A mediados de diciembre de 2023, el Ayuntamiento de La Paz impulsó lo que la propia alcaldesa de la capital, Milena Quiroga Romero, llamó “la renovación del transporte público”. Para los transportistas, esto es sólo “un negocio redondo” que está lejos de beneficiar a los transportistas locales en el nuevo Sistema Municipal de Transporte.
El convenio que firmó el Ayuntamiento de La Paz sería por 15 años y prácticamente le daría el control del transporte local a una empresa foránea que fue conformada apenas en agosto del 2023, cuyos socios son cuatro concesionarios minoritarios y una quinta persona moral como socio mayoritario.
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A decir del Cabildo de La Paz, este asunto se ha tratado con opacidad, casi con la intención de que no se revise a fondo un tema tan importante para la ciudad.
“El proceso legislativo no fue el adecuado, porque nos lo presentan tres días antes; voy a ser buena onda y decir una semana antes de querer presentar un tema tan sensible como es un convenio de 15 años. Ni siquiera es un convenio en lo que pasa la administración, no es por 15 años”, indicó Jazmín Estrella Ruiz Cota, regidora de La Paz.
Aseguraron que el proyecto que se presentó y el plan de negocio sólo trae ventajas para la nueva empresa denominada “Conecta La Paz, S de RL, de CV”, desde un fideicomiso para subsidiar los descuentos de tarifas para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes, situación distinta con los transportistas actuales, que cada quien costea los descuentos.
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“En esta propuesta municipal de transporte que pretende implementar la presidenta Milena, para ello se creó un fideicomiso y hay participación de diversas partes. La cosa es que también para los transportistas locales son los que subsidian todo el tema de la tarifa, los estudiantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores; tienen un descuento sobre la tarifa, por lo que ellos solicitaron que se incrementara la tarifa del transporte regular, así como el transporte que está propuesto que entre, que tiene una tarifa más elevada por ser una inversión más grande y condiciones distintas. La cosa aquí, y es mi desacuerdo, es que Milena está favoreciendo con subsidiar la tarifa de los camiones nuevos, de la empresa nueva que viene a integrarse. El Ayuntamiento va a pagar el subsidio sólo a esta empresa nueva Conecta La Paz”, aclaró Ruiz Cota.
Debido a que los concesionarios del transporte local ven como abusivo este convenio a 15 años, en el que dijeron no haber sido contemplados en su totalidad, sino sólo unos cuantos, los transportistas interpusieron tres amparos.
El primero por la creación de un reglamento que se contrapone a la Ley de Transporte del Estado; otro por las tarifas preferenciales que se le estaría dando a la nueva empresa; y por último, por otorgarle un subsidio, es decir, que el Ayuntamiento sostenga a la empresa sin priorizar a los concesionarios ya existentes.
“Nadie se opone a la modernización del transporte, pero las cosas como se han venido dando no ha sido conforme la ley. Tenemos una Ley de Transporte. Tenemos un transporte local, que no puedes, por ejemplo, darle el apoyo de un fidecomiso a una empresa, cuando el transporte local, que tiene prestando el servicio por muchos años y venimos dando el 50 por ciento de descuento a estudiantes, pensionados y jubilados; que la gente piensa que el transporte es del gobierno, pero quien está dando el subsidio son los transportistas. No recibimos apoyo de ningún tipo”, denunció Pedro Enrique López, representante de la Alianza de Sitios de Automóviles de Transportes de Alquiler en el Estado (ASATA).
La regidora Ruiz Cota aseguró que se han encontrado con irregularidades. Por ejemplo, la empresa “Conecta La Paz” no sólo tiene a un gerente general dentro de nombre Ignacio Manuel Jiménez Nieva, sino que también hay una persona moral como socia mayoritaria denominada BUCC, S de RL de CV.
En esta última, aparece como socio con la posesión del 99 por ciento de las acciones el mismo Jiménez Nieva; además, el mismo empresario será quien les venda las nuevas unidades a los transportistas, obligados a adquirir sus nuevas unidades.
