Intentar que todas las obras de gobierno se vean y se sientan, terminó por colapsar prácticamente todas las vialidades principales de Baja California… con fines meramente electorales
Una de las principales presunciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en su Segundo Informe, fue la inversión de 8 mil millones en materia de infraestructura en los dos primeros años de su gestión. Según refiere, la inversión de todo el sexenio de José Guadalupe Osuna Millán, de Francisco Vega de Lamadrid y el bienio de Jaime Bonilla Valdez.
Particularmente en las dos últimas administraciones, el abandono fue grosero e indolente, pues la inversión fue raquítica y las necesidades de todos los municipios ignoradas, lo que evidentemente hizo que Ávila Olmeda recibiera un terrible rezago en la materia.
Entendiendo esto, la mandataria aceleró la mayor cantidad de obras durante el primer tercio de su gobierno.
En papel podría considerarse un acto positivo, pues se trata de contrarrestar el rezago de al menos ocho años, pero la realidad es que, lejos de alegrar a la comunidad, el desbocado ejercicio emprendido por la mandataria y su titular de Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza Jaramillo, ha colapsado a las ciudades.
Un ciudadano común que viaja de Mexicali o Tecate, a Tijuana, padece un retraso de hasta 40 minutos sólo por verse obligado a ingresar por el Bulevar Alberto Limón Padilla, rumbo a la Zona Industrial. Esto a causa del Puente Alamar, que -precisamente- pretende desfogar el tránsito en la periferia de Tijuana. La obra lleva varios meses y todavía no hay una fecha próxima para concluir; mientras tanto, el descenso hacia la Vía Rápida Alamar se ha vuelto un caos que obliga a ingresar por un camino de terracería ubicado entre almacenes.
Hecho similar se da a causa del Viaducto Elevado de Tijuana, donde la Avenida Internacional se encuentra colapsada ya no sólo por el denso tránsito, sino por la construcción que pretende conectar a Playas de Tijuana con el Aeropuerto Internacional.
En Mexicali se vive lo mismo con la construcción del Puente Eje Central que ha congestionado el Bulevar Anáhuac y la “Vuelta Inglesa” de Carranza, donde no existen rutas alternas que ayuden a liberar el tránsito, lo que congestiona a todas las vías secundarias. Esta obra pretende cerrar el flujo vehicular por más de 14 meses.
Pero quizá una de las más grandes pifias en todo el Estado ha sido la construcción de la carretera conocida como “Tramo de la Muerte”, que conecta a Chapultepec con Maneadero en Ensenada, el municipio con las peores calles de la entidad.
El proyecto lleva años y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sigue sin poder concluirla por una infinidad de factores. El retraso de la obra, la falta de vialidades alternas o el mal estado de las mismas y demás cuestiones, irritan a los conductores que diariamente transitan por la zona.
Se puede coincidir en que las obras de infraestructura, rehabilitación de vialidades y proyectos de gran calado, son necesarios para el avance económico de Baja California, pero el interés electorero de los gobiernos estatal y federal, ha omitido las graves consecuencias diarias que generan en ciudadanos que se ven obligados a transitar por dichas zonas.
El problema no es la obra, sino la falta de planeación para que el proyecto repercuta lo menos posible en la vida diaria de la población, a la cual no se les prepararon vialidades alternas o herramientas para subsanar las carencias históricas.
Esperemos cuántos meses más los ciudadanos tendrán que soportar el colapso vial de las ciudades.
