Con 259 votos a favor y 205 sufragios en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la propuesta presentada por Moisés Ignacio Mier Velazco -coordinador de los grupos legislativo de Morena en San Lázaro-, para extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que permitiría al Gobierno Federal disponer de aproximadamente 15 mil 450 millones de pesos.
Los sufragios a favor fueron emitidos por los integrantes de los grupos legislativos de Morena, así como de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).
Mientras que los votos en contra fueron emitidos por los diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), los cuales presentaron cuatro mociones suspensivas para frenar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, la mayoría de Morena y sus aliados desecharon dichos recursos. Además, diputados de los diversos grupos parlamentarios presentaron 69 reservas para su discusión en lo particular.
Al fijar la posición de Morena a favor de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro y principal promotor de la iniciativa, acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, de mentir y de utilizar a los trabajadores como “escudo humano”, para defender los privilegios de los ministros.
“Existen fuertes resistencias y fuertes intereses, intentan confundir a la sociedad. Desde la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial como un escudo humano”, dijo el legislador poblano.
Mier Velazco rechazó que la extinción de los fideicomisos afectara los derechos de los trabajadores del PJF, aunque minutos más tarde reconoció que existía un instrumento con 69 millones de pesos, que tenía como objetivo la atención de gastos médicos complementarios.
“Sólo un fideicomiso, uno de 69 millones de pesos, donde aquí vinieron, y quien no se va a conmover con las historias de las familias afectadas, con una persona con discapacidad, pero son 69 millones de pesos para 55 mil 800 trabajadores y 10 mil millones de pesos para los altos funcionarios, esa es la realidad”, dijo el coordinador de los diputados federales de Morena, quien también afirmó que, salvo honrosas excepciones, el PJF se había convertido en el principal obstáculo para garantizar un efectivo Estado de derecho.
“En México, para el pueblo no hay justicia. No hay justicia para el obrero que lucha por sus derechos, ni para el campesino. No hay justicia para las niñas ni mujeres violentadas. No hay justicia para quienes pierden su patrimonio o son víctimas de la delincuencia organizada […] No hay justicia en nuestro País, porque los responsables del Poder Judicial no están del lado del pueblo, sino del lado del poder y del dinero”, insistió el legislador poblano, quien también aseguró que la reforma que extinguía 13 de los 14 fideicomisos del PJF no sólo era legal, sino pertinente y, sobre todo, necesaria y apegada a la división de poderes.
“Nadie le niega el control constitucional a la Suprema Corte, no vamos a permitir que nos nieguen el control presupuestal que no establece la Constitución […] Esta reforma es respetuosa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, Ninguno de los 14 fideicomisos tiene en sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55 mil 800 trabajadores. Que no les mientan, que no los usen de escudo humano”, finalizó Mier Velazco.
Horas antes, Dimpna Gisela Morales González, oficial mayor de la SCJN, negó que el Poder Judicial de la Federación transfirió los subejercicios a los fideicomisos que Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión querían extinguir, porque estos eran reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
“No, no transferimos subejercicios, las disponibilidades las reintegramos a la Tesorería de la Federación, a lo largo del año, nosotros también emitimos, los tres órganos, nuestras medidas de racionalidad, austeridad y aquellas que aplicaremos en nuestro gasto de operación”, aseguró Morales González.
Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Justicia de San Lázaro, para el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, la funcionaria judicial resaltó que “la compensación garantizada, que ha sido un concepto que ha salido en diversas discusiones, como la gratificación de fin de año y algunas otras, son conceptos que la propia Ley Federal de Remuneraciones considera como parte de las percepciones ordinarias y extraordinarias de todos los servidores públicos, de todos los poderes”.
“Todos ustedes podrán encontrar en sus recibos de nómina estos conceptos, la gratificación de fin de año como parte de una percepción extraordinaria que se otorga al cierre del año, nosotros nos apegamos, de hecho, al mismo criterio que emite el titular del ejecutivo federal para la gratificación de fin de año y la compensación garantizada forma parte del sueldo tabular mensual, es una percepción ordinaria”, subrayó Morales González.
La oficial mayor de la SCJN destacó que en lo que iba del 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habían generado ahorros y economías por 700 millones de pesos. “Nosotros hemos reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP] y ustedes lo pueden ver en los informes de las finanzas públicas”, abundó, para luego indicar que a partir de 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó auditorías a los fideicomisos del PJF.
“En ninguna parte de esos informes podrán encontrar una aseveración de la Auditoría Superior de la Federación, relativa a la ilegalidad de la conformación de los fideicomisos o a un manejo inadecuado de los mismos”, aseveró Morales González.
