Conforme a estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE) proporcionadas a ZETA, 371 niños y adolescentes han sido asesinados en Baja California entre 2017 y 2023; 25 de estas muertes violentas han ocurrido en el año en curso.
Sólo entre enero y agosto, la fiscalía bajacaliforniana inició 886 carpetas por delitos cometidos por niños y adolescentes, lo que refleja un aumento comparado con los 593 expedientes abiertos de 2022.
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De ese total, por las condiciones del menor y dadas las garantías de Ley, únicamente 225 fueron judicializaron; 49 de estos adolescentes fueron capturados por delitos contra la salud, 33 por violación, 31 por portación de arma de fuego, 22 por robo con violencia, 19 por robo simple, 17 por lesiones y seis aprehendidos por homicidio, entre otros delitos.
El resto se han procesado con acuerdos reparatorios, sobreseimientos, suspensiones o incompetencias.
Siete adolescentes entre 14 y 18 años fueron privados de la libertad la madrugada del domingo 24 de septiembre del rancho El Potrerito en Zacatecas, por un numeroso comando armado. El día 27, seis de ellos fueron localizados asesinados, mientras un sobreviviente fue hospitalizado.
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Un día antes, las autoridades detuvieron a otros dos adolescentes que “pudieran tener relación con los hechos de desaparición”.
Desde hace 13 años, organismos de Derechos Humanos han denunciado el impune reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado. Adultos los amenazan, les ofrecen poder, les prometen dinero o los guían a dar continuidad al negocio criminal de su familia; los corrompen sin que su acción sea penalizada o combatida por el Estado.
Precisamente Zacatecas ocupa el primer lugar nacional en homicidios cometidos contra menores de edad, un total de 446 fueron asesinados sólo entre los años 2018 y 2022. En ese período, el segundo lugar corresponde a Tamaulipas, con 382 víctimas; seguido de Baja California, con 192; Nayarit, 143; y Michoacán, 140.
De acuerdo a estadísticas proporcionadas por las fiscalías de los estados, a la Comisión Especial contra la Violencia de Niños, Niñas y Adolescentes de la Federación Mexicana de Organismos de Derechos Humanos (FMODH), para realizar el diagnóstico que fue remitido junto con una Solicitud de Intervención al Alto Comisionado para los Derechos Humanos en las Naciones Unidas “respecto a la falta de acciones específicas de prevención, por parte del Estado mexicano para brindar protección a las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia criminal en México” el pasado agosto.
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El plan, encabezado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, es iniciar un litigio estratégico y probar que el Estado mexicano no está protegiendo a los menores, para que el organismo internacional emita observaciones, recomendaciones y posibles medidas extraordinaria de protección, además de obligar al Estado para que asignen presupuestos, acciones y mecanismo que fortalezcan las áreas de atención a niños y niñas.
Pero esta danza de números tampoco refleja la gravedad de la realidad, ya que muchas fiscalías se resistieron o negaron a proporcionar datos, dado que ni siquiera separan la información de los menores víctimas o victimario, ante lo cual las Comisiones de Derechos Humanos están pidiendo que el Estado establezca un mecanismo para concentrar la información de la violencia criminal relacionada con los menores de edad.
Acusan condiciones de violencia estructural del Estado contra adolescentes y niños en concurrencia con el crimen organizado y un patrón de impunidad sistémica.
Sin cifras oficiales, en el informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado (2015), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refirió que estudios académicos estimaban entre 30 mil y 35 mil menores cooperando con grupos criminales en México.
Analizando científicamente decenas de factores de vulnerabilidad, incluidos datos de niveles de educación, escolaridad, pobreza, desintegración familiar e incidencia criminal, en un estudio presentado en 2021, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) determinó que casi 4 millones de menores mexicanos viven condiciones que los convierten en presa fácil para los reclutadores del crimen organizado.
Del total antes marcado, poco más de 112 mil de esos niños y adolescentes viven en BC; de ese total, más de 15 mil están en situación de amenaza y 2 mil 837 en permanente situación de riesgo.
CIENTOS DE NIÑOS ASESINADOS EN BC
Aunque las cifras proporcionadas a ZETA por la FGE bajacaliforniana y a la Federación Mexicana de Organismos de Derechos Humanos (FMODH) son diferentes, las muertes de niños y adolescentes en BC en los últimos cinco años, siguen contándose por cientos.
