irene Román; el entonces secretario general del Ayuntamiento de Comondú, Humberto Arce; y el síndico del Ayuntamiento de La Paz, Rogelio Martínez.
Sin embargo, este caso fue desechado por el INE debido a que en los alegatos los servidores argumentaron que contaban con licencia para ausentarse de sus cargos.
“Eso no quiere decir que si en una ocasión la autoridad responsable se pronunció de esa manera nosotros ya bajemos los brazos; al contrario, hacemos un llamado a la ciudadanía para que se manifieste y haga señalamientos con respecto a actitudes o actividades de funcionarios en el ejercicio de sus funciones, participando en eventos políticos en días y horarios hábiles”, objetó Bustos.
“Nosotros vamos a seguir con nuestra lucha, independientemente de los resultados que tengamos”, agregó.
Aunque respetan la determinación del órgano electoral, existe un ambiente de incertidumbre ante lo que consideran violaciones reiterativas que están evidenciadas.
En este contexto, el secretario del PAN evitó hacer señalamientos sobre desconfianza en instituciones que deben garantizar la legalidad y neutralidad del proceso electoral.
“Sabemos que de manera nacional el actual Presidente de la República, está interfiriendo, está metiendo la mano, tanto en la Suprema Corte de la Nación como en el INE, que son órganos garantes de que se haga con justicia y equidad nuestro proceso democrático”, acusó.
“No quisiera pronunciarme antes de que resuelvan en particular este tema; hasta ahorita te puedo decir que aún confiamos en las instituciones. Aún tenemos confianza y vamos a esperar el resultado para la ruta jurídica que seguirá”, añadió.
INE ADMITE LA QUEJA; PASARÁ A LA SALA GUADALAJARA
El vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE, Juan Pablo Figueroa García, confirmó a ZETA que la instancia ha admitido la queja interpuesta por el PAN y que ahora arman el expediente que corresponde para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva lo conducente.
Precisó que desde el 27 de diciembre integran la carpeta por un procedimiento especial sancionador en contra del gobernador, los tres alcaldes y la senadora que son señalados por el partido de oposición.
Admitida la queja, se mandará el expediente a la Sala Guadalajara; para ello, primero hacen un análisis, verifican la información. Posteriormente, las autoridades del TEPJF elaboran un proyecto de resolución.
“Le corresponde al INE hacer diligencia de investigación; pidieron informe a los denunciados y órdenes a los ayuntamientos y Gobierno del Estado. Ya una vez que teníamos estos elementos, lo que procedió es que se admitió la queja”, reiteró.
Con respecto al hecho de que en sesión el Consejo Local del INE determinó marcar como improcedentes las medidas cautelares solicitadas, explicó que el PAN en la queja solicitó que el gobernador y alcaldes contraten difusión para eventos en un futuro.
Esto contrasta con las declaraciones de Javier Bustos, en las que aseguró que pidieron como medida cautelar que los imputados se abstuvieran de realizar actos de proselitismo en horario laboral.
“Se acordó la improcedencia de las medidas cautelares por considerar que no eran procedentes, pidieron evitar contratación de difusión. No había contratación o no había nada que hubiera sospecha de esta acción en la visita de Claudia Sheinbaum”, argumentó el vocal.
Las autoridades del INE ya tomaron las pruebas y alegatos, por escrito y de manera verbal, de cada una de las partes involucradas.
“Lo que nosotros investigamos es si hay que imponer una sanción administrativa a su conducta por participar en un día hábil y si está justificada o no; pero eso le corresponde a la sala regional”, subrayó.
En caso de que la Sala Guadalajara determine que el gobernador, los alcaldes y la senadora cometieron una falta al principio de neutralidad e imparcialidad de servidores públicos, se les sancionaría de manera administrativa con una amonestación o una multa.
Antes de la resolución, advirtió que puede haber criterios distintos al momento de analizar las acciones de funcionarios estatales, municipales y legisladores, ya que estos últimos cumplen con una función diferente.
Al ser cuestionado sobre si la ley permite que participen en actos de proselitismo en horario laboral, el vocal enfatizó que en el artículo 134 de la Constitución Política establece que las y los servidores públicos deben abstenerse de asistir e involucrarse con eventos de este tipo en estas circunstancias.
“Las partes deberán justificar la ausencia, si era un día inhábil o vacaciones; deberán acreditar por qué no estaban en sus supuestos”, finalizó.
ACUSADOS EVITAN LA RÉPLICA Y A LA PRENSA
Para dar espacio a la réplica, se solicitó a los señalados una entrevista para escuchar sus argumentos y confirmar si gozaban de su periodo vacacional para asistir en respaldo de Sheinbaum, sin embargo, sólo la alcaldesa de La Paz respondió brevemente sobre esto.
“Es un tema jurídico que se está atendiendo; aparte yo pedí permiso y todo se notificó, pero bueno, que es un proceso que estamos atendiendo”, contestó al negar que haya incurrido en actos de proselitismo.
Por su parte, la presidenta de Comondú, Iliana Talamantes, y el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs, no respondieron a las solicitudes hechas directamente a sus áreas de comunicación y/o sus números telefónicos.
Continuando con la política de evadir y excluir a la prensa crítica de sus eventos, el gobernador mantuvo una agenda con eventos con cámaras empresariales a los que medios de comunicación no fueron convocados ni notificados.
