El ex director de Seguridad Pública de la desaparecida Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, fue absuelto de los cargos que existían en su contra dentro del proceso penal por caso conocido como Rápido y Furioso, relacionado con el tráfico ilícito de armas de fuego de Estados Unidos hacia México; sin embargo, continuará en prisión por otro asunto.
La jueza Karina Almada Rábago, del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora con residencia en Nogales, resolvió que no existieron pruebas suficientes para determinar la responsabilidad plena del ex jefe policial en el delito imputado, por lo que le exoneró y ordenó su inmediata libertad por lo que a ese proceso penal corresponde.
La juzgadora de la causa estableció que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó las pruebas contundentes para demostrar la culpabilidad de Cárdenas Palomino. Advirtió que los documentos, videos y testimonios de funcionarios estadounidenses presentados no probaron que el ex policía, vinculado con el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, estuviera enterado del operativo para introducir armas de fuego al país.
Anteriormente, en el mismo Juzgado fue absuelto de la misma imputación el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, por los mismos motivos, en tanto que existe una orden de aprehensión en contra de García Luna. Cárdenas Palomino seguirá en el penal de máxima seguridad Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, ya que tiene pendiente otro proceso por el delito de tortura en agravio de los hermanos Vallarta Cisneros.
En enero de 2022, el Ministerio Público de la Federación obtuvo órdenes de aprehensión dictadas por un juez federal en contra de siete involucrados en el operativo Rápido y Furioso, que entre 2009 y 2011 permitió la introducción ilegal de más de dos mil armas de fuego a territorio mexicano. Entre los perseguidos se encuentra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa encarcelado en Estados Unidos.
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Esta operación fue realizada por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) durante la administración de Barack Obama y consistió en autorizar el tráfico de unas dos mil armas de alto poder desde EU a México, con la intención de rastrearlas en la frontera a través de un chip. Sin embargo, muchas de estas armas llegaron a manos de miembros de grupos criminales mexicanos -la mayoría del Cártel de Sinaloa- y no se pudo tener el control planeado, siendo utilizadas en múltiples homicidios. Presuntamente el operativo se realizó de manera unilateral por parte de las agencias norteamericanas, pues el ex Presidente Felipe Calderón negó tener conocimiento de la distribución del armamento en territorio nacional. Lo anterior llevó al actual mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, a declarar en mayo de 2020 que el Gobierno de Estados Unidos debería ofrecer una disculpa a México: “Que el mismo gobierno estadounidense diga si hubo o no cooperación, y si no hubo cooperación, que de todas maneras era indebida e ilegal, todavía es tiempo para ofrecer una disculpa, porque era otro el presidente, pero a final de cuentas el Gobierno de Estados Unidos es el que tiene que explicar esta situación”.