*Cifras facilitadas por FGE en febrero de 2022
– Cifras hasta agosto 25 de 2023.
En Baja California, la mañana el 7 de agosto de 2023, Liam, de 4 años, fue asesinado en Tecate por hombres encapuchados que desde una Tahoe negra le dispararon al auto en el que circulaba con su madre, su hermano de 12 años, otro adulto de 24 años y la abuela, de 48 años, que fue privada de la libertad en el mismo ataque.
También, cerca de la medianoche del 3 de agosto, en un domicilio de la colonia Granjas El Gallo en Ensenada, dos hermanos adolescentes de 11 y 13 años fueron privados de la vida a balazos por un sujeto que metió la mano por la ventana de su cuarto y disparó en dirección de las dos camas.
Por este caso, la FGE detuvo y vinculó a proceso a Jesús Roberto Collín Ortiz (Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP), ex pareja de la madre de los menores; tendrá hasta noviembre para presentar pruebas en su contra.
En Tijuana, el 12 de junio, fue asesinado un adolescente de 15 años, era hijo del payaso profesional que amenizaba el festejó infantil en el que el menor fue atacado en Colinas de la Mesa.
Mientras en Mexicali, el 23 de marzo, capturaron a Ramón N, de 53 años de edad; José Ernesto N, de 46; y Alejandro N, de 40, tras presuntamente asesinar a balazos a un adolescente que caminaba por la colonia Alamitos.
Adicionalmente, en lo que va del año seis menores han sido detenidos como presuntos responsables de homicidio. En 2022 capturaron a 12.
LESIONES
“Tuvimos hace unas dos semanas un incidente muy terrible de un joven que lesionó a una niña en una escuela aquí en una secundaria aquí en Tijuana. Fue un asunto mezclado con acoso, las palabras al momento de la agresión fueron ‘Yo también estoy en ese chat’, sintiéndose agredido por la publicación”, recordó la maestra Luz María Félix Figueroa, fiscal especializada en Justicia para Adolescentes en Baja California.
“En Mexicali, una jovencita lesionó a una prefecta, la niña no la llevaba un arma, sino que le estaba llamando la atención y cuando le dice que se retire, se levanta, le da la espalda, la menor toma unas tijeras y la pica”, refirió la funcionaria.
Actualmente 17 menores son procesados por el delito de lesiones en BC; 30 fueron juzgados el año pasado.
DESAPARECIDOS
En los meses recientes, una adolescente salió de su casa en la colonia Natura en Tijuana, el padre denunció que estaba desaparecida y lo más seguro era que se la llevaron víctima de trata porque es bonita. La FGE la registró como no localizada -no estaba acreditada una desaparición forzada-, pasaron cuatro días y el padre organizó una marcha y manifestación.
“Más o menos al mismo tiempo, encontramos unos videos de que a la hora que desaparece, sale corriendo de su casa, sola, con una mochila grande. Seguimos trabajando y la localizamos en casa de una amiga”, refirió Alejandro López Reyes, fiscal de Unidades Especializadas.
Entrevistada, la menor dijo “pasan muchas cosas malas en mi casa”, detalló que su padre vendía droga, “yo no me quiero regresar a mi casa porque me ponen en riesgo, llévenme al DIF”, y eso hicieron.
“Pero estos casos son los menos”, dijo el fiscal, “la mayoría tiene que ver con que los jóvenes se pelean con los padres por temas familiares, y cuando regresan, no reportan que los encuentran y nosotros no los podemos dar de baja de la estadística”.
En lo que va de 2023, en BC se ha denunciado la desaparición de 618 menores; 411 han sido localizados y 207 permanecen desaparecidos, los cuales se suman a los 273 que siguen registrados como no localizados desde el año pasado.
MIL PESOS A LA SEMANA
Robo, robo de auto, al tráfico de drogas, privaciones de la libertad, homicidio, es el camino de los menores en los grupos delictivos.
Recientemente, en una preparatoria de Tijuana, un joven llegó con gran cantidad de droga en una bolsa, el director de la escuela se percató, lo llamó a la dirección, le incautó la mochila y, mientras le explicaba que llamaría a la Policía, recibió una llamada a su celular: “Déjalo ir con todo y la mochila, porque estás rodeado”. Se asomó y era verdad.
