Mala planeación, sobrecostos, pago de cargos indirectos y por trabajos no realizados fueron las irregularidades detectadas en la construcción del puente desnivel del Bulevar Lázaro Cárdenas y Río Nuevo, el Puente Magisterial y el Puente El Gallo, entre otros proyectos de infraestructura.
Estas obras fueron financiadas con la deuda de 3 mil millones de pesos a pagar en 20 años, aprobada por la XXIII Legislatura del Congreso de Baja California a escasos meses de que dejara el cargo el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez.
En su Informe Individual, la Auditoría Superior del Estado (ASE) señala que se encareció 53.46% la construcción del paso a desnivel del Bulevar Lázaro Cárdenas y Río Nuevo en Mexicali, al pagarse 104 millones 882 mil 388.36 pesos por 129 trabajos no contemplados originalmente en la licitación y que eran necesarios, como la construcción de la Línea de Transmisión de Alta Tensión y el suministro, la fabricación y el traslado de una trabe.
La obra contratada con la empresa Arca del Pacífico, S de RL de CV terminó costando 242 millones 861 mil 775.48, IVA incluido. En ella también se detectó que la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) pagó 560 mil pesos por cargos indirectos por la supervisión técnica estructural de Alleste Ingeniería, infringiendo las Reglas Generales de Contratación y Ejecución de Obras Públicas.
En el Puente El Gallo de Ensenada, asignado a Constructora Makro, SA de CV por 179 millones 22 mil 322 pesos, se identificó un pago indirecto por 413 mil 835 pesos por adquisición de un plotter HP, un dron, un GPS y una estación total Ruide. Aparatos que al final resguardó la SIDURT.
La ASE también observó que el costo de la construcción del Puente Magisterial en Playas de Rosarito incrementó 44.48%, al pagarse 35 conceptos de obra extraordinaria. El proyecto -contratado con Infraestructura Pública y Obra Civil, SA de CV y Concretos Preforzados de Baja California, SA de CV– costó 46 millones 575 mil 603 pesos (IVA incluido).
La mala planeación de las obras llegó a tal punto que en la construcción del puente vehicular Emiliano Zapata en la delegación San Vicente en Ensenada, el proyecto contemplaba una longitud de 60 metros, pese a que el derecho de vía era de 40 metros y no contaba con estudios preliminares necesarios como estudios topográficos y geotécnicos.
La SIDURT, entonces encabezada por Karen Postlethwaite Montijo y Luis Fernando Verduzco Félix, también pagó 269 mil 238 pesos por trabajos no ejecutados en la construcción de estacionamiento del Nuevo Centro de Justicia Penal en Tijuana y en la infraestructura del Centro de Justicia Penal en Tijuana.
El 26 de septiembre, integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público aprobaron por unanimidad el Dictamen 336 que no aprueba la Cuenta Pública del último año de Bonilla Valdez. Actualmente se evalúa cuándo podría subirse al pleno del Congreso para ser votado.
Para Octavio Sandoval López, titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali, las irregularidades no deben “quedar” en el rechazo de la Cuenta Pública, sino investigarse exhaustivamente y deslindar responsabilidades, al ser “evidente que existieron actos de corrupción que no han sido castigados”.
“En Baja California, en los últimos 20 años, no ha sido procesada una sola persona por actos de corrupción” en un clima de impunidad. En ese sentido, el líder empresarial refirió el caso del ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid por facturas infladas por mil 200 millones. En la administración de Bonilla Valdez, “donde le toques hay actos de corrupción, porque el señor se dedicó solamente a robar a los bajacalifornianos”, consideró.
En opinión de Sandoval, el Congreso se ha quedado “corto” al aprobar la Cuenta Pública 2021 de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) aun cuando tenía irregularidades de Fisamex, y la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP)no ha dado resultados de las investigaciones a dos años de gestión.
Los diputados que aprobaron la deuda de Bonilla y el contrato plurianual para la planta fotovoltaica de Next Energy no tienen calidad moral para cuestionar y deberían ser llamados a cuentas, aunque sigan ocupando cargos públicos, como el diputado Juan Manuel Molina García, Montserrat Caballero Ramírez (actual alcaldesa de Tijuana) y Rosina del Villar Casas, actual titular de la SHFP, entre otros, por esas autorizaciones calificadas como ilegales. “Creo que Bonilla también debe ser llamado por el Congreso para dar una explicación”, dijo.
Cuestionado sobre la corresponsabilidad del Congreso en las irregularidades detectadas, García Molina rechazó que los legisladores hayan dado un “cheque en blanco” a la administración de Bonilla Valdez. Acusó que el gobierno “hizo una perversión” de la autorización del Congreso.
“Como diputados respondemos hasta cierto punto, pero hay un momento en que ya está fuera de nuestro margen de acción y es estrictamente del Ejecutivo”, e inclusive de los contratistas. “Cada quien que asuma su responsabilidad”.
