En octubre de 2022, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aceptó formar parte de un acuerdo de voluntades para combatir la trata y explotación sexual infantil en la entidad que gobierna, con el movimiento llamado Viva México, de corte ultraconservador y fuertemente crítico hacia los gobiernos de la Cuarta Transformación y el progresismo que conlleva.
En el acuerdo signado el 11 de octubre de 2022 por el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez; la presidenta de DIF y tía de la Gobernadora, Manuela Olmeda García; el hoy ex fiscal estatal Ricardo Iván Carpio Sánchez; la directora de DIF, Mónica Vargas Núñez y el actor Eduardo Verástegui, fue presumido con bombo y platillos en un evento público donde se invitó a medios de comunicación y se incluyó al presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles.
De acuerdo con el documento, el argumento para signar el acuerdo “no vinculante” -como lo calificó Zavala Márquez- tiene como objetivo combatir la trata y explotación sexual infantil, donde el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado (FGE) se comprometen a una serie de medidas cargadas de generalidades, cuyo objetivo es erradicar dicha actividad del Estado.
Lo anterior se dio en el marco de la promoción de la película “Sonido de libertad” (Sound of Freedom), producida por Verástegui y cuya temática es la historia de un hombre que combate a una estructura criminal para erradicar dicha problemática, cinta que además está plagada de referencias religiosas.
Lo que nunca se hizo por parte del Poder Ejecutivo, es dar a conocer los detalles del convenio que se estaba firmando.
Vía Transparencia, ZETA solicitó copia del acuerdo signado, el cual se conforma de tres páginas, de las cuales una es prácticamente para las firmas de los funcionarios. En ella no hay detalles sobre el combate a la trata, ni protocolos, acuerdos o trabajos estructurales. En cambio, el Estado se compromete sólo a fortalecer y concientizar al sector turístico -aunque la Secretaría de Turismo no signó el contrato- sobre la trata de personas, pero no más.
A un año de firmado el contrato, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que no se han dado avances en la materia, e incluso su actual titular, María Elena Andrade Ramírez, aseveró que no han recibido ningún curso, actualización o protocolo relacionado con la agrupación Viva México ni entes vinculados con la misma.
Durante los años 2022 y 2023, la FGE ha obtenido sólo tres sentencias relacionadas con trata en su modalidad de explotación sexual a menor de 18 años, además de siete vinculaciones a proceso y 39 judicializaciones por dicho delito, recibiendo penas de 20 a 25 años de prisión.
De hecho, desde la firma del acuerdo se obtuvieron menores resultados en dicho delito, pues en lo que va de 2023 sólo se ha conseguido una sentencia y 12 judicializaciones, según cifras oficiales.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022, BC se colocó en cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de presuntas víctimas de trata -53-, por debajo del Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León, cuya población es aún mayor.
Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) documentó que sólo en 2023 se han documentado 2 mil 612 atenciones de niños mexicanos en Estados Unidos que son víctimas del trabajo forzado y explotación sexual.
LA CARTA DE INTENCIÓN
Dado que el acuerdo no fue dado a conocer por el Poder Ejecutivo ni el actor allegado al ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de manera pública, ZETA solicitó copia del documento mediante Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) misma que fue replicada a todas las autoridades involucradas (DIF, SGG y FGE). De estas, sólo DIF aceptó tener una copia.
El documento de tres páginas se titula Carta de Intención para la Erradicación de la Trata y la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Baja California, donde las partes reconocen que la problemática es de tal magnitud que requiere toda la intervención de la sociedad civil y del propio gobierno, además de referir que se trata de una problemática binacional.
Según el texto, el Poder Ejecutivo se compromete a dotar de recursos suficientes para combatir esa problemática y a realizar mesas de trabajo con actores sociales y empresariales para evaluar y atender el delito.
También lo compromete a crear inmuebles o apoyarse con asociaciones civiles para la atención y rehabilitación de las víctimas, partiendo de una suficiencia presupuestaria; el último compromiso es establecer protocolos de detección de explotación sexual infantil.
Al DIF lo compromete a crear campañas de concientización para combatir la trata, capacitar a su personal para la identificación de casos de explotación sexual infantil y mejorar los mecanismos de atención.
Por su parte, la FGE se compromete a fortalecer la Fiscalía Especializada en Adolescentes, que cabe señalar, no se encarga de la investigación de delitos de trata de personas, sino de delitos cometidos por menores de edad.
Otro de los puntos es implementar controles de confianza (los cuales ya se realizan mediante C3) y fortalecer la capacitación continua.
