Directivos de Canacintra y las Naciones Unidas en apoyo a refugiados firmaron un convenio de colaboración, para que estos puedan obtener trabajo por la vía legal en distintos giros y empresas.
En conferencia de prensa, Jorge Figueroa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tijuana (Canacintra), dio a conocer que este programa inició hace 3 años, sólo de palabra, a fin de buscar una solución para la cantidad de refugiados que estaban llegando a la ciudad desde el 2020.
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“Le estamos dando seguimiento a este programa de ya 3 años, tratando de estructurar modelos, de darle seguimiento, de hacer lanzamientos, de hacer campañas y tantas cosas, sentimos que éste es el camino correcto”, dijo el empresario.
Añadió que en la industria siempre se está requiriendo de más personal, por lo que siempre hay vacantes, además de que la dinámica de la ciudad, la cual es receptora de migrantes y refugiados ha propiciado que se logren programas para tener un beneficio mutuo.
Por su parte, Celeste Castro, presidenta de la Comisión de Refugiados en Canacintra, comentó a ZETA que poco a poco han ido conociendo y enfrentando las problemáticas que surgen para ayudar a los refugiados que deciden quedarse en Tijuana, ya que aquí es donde encuentran trabajo y bienestar para ellos y sus familias.
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Señaló que había desconocimiento, tanto de las empresas, como de los refugiados, en cuanto a la contratación, lugares, idioma, que poco a poco han ido abatiendo, sin embargo, aun hace falta más capacitación y acercamiento.
Uno de los principales problemas que deben atender es que los refugiados extranjeros puedan abrir cuentas bancarias para recibir su salario, pues, parte de los requisitos son el pasaporte o acta de nacimiento, a los cuales no tienen acceso, pues es el mismo gobierno el persecutor.
Dagmara Mejía, representante en Baja California de las Naciones Unidas para los refugiados, mencionó que en 2023 se tienen contabilizados alrededor de 3 mil 600 refugiados y es probable que llegue a 4 mil, de los cuales la mayoría son de Haití, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Colombia.
Asimismo, el 20 por ciento de ellos ha conseguido trabajo en el área de servicios y el 18 por ciento en la industria maquiladora; sin embargo, el 59 por ciento trabaja en el comercio informal, que es lo que intentan contrarrestar.
