Ni la Ley Estatal de Personas Desaparecidas, ni la Comisión Local de Búsqueda de Personas, pueden avanzar, debido a que el Poder Legislativo mantiene congelado el proyecto
El Sol todavía no alcanza a cubrir con su inmensidad las calles en Baja California, cuando familiares de personas desaparecidas ya se alistan para salir a campo. Algunos con botas tácticas, otras con vestimenta normal, pero todos toman palas, picos y salen a la travesía en alguna zona agreste para empezar a remover la tierra en busca de desaparecidos.
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Mientras tanto, en el Poder Legislativo, diputados se levantan a una hora decente para preparar los discursos, justificaciones y argumentos para explicar los motivos por los que luego de casi seis meses, no se ha podido crear una Ley Estatal de Desaparecidos, determinación obligatoria desde 2017, pero que nadie ha asumido como una responsabilidad.
El colectivo Elementa reconoce en sus estudios que Baja California cuenta con más de 17 mil denuncias activas relacionadas con desaparición de personas, cifra que discrepa con los datos que reconoce la Fiscalía General del Estado (FGE) y la propia Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP); pero además, el colectivo Impunidad Cero dio a conocer en su último análisis que la entidad cuenta con 8 mil 240 cadáveres sin identificar, lo que ubica a BC en el primer lugar a nivel nacional, muy por encima de Ciudad de México, que no alcanza ni los mil casos.
“Estos datos nos ayudan a comprender la magnitud de la crisis forense que se vive en México, y que, entre otros factores, persiste debido a que el Banco Nacional de Datos Forenses continúa sin operar”, refiere una de las conclusiones a las que llega el colectivo encargado de la investigación que concluyó en 2023.
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A nivel nacional es un desorden, pero a nivel local tampoco se ha hecho mucho para estructurar una solución, pues si bien ya existen avances como la construcción de panteones forenses en Mexicali y Tijuana, por otro lado, desde hace varios meses no se cuenta con un titular en la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP), siendo Rafael Hernández Murrieta el último en ocupar el cargo y quien decidió renunciar debido a presiones políticas y pugnas de poder generadas desde la Secretaría General de Gobierno, entonces dirigida por Catalino Zavala Márquez.
El 16 de septiembre de 2023, precisamente tal secretario comentó que para el mes de octubre se estaría presentando la iniciativa para la Ley Estatal de Desaparecidos en el Congreso del Estado, sin embargo, ya estamos en enero de 2024 y no existe certeza respecto a cuándo podría ser aprobada.
La diputada Rocío Adame, de Morena, ha sido cuestionada al respecto en reiteradas ocasiones, y sólo ha respondido que se trabaja con los colectivos para llegar a un consenso.
Fuentes refieren que dicha iniciativa sería presentada en febrero, siempre y cuando los colectivos respalden las propuestas plasmadas por las autoridades.
Baja California ronda entre las entidades donde más grave es el problema de la desaparición de personas, ya sea por tratarse de personas en contexto de movilidad, o por la intervención de grupos de la delincuencia organizada. Y aunque ya en dos ocasiones, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda ha sido sacudido por la inoperancia de las autoridades en torno a la atención de casos de personas desaparecidas, pareciera que aún no se comprende la magnitud del problema, sobre todo, la disposición para -desde las facultades de cada uno- resolverlo.
¿Cuántos estallidos sociales más como los que ocurrieron en la Zona de Antros de Mexicali, deben ocurrir para que los allegados a la gobernadora dimensionen que este problema es tan grave y se pongan a trabajar?
Ante la crisis del sexenio, los gobiernos morenistas sólo se han preparado escribiendo discursos, y en el mejor de los casos, apagando incendios, en sentido literal y figurativo.
