Luego de concretarse la reforma para eliminar 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF) y que representan más de 15 mil 400 millones de pesos, la minuta aprobada por el Senado de la República ya fue enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF); sin embargo, a partir de que la reforma entre en vigor, la oposición que votó en contra del dictamen tiene 30 días para presentar acciones de inconstitucionalidad, y los trabajadores de ese poder, el mismo plazo para interponer demandas de amparo indirecto.
De presentarse dichos recursos sería en el propio Poder Judicial donde se resuelva el tema de manera paulatina y probablemente en 2024. Por lo pronto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito anunció que promoverá un juicio de amparo en contra de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, una vez que se realice la publicación correspondiente.
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Por su parte, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial mantendrán el paro de labores iniciado el 19 de octubre hasta el próximo día 29, y podría prolongarse en caso de así decidirlo.
La anunciada extinción de los fideicomisos ha acaparado la atención pública durante las últimas semanas, primero por la aprobación de la Cámara de Diputados con 259 votos y el paro laboral, después por las marchas registradas el 22 de octubre en todo el país, las embestidas de López Obrador desde la conferencia mañanera y la votación de 67-48 en el Senado.
Un segundo golpe por parte del Poder Legislativo, a instancias del Ejecutivo, podría asestarse en próximos días al Poder Judicial, cuando en la Cámara se discuta y resuelva el proyecto del Presupuesto de Egresos, donde se vaticina un fuerte recorte a los gastos del PJF para el año entrante.
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Para el abogado constitucionalista Francisco Burgoa la cargada en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) parte de una venganza del titular del Ejecutivo, pues “llama mucho la atención, que es hasta este 2023, el año anterior a las elecciones, y el año en que la presidenta de la Corte, Norma Piña, ha asumido este cargo, y durante este año, bajo su presidencia, se han dictado distintas resoluciones que han venido a confirmar el carácter de tribunal constitucional de la SCJN. Esto va en el sentido de defender la Constitución y de estar declarando la invalidez de distintos asuntos, sean de carácter legislativo, leyes aprobadas por parte del Congreso ante la mayoría parlamentaria que conforma Morena y sus aliados, pero que han cometido violaciones graves al proceso legislativo o también algunas cuestiones realmente contrarias a la Constitución; esto ha sido motivo para que la mayoría calificada en la Corte declare la invalidez, así como de otros actos provenientes del Presidente de la República”, destacó el Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) .
Burgoa señaló que la eliminación de los fideicomisos “no tiene un sustento que parta de un diagnostico serio, porque se dice que se trata de austeridad. ¿Y por qué la austeridad la quieren implementar hasta 2023 con miras a 2024? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué no lo hicieron desde que Morena llegó al poder con el Presidente de la República el primero de diciembre de 2018? La única forma de entenderlo es que durante la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la SCJN había una simpatía del Presidente de la República hacia él. Es decir, parece que en esos momentos no había nada absolutamente que cuestionar a la Corte, pero resulta que en este momento sí lo es”.
LA VOTACIÓN
El martes 17 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal, bajo el argumento de que esta medida sólo afecta los privilegios de que gozan unos cuantos (jueces de distrito, magistrados y ministros). La minuta pasó al Senado para su revisión. Sin embargo, un día después, los trabajadores anunciaron un paro laboral porque en realidad los afectados son más de 55 mil de ese Poder y sólo uno de los fideicomisos apoya las pensiones complementarias de los mandos superiores.
Los días 19 y 20 del mismo mes, tras minimizar las protestas y el paro laboral, AMLO aseguró a los trabajadores del PJF que ellos no saldrían perjudicados con la desaparición de los fideicomisos y que él era la garantía “de que no se les va a tocar absolutamente nada de su sueldo, de sus prestaciones, para que no los manipulen”. Los senadores al partido en el poder y sus aliados se solidarizaron con los paristas. Para el domingo 22, miles de empleados judiciales y sus simpatizantes marcharon en las principales ciudades del país, lo que también fue criticado por el primer mandatario federal.
La ministra presidente de la Corte, Norma Lucía Piña, emitió un mensaje el 23 de octubre para expresar su postura ante el conflicto: “Con el mayor respeto republicano me dirijo a los otros poderes de la Unión con la convicción plena de que el Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho humano de todas las personas. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”.
Finalmente, la madrugada del miércoles 25, el pleno del Senado de la República aprobó por mayoría, en lo general y en lo particular, la reforma mediante la cual desaparecen los referidos fideicomisos de la SCJN, el CJF y el TEPJF.
