Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), solicitó el 22 de julio de 2026 al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) actuar contra el juez de amparo que impidió ejecutar una orden de aprehensión girada contra el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en el marco de la investigación por tráfico de combustible.
La funcionaria vinculó esa orden con la indagatoria abierta tras el hallazgo de ferrotanques cargados con combustible en Coahuila, ocurrido en junio de 2025. “Los propios mexicanos nos enteramos hace más de un año, recordarán, que en junio del año pasado en Coahuila se habían abandonado ferrotanques con combustible”, expresó durante la conferencia “Derecho de Réplica”, realizada en Palacio Nacional.
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Alcalde Luján sostuvo que el juzgador no debió suspender la captura, porque los delitos imputados ameritan prisión preventiva oficiosa. “Si hay una orden de aprehensión que ya fue avalada por un juez, no debería proceder ninguna suspensión de amparo que prohíba a una autoridad detener”, afirmó. La titular de la CJEF no identificó al juzgador que concedió la suspensión ni proporcionó el número del expediente.
La funcionaria consideró que la actuación del juzgador podría constituir una responsabilidad grave y señaló que el TDJ cuenta con facultades para revisar el caso mediante una queja o de oficio. “Jueces de amparo que otorgan suspensiones para poder inhibir una orden de aprehensión en delitos de prisión preventiva oficiosa, claro que se trata de responsabilidades graves en donde debería actuar el Tribunal de Disciplina”, sostuvo.
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Alcalde Luján admitió que desconoce si ese órgano ya inició una investigación contra el juzgador. “Si hay o no actualmente una investigación en específico, no lo sé. Yo creo que sería importante que el Tribunal de Disciplina informara”, dijo.
En ese contexto, contrastó las facultades del nuevo tribunal con las del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al que acusó de no intervenir frente a decisiones contrarias a la legislación y la jurisprudencia. “Antes el Consejo de la Judicatura se lavaba las manos diciendo: ‘Es libertad de jurisdicción, yo no puedo hacer nada’. Entonces, los jueces podían actuar como quisieran”, acusó.
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La titular de la CJEF rechazó que las imputaciones contra Ruffo Appel constituyan una persecución política y sostuvo que la oposición intenta presentar el caso como una cortina de humo. Precisó que la investigación comprende un daño estimado en 4 mil 600 millones de pesos, más de ocho personas detenidas y cerca de 20 investigadas.
“Estamos hablando de un caso multimillonario. Se identifica a esta persona, no a él únicamente, sino hay más de ocho detenciones, cerca de 20 personas investigadas”, expuso.
Alcalde Luján aseguró que un aviso previo sobre el operativo en Coahuila permitió que los responsables abandonaran los ferrotanques. “Se da un pitazo de que va a haber un operativo y, producto de ese pitazo y de que se conoce esa información, abandonan el contrabando, el combustible”, relató.
La funcionaria también cuestionó la versión difundida por Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), respecto a que Ruffo Appel poseía solamente uno por ciento de la empresa investigada. Según Alcalde Luján, la Fiscalía General de la República (FGR) lo identifica como uno de los socios mayoritarios, con 30 por ciento de las acciones.
“Sale Jorge Romero y dice que nada más era socio de la empresa que traficaba, del uno por ciento, y sale la Fiscalía y dice: ‘No, era socio mayoritario de esta empresa’. ¿De dónde saca Jorge Romero lo del uno por ciento? Quién sabe”, expresó.
La titular de la CJEF explicó que el esquema investigado consistía en declarar que los ferrotanques transportaban un producto distinto del combustible, con el propósito de pagar una tasa arancelaria menor. “Lo que están haciendo es una defraudación y el tráfico de combustible”, afirmó.
