La actividad de la Zona Norte, vinculada al Cártel de Sinaloa, sigue operando desde Comondú a Guerrero Negro en Mulegé. Se trata de un grupo criminal violento que ha permeado lo suficiente para controlar el estado con la protección de elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y agentes de investigación criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que sirven como “punteros” en caso de operativos interinstitucionales.
“Desde la caída del ‘Chucky’, el grupo de la Zona Norte se ha reestructurado; cuando retoma el control el ‘Tiburón’ y su hermano (el ‘Alacrán’), se mantuvieron con la desaparición forzada, pero se suma, con el paso de la pandemia, la venta de cigarros, la cerveza y la extorsión a pescadores desde Comondú a Mulegé. A base de miedo y temor, mantienen el control con diferentes células distribuidas en las comunidades pesqueras”, explicó uno de los miembros de la Mesa Estatal de Seguridad Pública.
En los últimos reportes entregados a ZETA, se sabe que el incremento de extorsiones, principalmente el cobro de piso, ya tienen presencia en Baja California Sur.
Por ejemplo, en 2022 se realizaron seis reportes al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) por estos delitos. En lo que va de 2023, el C4 de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó un total de 49 reportes oficialmente. En los últimos cuatro años se reflejan en total 69 casos de cobro de piso, delito de alto impacto que ha ido de menos a más, pese a la negativa de las autoridades sudcalifornianas.
“Si hablamos de 2021 comparado con el año 22 y 23, hay un incremento del 40 por ciento en la presentación de las denuncias. Ciertamente hay una cifra negra, que eso es lo que estamos trabajando, sobre todo en zonas muy específicas, como en San Carlos, Puerto Chales, inclusive San Ignacio, la Pacífico Norte, que es donde tenemos más focalizado en esas regiones algunas denuncias que nos han presentado”, aseguró Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia del Estado.
“Tenemos un tema ahí de las extorsiones, se ha reforzado particularmente lo que serían las comunidades pesqueras; específicamente en la zona de la Pacífico Norte se ha reforzado con personal de los tres órdenes de gobierno: están trabajando personal de Marina, personal Serena, Guardia Nacional, Policía Estatal; estamos trabajando también ahí con Policía Municipal de allá del municipio de Mulegé, está trabajando por parte de inteligencias, con patrullajes de disuasión, prevención, de contacto permanente con la comunidades pesqueras desde Punta Abreojos Este hasta Bahía Tortugas”, confirmó Luis Alfredo Cancino Vicente, secretario de Seguridad Pública Estatal.
Las autoridades han montado operativos y rotado constantemente al personal para evitar que se generen vicios y actividades ilícitas o de protección a criminales, incluso con la colocación estratégica de los civiles a manos de efectivos de la Secretaría de Marina.
Aun así, los grupos criminales lograron perforar la estrategia contra el rimen organizado. Un ejemplo fue la captura de Juan Manuel Franco Silva el “Alacrán”, detenido el 5 de diciembre del 2022 en medio de un operativo en Ciudad Constitución, municipio de Comondú. El día de su detención, los agentes de investigación de la Procuraduría fueron recibidos a balazos por escoltas del entonces director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Juan Heladio Clavel Nicolás, mando de la Marina en la dependencia municipal, en cuyo enfrentamiento murió uno de sus escoltas. El propio mando de la marina recogió las armas de los agresores el día del enfrentamiento.
Según el secretario de Seguridad Pública, para evitar que las células criminales tengan mayor poder en la Zona Norte; reforzaron la seguridad para proteger a las comunidades pesqueras, donde mayormente están inmersos los criminales en el cobro de piso.
“Estamos trabajando, también tenemos un operativo ya, pues no es permanente; pero sí hemos reforzado el municipio de Comondú para despejar el área de San Carlos, Puerto Chale, Puerto Cancún y estamos en espera de tener resultados; exhortar a la comunidad a que tengan confianza en las autoridades, que hagan la denuncia correspondiente, que nos apoyen en la información que llegan a tener y continuaremos trabajando para evitar este tipo de extorsiones”, señaló Cancino Vicente.
50 AÑOS A EXLÍDER DE LA ZONA NORTE
Edson Giovanni Reyes Reyes, alias el “Chucky” y/o el “04” y/o el “4 de la Baja” fue capturado desde el pasado 30 de abril del 2019 en Mexicali, Baja California; fue el autor material e intelectual de levantar y descuartizar a sus contrincantes y narcomenudistas Héctor Humberto Banda Solís y Marco Antonio Ibarra González.
Ambos con antecedentes por delitos contra la salud y presuntos sicarios de grupos rivales, a quien el “Chucky” en compañía de Luis Santana Peña Nájera el “Luisillo” y/o el “Luisito” privaron de la vida sus cabezas fueron abandonadas sobre una cobija en el tramo carretero que va de Loreto a Santa Rosalía en el kilómetro 66 el pasado 7 de abril del 2018.