Previo a la votación, la senadora y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, solicitó a sus compañeros legisladores de Morena reconsiderar su voto, actuar como un poder republicano y mantener vivos al menos seis de los instrumentos financieros en discusión: “La posibilidad, como ahora, de que dos poderes de la Unión se coaliguen para intervenir directamente en la administración interna de un tercer poder no es un ejercicio republicano, tampoco lo es la eliminación de los fideicomisos, pues como les he relatado, algunos contienen recursos y aportaciones de las y los trabajadores que forman parte de sus condiciones generales de trabajo”.
Andrés Manuel López Obrador justificó la posición de la ex secretaria de Gobernación, quien votó en contra de la extinción de los 13 fideicomisos, al señalar: “Se respeta lo que hizo la ministra Olga Sánchez Cordero. Es que ella fue ministra de la Corte y siempre hay una solidaridad de gremio”. Pero el tabasqueño aprovechó para arremeter una vez más en contra de los ministros de la SCJN: “Esto que estamos viendo con la Corte, ¿cómo 700 mil pesos mensuales? ¿Qué se creen? Pero además los moches, aparte, por los favores que llevan a cabo. Tenemos que seguir insistiendo en que el Poder Judicial se moralice, que le hace falta desde hace tiempo, y ahora que ya se está revisando el asunto ir al fondo”.
A DESTIEMPO
Al académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco Burgoa, le llamó la atención el pronunciamiento que durante la sesión del pleno del Senado hiciera Olga Sánchez Cordero, al usar la tribuna para fijar su postura en contra de la aprobación del dictamen, “porque ella es ministra en retiro, de hecho, ella es una de las dos personas que ocuparon el cargo durante los últimos años, pero con un mayor periodo del que la Constitución señala. La Constitución establece que los ministros deben ocupar el cargo 15 años, y por excepción, ella junto con Juan Silva Meza, ocuparon el cargo casi 21 años, con esta nueva integración de la SCJN a partir de 1995.
“Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y hoy senadora de la República por Morena, de que conoce todas las entrañas del Poder Judicial de la Federación, las conoce, porque antes de ser ministra era magistrada. Entonces, ella conoce perfectamente bien el funcionamiento del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y yo creo que en el Senado de la República era la voz más calificada para explicar por qué no deben eliminarse esos fideicomisos”, destaca el abogado constitucionalista.
Sin embargo, el entrevistado refirió que Sánchez Cordero sólo presentó sus argumentos y su voto en contra, pero hasta ahí quedó todo. Bueno hubiera sido, continuó el jurista, que la senadora hubiese realizado algún foro, parlamento abierto o promoviera reuniones con sus compañeros legisladores desde que inicio a comentarse el tema: “Hubiera hecho esa labor de convencimiento, uno a uno, o en una reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena se hubiera posicionado. Pero cuando menos, yo no tuve conocimiento, no sé si lo hizo, o no se hizo del conocimiento público, que realmente ella haya estado insistiendo una y otra vez ante sus compañeros. Y esto ¿con que motivo? Para darle realmente una credibilidad a sus palabras. No digo que sea mentira lo que haya dicho, pero su voz, así como la presentó en tribuna, es una voz aislada, porque en ningún momento tampoco se dirigió ella a sus compañeros para decirles, porque no era momento de darle un mensaje a la nación, ni a la oposición, ni a los trabajadores. Era para que le mandara el mensaje directamente a sus compañeros de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT), del Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Solidario (PES), ahí en el Senado”, dijo Burgoa.
El posicionamiento de Sánchez es bueno y se aplaude, añadió el catedrático “pero no es un aplauso de darle una serie de loas a ella. ¿Por qué? Porque nos hubiera gustado realmente que hubiera tratado de sensibilizar a sus demás compañeros, y eso, insisto, cuando menos yo no lo vi. No sé si lo hizo, porque si no, al final, va a quedar solamente anecdótico, y en esto, necesitamos que haya senadoras y senadores de todos los partidos políticos comprometidos con la Constitución, con la independencia judicial, con la autonomía judicial, la división de poderes, el equilibrio de poderes, los frenos y contrapesos necesarios que deben existir porque estos van a permitir que tengamos una democracia constitucional en la que se protejan y garanticen nuestros derechos y nuestras libertades”.
En cuanto a la interposición de acciones de inconstitucionalidad por parte de los opositores del Senado y juicios de amparo indirecto de los trabajadores del PJF, Francisco Burgoa apuntó: “Van a tener, en ambos casos, 30 días para presentar estos recursos, ya la Corte tendrá el tiempo para resolver estas acciones de inconstitucionalidad. Los jueces de Distrito van a resolver, para empezar, van a determinar, igual que la Corte, tanto Juzgados de Distrito como la SCJN, el ministro ponente que conozca de este asunto va a tener la posibilidad de estar decretando lo que es la suspensión del acto reclamado; es decir, que no se vayan a estar eliminando, todavía, esos fideicomisos”.
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