“Cada concesionario tiene que comprar un camión de esos que vende el señor Nieva; he platicado con varios (transportistas) que no están integrados a esta empresa, y dicen ‘sí, los compramos’. La cosa es que la manera en que nos están diciendo a nosotros es que compremos un camión con tal financiamiento, con tal tasa, entonces el señor Nieva va a sacar una buena tasa de interés con ello; si tomamos en cuenta que el Ayuntamiento las cuotas de la tarifa que el ciudadano va a pagar, tú pones ocho pesos, yo pongo los otros ocho pesos, entonces aquí como indica, mientras haya subsidio el Ayuntamiento siempre va a estar soltando dinero”, expuso la regidora paceña.
A la letra, el convenio con la empresa en el capítulo II en la fuente de pago, dice:
“Para el caso de que la fuente de pago de la prestación del servicio público en la modalidad de Transporte Urbano no sea suficiente, las obligaciones contraídas se pagarán a través del subsidio que para ello destine ‘EL MUNICIPIO’ al Fideicomiso Maestro del Sistema Municipal de Transporte”.
El 13 de diciembre del 2023 se aprobó en Cabildo y a partir de ahí corre el tiempo para crear un fideicomiso y también encontrar a una empresa que se encargue de recaudar el recurso, pero que con las evidencias presentadas por transportistas, deberán revisar con cuidado que tampoco estén relacionadas con el propio empresario.
“Se supone que una vez firmado este convenio, hay 120 días de parte del Ayuntamiento para que entonces pueda conformar el fideicomiso de operación donde el Municipio va a subsidiar, y además contratar los servicios de una empresa de recaudo; que ahí nuestra tarea estar pendiente de la licitación, para que entonces la empresa recaudadora no sea el señor Nieva”, apuntó Jazmín Ruiz.
LA EMPRESA “CONECTA LA PAZ”
El 24 de agosto del 2023, y sin experiencia alguna en el trabajo de administración del transporte, fue creada “Conecta La Paz”, empresa a la que el Ayuntamiento de La Paz y Milena Quiroga pretenden entregarle por 15 años el transporte público, además de que estarían obligados los concesionarios que participen en renovar sus unidades, siempre y cuando se las compren al mismo empresario que se sumó, de apellidos Jiménez Nieva.
Sin hacer un consenso con la totalidad de los concesionarios, el Ayuntamiento anunció que iniciando el 2024 llegaría la primera remesa de camiones denominados Tiburones Urbanos (TU), sin embargo, la entrega se retrasó hasta marzo, una parte, y la otra, meses después.
En el acta constitutiva de “Conecta La Paz” aparecen los siguientes socios: David Guzmán Valle, Laura Rojas Agúndez Amador, José Guzmán Agúndez, Glenda Elizabeth Torres Rochín, todos con una acción cada uno; además de la empresa BUCC, con 196 de las acciones. El gerente general es Ignacio Manuel Jiménez Nieva y el representante legal Juan Pablo Fernández Turueño Orozco.
“En el acta constitutiva se integró por el gerente general de apellido Nieva, cuatro concesionarios que son personas físicas, y la persona moral BUCC; esta empresa BUCC, la buscamos en el Registro Público y es una empresa que el accionista mayoritario con 99 acciones contra 1, es también el señor Nieva. Entonces el gerente general Nieva también se colocó como accionista a través de una persona moral, que fue constituida en otro estado, de donde es originario, que es el accionista mayoritario”, lanzó Jazmín Ruiz.
Resaltan que en BUCC aparece Jiménez Nieva con el 99 por ciento de las acciones de dicha empresa, lo que ha desencadenado en dudas y sospechas de corrupción, en la que estarían relacionados miembros del Cabildo y la misma alcaldesa de La Paz.
BUCC fue constituida el 23 de enero del 2023, es decir, apenas cumplió un año de funcionamiento, y su experiencia también es nula.
