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El senador panista Damián Zepeda Vidales consideró que, como ha ocurrido en los recientes años, la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), la Ley Federal de Derechos y los Criterios Generales de Política Económica 2024 son “inerciales” y no generarán el desarrollo económico que necesita el país.
El pasado 26 de octubre de 2023, el pleno del Senado aprobó en lo general con 70 votos a favor y 43 votos en contra, el dictamen de la LIF 2024 que estima ingresos totales por nueve billones 066 mil 045 millones de pesos.
En opinión del legislador panista, “el gobierno nunca ha tenido tantos recursos como ahora”, pero el no se estarán usando como palanca de desarrollo en el Paquete Económico. El gobierno federal tampoco ha instaurado un plan que amplíe la base de contribuyentes, para que además de que la gente tenga un beneficio pagando impuestos dándolas de alta, haya más personas pagando impuestos.
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“El sexenio va a terminar con prácticamente nada de crecimiento económico”, señaló el legislador panista. Consideró “preocupante” el endeudamiento de 1.9 billones de pesos proyectado para el próximo año mientras que lo destinado a infraestructura es de 2 mil millones de pesos.
En entrevista con ZETA, el legislador destacó que la deuda en el último año del gobierno anterior andaba en 500 mil millones de pesos. “Hasta el año pasado que fue el récord pidieron 1 billón. Ahorita casi se duplicaron”.
El problema no nada más es que contraten más deuda, sino que “cuando menos la mitad, la van a destinar a gasto corriente”, pese a que la Constitución señala que la deuda sólo es para infraestructura y obras que te generen un retorno.
Consideró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “deliberadamente” estimó el precio de la mezcla de petróleo muy por debajo, en 56 dólares, “pero la realidad es que está arriba de los 80 dólares y hay un diferencial que la crítica es que ese dinero va a entrar y lo que quiere el gobierno es manejarlo de manera discrecional”.
Por otro lado, Zepeda Vidales aseveró que en los próximos días legisladores de oposición trabajan en una controversia constitucional contra la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial, por 15 mil millones de pesos.
“Se dijo que era con fines de austeridad, la verdad es que no lo es, es un ataque político, una venganza del presidente al Poder Judicial porque el Poder Judicial ha estado impartiendo justicia y parando los abusos del presidente cuando hace cosas inconstitucionales, entonces nuestro llamado es que respeten la división de poderes y sobre todo a los trabajadores del Poder Judicial”.
Detalló que la denuncia podría ser bajo dos vías: la primera es que está violando los derechos de los trabajadores que ya tenían, y no se puede aplicar retroactivamente una ley que los perjudica. Y la segunda línea es que la desaparición de los fideicomisos invade la esfera del Poder Judicial en términos de su organización interna, porque tiene autonomía.
Ése sería un alegato muy similar al que se hizo con el INE “de que es tanto lo que se les quita de manera discrecional, que estás afectando la funcionalidad del Poder Judicial”.
“No se trata de proteger privilegios, lo que queremos es que exista un Poder Judicial fuerte, con autonomía, independencia, e imparta justicia para los mexicanos”, añadió.