Cerca de cumplir el sexto año del homicidio calificado, la Procuraduría General de Justicia del Estado pudo conseguir la sentencia contra el líder de plaza y uno de los participantes en el homicidio y tortura de dos masculinos, faltaría entre uno y dos personas más que participaron activamente.
“Venció el principio de presunción de inocencia y acreditó la responsabilidad de Edson Giovanni ‘N’ y Luis ‘N’ por el delito de homicidio doloso empleando tortura, en agravio de dos hombres y por lo cual el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, decretó dos sentencias privativas de la libertad de 50 años de prisión, para ambos culpables, el pago de reparación del daño por 894 mil 202 pesos y la pérdida de los derechos políticos”, confirmó la Procuraduría.
El caso se había demorado por una serie de amparos que solicitó la defensa del “Chucky”, lo cual retrasó que fuera efectiva la justicia, sin embargo, este doble homicidio se sumaría a una serie de desapariciones forzadas en las que el propio “Chucky” habría confesado tras negociar un mejor trato y protección al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz.
“El caso del ‘Chucky’ ya está muy avanzado; además del asunto de Loreto, tenemos otras carpetas de investigación que se encuentran en etapa de recolección de datos, muy avanzadas y que seguramente tendrá resultados favorables”, indicó Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia en el Estado.
Los cuerpos decapitados y demás evidencia dentro de la causa penal J14/2019, fueron cruciales para la vinculación a proceso y después la sentencia contra el líder de sicarios de la Zona Norte.
Como lo confirmó la Agencia Estatal de Investigación Criminal, tanto el “Chucky” como el “Luisillo” cuentan, el primero una carpeta de investigación por el delito de secuestro, y ambos están vinculados a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares.
“Esta persona había solicitado un amparo, en el que supuestamente no había recibido un trato digno a la hora de su detención y la lectura de sus derechos, así como que se trataba de un incidente y fuera tratado como tal, y no los dos homicidios; pero en la individualización de sentencias, fue confirmada la sentencia”, explicó un agente de la Mesa de Seguridad Estatal.
PRESENCIA POLICIAL EN LA ZONA NORTE
Un nuevo golpe a la Zona Norte fue asestado por la Mesa de Seguridad Pública de Baja California Sur, cuando grupos de inteligencia siguieron de cerca a presuntos líderes de plaza en la zona de San Ignacio en el municipio de Mulegé, tras denuncias de los habitantes por grupos armados en la región.
“Esta era una de las zonas, al igual que Bahía Tortugas, en que los sicarios entraban a los comercios armados; caminaban tranquilamente portando sus rifles de alto calibre sin que nadie pudiera decirles algo, la queja ya era constante a las autoridades estatales. Tuvo que llegar la queja a la FGR para que empujaran un operativo interinstitucional y capturaran a dos de los más fuertes en el control de la plaza”, dijo el agente de la Mesa de Seguridad.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con un equipo de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR) tuvieron que intervenir para detener, revisar y asegurar una camioneta Cheyenne 4 puertas de color blanco; en su interior encontraron lo siguiente:
*Tres fusiles de asalto.
*Tres armas cortas tipo pistola.
*Ocho cargadores
*452 cartuchos útiles.
*Dos candados de manos.
*Tres chalecos tácticos.
“Una instrucción que se dio a los mandos, de erradicar todo grupo criminal, no sólo generadores de violencia, sino que están acabando con el bienestar de los habitantes; es insostenible la forma de vida. Nadie podía hacer nada sin que se notificara a los grupos de control; salidas y entradas están contabilizadas, sobre todo en aquellas regiones como San Ignacio, Bahía Tortugas y Punta Abreojos; los habitantes ya temen y la autoridad en esos puntos está tan impedida porque ahí mismo viven”, refiere un elemento de inteligencia de la Sedena.
En el lugar detuvieron a los sicarios y presuntos líderes de plaza, de nombre Máximo “D” y Agustín “G”, en el poblado de San Ignacio. Allí fueron asegurados junto con un arsenal, lo que trajo como consecuencia que el Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. Al final les dictaron una pena de seis años por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ambos vestían pantalón negro y tenis del mismo color; además uno portaba con camisa de resaque negra y otro una playera gris con negro. Ambos fueron condenados por la posesión de las armas de fuego, así como una sanción económica de más de nueve mil pesos y el decomiso.
“Incluso se acaba de detener a una persona en la Pacífico Norte, que fue turnada y quedó a disposición, ya integrado el procedimiento penal en el Ministerio Público Federal; igual estamos trabajando en la zona de Puerto Chale”, apuntó Daniel de la Rosa.