ZETA conversó con la fiscal María Elena Andrade, quien aseguró, no ha habido una sola capacitación o mejora relacionada con Viva México, durante 2023. Por su parte, la agrupación se compromete a compartir los mejores mecanismos de prevención y combate al delito, además de la rehabilitación de víctimas, disponibles en el mundo.
Otros dos puntos son reunir voluntades de toda la sociedad civil organizada y promover códigos de conducta en el sector turístico y de transportes para combatir la trata.
Todo lo acordado se someterá a la situación presupuestaria que se tenga en cada ejercicio fiscal.
Desde la semana anterior, este Semanario solicitó entrevista con la directora de DIF, Mónica Vargas, pero fue cancelada.
UN ACUERDO DE BUENAS INTENCIONES, NO MÁS: JAUBERT
Vivaldina Jaubert, representante de la agrupación civil Alas AC/ Soñando Mariposas, que brinda atención en casos de explotación sexual infantil, considera que el acuerdo está plagado de buenas intenciones y se consideraría loable la campaña para prevenirlo en el turismo del Estado, pero no representa un esfuerzo estructural para combatir la trata.
La activista no cuestionó las intenciones del actor Eduardo Verástegui, e incluso aseveró que podría tener buena voluntad, pero el problema es tan complejo y cuenta con tantas aristas que es insuficiente un tema de voluntades.
“Lo que más me sorprende, es que en los compromisos son mesas de trabajo, entonces, cuánto presupuesto va a invertir en cafés, galletas y desayunos para que todos se sienten a mandar mensajes sobre la mesa de trabajo, ese tipo presupuestal. Es en serio, existen hasta gobernadores tratantes”, subrayó Jaubert.
Datos oficiales con los que cuenta la agrupación revelan que el 70% de la pornografía infantil a nivel mundial, son recabados en México, y tanto Mexicali como Tijuana se encuentran entre las ciudades con mayor incidencia.
México contabiliza el ingreso de aproximadamente 600 mil agresores sexuales cada año, provenientes principalmente de Europa y Canadá, cuando la agrupación sólo lo identifica como un problema binacional, “pero la nutrimos de 1 a 3 pesos a niños de mendicidad que están en cruceros pidiendo limosna y destaca en los protocolos: Brinden alimentos para no nutrir esta red, denuncien que cualquier niño que pida limosna está dentro de la red de explotación sexual y laboral”, refirió la especialista, quien asegura conocer a muchos representantes de agrupaciones de la sociedad civil que trabajan para atender a las víctimas de trata, pero a Verástegui no lo relaciona con ello.
Su única intervención es la película presentada este año, con la que buscó generar conciencia y socializar el tema, pero a su juicio, vuelve a recaer en el tema de voluntades y de una especie de “Rambo” que combate el crimen, pero no visibiliza la complejidad del problema de las víctimas.
Agregó que en este acuerdo haría falta la Secretaría de Salud, debido a que una parte del proceso de recuperación de las víctimas es la reconstrucción del área genital, por lo que debería considerarse este tipo de atención, además de otras instancias que los ayuden a garantizar que puedan retomar una vida fuera de la explotación sexual.
“Revisando las estadísticas de Baja California, es uno de los estados que más albergues tienen en el país. Si la propuesta es meter más albergues, pues bueno, pero cómo se impulsa a la reunificación de una vida sexual óptima”, cuestionó Vivaldina, para agregar que la diferencia es que trata, homicidio y secuestro, es que los dos últimos “los vemos reprobables, mientras que la trata la vemos como una convención de interacción”.
Otro de los puntos cuestionables, es que la organización civil indica que capacitará e informará sobre cómo detectar un posible caso de trata, pero no establece cómo se hará la denuncia o si se disolverán los núcleos de trata que operan, pues al tratarse de un tema con tantas aristas, es importante considerar que existen muchos casos donde los explotadores son los propios padres de familia, que por cierto, con recurso económico mantienen a niñas, niños y adolescentes en este tipo de episodios.
Dentro de todos los planteamientos, la organización de corte religioso no contempla las agresiones relacionadas o perpetradas por agrupaciones eclesiásticas, las cuales se han visto involucradas históricamente con episodios de trata y explotación sexual infantil, de las cuales muchas veces las víctimas son niños varones, a diferencia de las otras redes donde las mujeres son las principales víctimas.
En todos estos escenarios debe visibilizarse y comprenderse la compleja problemática que representa el combate a la trata y explotación infantil, de cualquier índole.