“Él aprovechó con esta empresa de BUCC para meterla en Conecta La Paz y con ello agarró 196 acciones contra las otras cuatro personas, y estos cuatro concesionarios tienen una acción. La empresa después le vendió parte de sus acciones, no todas, a más concesionarios; pero todos van en partes iguales, todos quedan con una acción”, remató Ruiz Cota.
La regidora, además de revisar la documentación, dijo, fue hasta el domicilio fiscal de la empresa donde no encontró ni un domicilio vinculado a la empresa; los habitantes de las viviendas desconocieron la relación con la empresa.
“Acudimos al domicilio fiscal que está aquí en la constancia de situación fiscal, que es pública, y puede ser esta o está otra casa; nos acercamos a la casa a preguntar y de una casa salió una viejita ya muy grande que no sabía nada, y que a lado vivía una familia. Entonces esto a mí me levanta mucha suspicacia”, aseguró Ruiz.
LA QUEJA DE LOS TRANSPORTISTAS
Concesionarios se acercaron a ZETA para denunciar que lo que, a su parecer, pretende el Ayuntamiento de La Paz, que es despojarlos de sus concesiones; refieren que existiendo la Ley de Transporte, están pasando por encima de los derechos de cada uno y sin oportunidad de la toma de decisiones.
Y es que dicha empresa tiene prácticamente un dueño, quien además es el encargado de la toma de decisiones, el que vende las unidades y hasta el que coordina el servicio; los transportistas serán la mano de obra mientras el empresario recibe un jugoso fideicomiso de hasta 10 millones de pesos.
“Aprueban un reglamento, presentamos un amparo sobre eso y presentamos otro amparo en cuanto al reglamento, en el reglamento que ellos mismos cayeron en controversia; porque ahí el Reglamento le ponen un reglamento para esa empresa, cuando tenemos una Ley y un reglamento para el transporte. Ellos hicieron reglamento exclusivamente para eso, y que las unidades deben de ser hasta cinco años de antigüedad”, reclaman.
Debido a que el Cabildo de La Paz aprobó 10 millones de subsidio para la nueva empresa transporte, “más nunca dice que es para la empresa”, los transportistas metieron un tercer amparo. “Entonces si van a dar un subsidio que sea para el transporte local, ¿por qué apoyar a una empresa? ¿De quién es la empresa? ¿Quiénes son los que están atrás de eso? Nada más van a utilizar a los concesionarios para posteriormente despojarlos de su concesión”, remató Pedro Enrique López.
Consideran que al operar la empresa, parte del transporte quedaría prácticamente absorbido por 15 años, y eso traería repercusiones para el usuario, pues seguramente las nuevas unidades no entrarían a las colonias por las pésimas condiciones de la infraestructura carretera.
“Están despojando al hombre camión, eso es a nivel nacional, entonces aquí la presidenta del Ayuntamiento se está prestando a eso para despojarlo. Nosotros por eso presentamos un amparo, pero ella dice ‘vamos a meter esa empresa’ y se autorizan 19 rutas sin derrotero. Ellos dicen ‘vamos a aprobar 19 rutas para la empresa’. Y luego de ahí sale un escrito de tránsito donde dice que se cancelen todas las rutas de los gremios, entonces esos autobuses, aunque los metan, no van a prestar el servicio en las colonias, porque primero es la infraestructura”, indicó Pedro Enrique López.
A pesar de los amparos y demandas de transportistas, Milena Quiroga respondió diciendo que ya es un hecho el convenio con la empresa y su entrada en vigor, pues señaló que ya es una demanda sentida de los ciudadanos.
“No se va a detener, porque ya es una necesidad del pueblo, es un tema de justicia. Ha sido muy complicado: cuando hay un problema de agua, lo resolvemos; si una lámpara no prende, la prendemos; si hay una fuga, la reparamos; si hay un bache, lo tapamos; pero si me dicen que no pasa el pesero, estoy atada de manos”, señaló Milena Quiroga Romero ante las múltiples demandas de transportistas.
