Gobiernos de Morena encuentran en intérpretes de narcocorridos, causal perfecto para desentenderse de su responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos; van contra la música, no contra los criminales
En una entidad donde unas jovencitas menores de edad puedan ser plagiadas, torturadas y violadas, para luego dejar sus cuerpos desnudos y expuestos en vía pública, no debería haber paz para el gobierno, ni para una sociedad en la exigencia de justicia.
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Lo que ocurrió en Tecate es de terror, pero no es aislado o ajeno a lo que sucede en prácticamente todos los municipios de Baja California.
Menores de edad involucrados en actos delictivos de diversa índole e incluso adolescentes que ingresan a las preparatorias públicas con armas de fuego, son parte de los mensajes que la juventud está dando como medida para exigir la atención debida.
Episodios complejos donde dos jovencitas son asesinadas por una “relación tóxica”, donde la propia Fiscalía General del Estado (FGE) las criminaliza al referir un vínculo con un integrante de la delincuencia organizada, y también casos como los ocurridos
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recientemente en planteles educativos de media superior, donde jóvenes atacan a maestros e incluso el más reciente episodio ocurrido la mañana del miércoles 15 de noviembre en el Plantel Nuevo León en el Valle de Mexicali, donde fue descubierto un menor con un arma de fuego.
Ante esta realidad y los aproximadamente 2 mil homicidios que se tienen en la entidad, los gobiernos de Mexicali y Tijuana han planteado mediante diversos esquemas, responsabilizar de los altos índices de violencia a la música regional, concretamente a los narcocorridos y los corridos tumbados.
Tanto Montserrat Caballero como Norma Alicia Bustamante, han hechos claros posicionamientos contra este tipo de música, aunque la alcaldesa de Tijuana ha radicalizado su postura al restringir la reproducción de dicha expresión mediante un acuerdo del Cabildo. Ambas lo hacen bajo el argumento de que las melodías incitan a la violencia y afectan a las juventudes.
Así, con retórica, incapacidad para combatir la inseguridad rampante en sus municipios y para justificar con esta medida populista abonarle a la solución a la situación de violencia que se vive en la entidad, los jóvenes están expuestos en todo momento a la delincuencia.
Desde la música que puede ser escuchada en sus teléfonos móviles y por encima de cualquier restricción, hasta en las jóvenes víctimas de un presunto operador del Cártel de
Sinaloa que apenas había cumplido 18 años; o bien, el joven estudiante en posesión de arma de fuego dentro del plantel del Valle de Mexicali, ambos escenarios incitan a la violencia en el sector juvenil.
¿En qué medida una restricción musical puede resultar en que los jóvenes sean protegidos de la delincuencia cuando Baja California contabiliza 11 mil 637 delitos del fuero común, la mayoría de ellos en la impunidad? Esta cifra coloca a BC en el quinto lugar a nivel nacional, sólo por debajo del Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco; y por encima de Nuevo León, es decir, entidades con una mayor población, y en el primer lugar nacional si se hace un análisis per cápita, al contabilizar 293.5 delitos en el año, cuando la media nacional es de 143.1.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo, de octubre de 2022 a 2023, el aumento de la incidencia general es del 12.9%, uno de los más altos del país. Si sólo se analizan homicidios, la entidad se ubica en el tercer lugar nacional con 5.66 asesinatos por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de Colima y Morelos. El promedio nacional es de 1.83.
Las dos alcaldesas se van por lo más sencillo, por criminalizar lo que no les gusta y culpar a otros de la incapacidad de su gobierno para brindarles la seguridad debida los ciudadanos, particularmente a los jóvenes.
En medio de un proceso electoral en el que buscan la reelección, las alcaldesas de Mexicali y Tijuana consumen la agenda pública en nimiedades como los artistas que tocarán o sí se hace apología del delito, cuando los jóvenes viven alrededor del delito, alrededor del crimen y de la impunidad.
Ya va siendo hora de que ambas, al igual que la gobernadora Marina del Pilar
Ávila Olmeda, la fiscal María Elena Andrade Ramírez y todo el ente público especializado en materia de seguridad, asuman su responsabilidad y dejen de culpar a otros o a la música, de su propia incapacidad para proveer seguridad.