SIN COMPROBARSE BENEFICIARIOS DE PROGRAMA SOCIAL
“Hay gente que recibe una postulación, enarbola un proyecto, sale hacia adelante. Honestamente en unos y otros proyectos de tal o cual color ha habido gente que acierta y hay otra que no acierta, y no se puede juzgar a la generalidad”, dijo Molina Garcíarespecto a que la primera administración estatal emanada de Morena (partido que lleva la premisa de “Primero los pobres”) no entregó apoyos sociales.
En una verificación de la ASE al programa Impulso a la Economía Social Vales de Gas de la Secretaría de Integración y Bienestar, se encontró que sólo 14% de 100 personas entrevistadas recibió el apoyo social. De éstas, sólo 2% tenía alguna discapacidad o era de la tercera edad, por lo que no se cumplieron los objetivos ni las reglas de operación del programa.
A la gestión de Alma Sarahí Arellano Rosas y Clarissa Jannette Leaño Galván también se le observaron dos pagos por un monto global de 268 mil 430 pesos para estudios geofísicos para la construcción dos albergues en la colonia Infonavit Latinos de Tijuana, sin que exista evidencia de su elaboración. Ambos contratos fueron con Mepav Construcciones, S de RL de CV.
Por otro lado, la ASE identificó que en la administración estatal 186 empleados fueron basificados en lapso menor a 146 días laborados incumpliendo la Ley. De éstos, 136 recibieron la basificación el mismo día que comenzaron a trabajar para el gobierno estatal.
Respecto a cómo entender esa basificación sin la complacencia del sindicato, que entonces dirigía Manuel Guerrero Luna, actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Molina García respondió:
“Las basificaciones patronales son situaciones inusuales”, y consideró que el Sindicato de los Burócratas del Estado es quien debe emitir una opinión.
Para el presidente de Coparmex Mexicali, dichas basificaciones son arbitrarias y el Congreso debe investigar cómo se dieron y nulificarlas, al incurrir en ilegalidad y abuso de autoridad. “Toman al gobierno como una agencia de colocaciones y al presupuesto como un botín de pillos que se están repartiendo. Hay mucha gente que ha trabajado muchos años y está esperando la basificación, el escalafón, y no se les dan las oportunidades; sin embargo, llegan unos oportunistas alineados al que está en el gobierno y terminan haciendo esa asignación”, declaró Octavio Sandoval.
DESASEO CONTABLE: SIN REGISTRAR CONTRATO DE NEXT ENERGY
La ASE observó que la administración de Bonilla Valdez gastó más de 210 millones de pesos que los ingresos obtenidos durante 2021, incurriendo en un déficit presupuestal. Así, en 2021 el gasto total ascendió a 70 mil 182 millones 222 mil 953 pesos.
El gobierno de Bonilla Valdez presentó un balance presupuestal de recursos disponibles negativo por 2 mil 768 millones 563 mil pesos, sin informar las razones excepcionales que lo justifiquen. Tampoco registró el contrato plurianual de energía con Next Energy para una planta fotovoltaica por un costo total de 37 mil 529 millones 389 mil 041 pesos, a pagar en contraprestaciones mensuales durante 29 años.
“No se cuenta con documentación completa y/o expediente administrativo” sobre la situación jurídica de dicho contrato, apuntó la ASE.
En otra observación se indica que el gobierno reconoció obligación de pago por 6 mil 493 millones de pesos mediante constancias de inversión y facturas, sin que exista evidencia de la compra de módulos fotovoltaicos, baterías y un sistema de medición en el mismo caso de la planta fotovoltaica.
Además, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez otorgó por adjudicación directa contratos a 29 proveedores por 510 millones 153 mil 534 pesos, pese a que debieron ser licitaciones para adquirir cubre bocas, asesorías legales, contables, jurídicas, renta de vehículos, despensas y desayunos comunitarios, calcomanía, placas, tarjetas de circulación vehicular y licencias de conducir.
Entre las 64 observaciones hechas por el máximo organismo fiscalizador del Estado, destaca el adeudo de 191.4 millones de pesos en el Fideicomiso Empresarial que la administración de Bonilla “pagó” con predios, y la deuda de 184 millones de pesos al Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado, ambos casos, violando la Ley de Ingresos.
PREVÉN MÁS DENUNCIAS CONTRA EX FUNCIONARIOS
El consejero jurídico Juan José Pon Méndez afirmó que una vez aprobado en el pleno el Dictamen 336 que rechaza la Cuenta Pública 2021 del Poder Ejecutivo, podrían presentarse más denuncias administrativas y penales.
Octavio Sandoval López se mostró escéptico de que realmente las denuncias se judicialicen y se finquen responsabilidades, ya que consideró que Del Villar Casas “ni siquiera ha dado la cara”. En tanto, Molina García descartó que se vaya a citar a comparecer a la titular de la SHFP por las irregularidades encontradas en la Cuenta Pública 2021, aunque aprovecharán la glosa del Segundo Informe de Gobierno para que se proporcione más información sobre las investigaciones
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