El adolescente, con excelencia académica, ofreció disculpas, aseguró que lo estaban obligando a vender y que la consigna era hacerlo dentro de la escuela. El directivo decidió sancionarlo, darle la opción de concluir el semestre “en línea” desde casa, acompañarlo a la salida, informar de los hechos y denunciar.
De acuerdo a las versiones de los menores detenidos, el pago promedio por pertenecer a un grupo delictivo es de mil pesos a la semana, y para aquel que se decide a participar en un asesinato, son 5 mil pesos extras.
Uno de estos adolescentes recientemente procesados recibió la visita de su madre en la fiscalía, a quien le dijo frente a los investigadores: “No te preocupes, la empresa te va estar dando dinero mientras yo esté aquí”.
Entrevistada, la maestra Luz María Félix Figueroa aseguró que los menores reclutados son pocos entre los detenidos, usualmente las bandas criminales acceden a ellos en zonas donde viven, no en las escuelas, “quieren completar para un teléfono, una computadora, les dicen ‘vas a formar parte de un corporativo’, ellos quieren ser parte de una organización y les dicen que van a tener un lugar importante”.
La fiscal refirió los casos que a ella le ha tocado recibir -a partir del junio de 2022-, en los que padres no han sido señalados como promotores de la actividad o parte de esa vida criminal, sin embargo, permiten que los menores se conviertan en el sostén de las casas, por lo que resulta evidente que saben.
Salvo el caso del ataque armado cometido el 2 de julio de 2022 por un numeroso comando en contra de Héctor El Tolín Infante, al cual sobrevivió porque su hijo de 15 años, armado, lo apoyó disparando durante la balacera.
El Tolín, identificado como presunto narcotraficante con operatividad en Mexicali e integrante de la célula de Los Rusos, fue detenido después del atentado, porque a mano armada, intentó conseguir ayuda médica para su hijo menor herido.
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MENORES QUE DELINQUEN EN TIJUANA Y MEXICALI
Para tener contexto del comportamiento delictivo de los menores en los municipios de mayor incidencia, ZETA solicitó información y entrevistas con los responsables de la seguridad de Tijuana, Mexicali y Ensenada.
Al cierre de edición, sólo el director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, David Armando Sánchez González, no atendió la petición.
José Fernando Sánchez González, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, detalló que en el presente año, la Policía Municipal ha detenido a 77 menores de edad por delitos; el 23% de los detenidos por delitos de alto impacto son jovencitos.
La mayoría son aprehendidos por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, pero tratándose de delitos, los más comunes cometidos por adolescentes son portación de arma de fuego, robo de vehículo y narcomenudeo, delito en el que recientemente ha aumentado su participación. En zonas Norte y Centro, Camino Verde, Sánchez Taboada y Libertad parte alta, se tienen detectada mayor actividad delictiva de niños y adolescentes.
El Ayuntamiento de Tijuana informó que para prevenir la incursión de menores en actividades delictivas, la Secretaría de Seguridad tiene cinco programas; la Secretaría de Bienestar, ocho; y la de Gobierno y Educación, uno, respectivamente, los cuales han tenido, el que menos, 450 beneficiados por terapias, y el que más, 92 mil estudiantes beneficiados durante 2023, con intervenciones dentro del proyecto Mi Escuela Segura.
Por su parte, Pedro Ariel Mendívil Sánchez, director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, explicó que este año han detenido a 394 menores; 132 por delitos y 262 por faltas, representando el 2% del total de las aprehensiones.
“En mi opinión, es un número no extraordinario, pero sí importante, que nos da una pauta a seguir en el tema de incidencia delictiva de los menores en Mexicali”, dijo.
El delito en que más han incurrido los menores en la Capital bajacaliforniana es daño en propiedad ajena; seguido de provocar, incitar o participar en riñas; y tercero, portación de armas. Su participación en temas de narcomenudeo no es significativa, aseguró el mando.
La mayoría de las detenciones se deben a faltas administrativas, causar escándalos o molestias en vía pública, ingerir bebidas alcohólicas o faltar al respeto a personas.
Por delitos de alto impacto, “traemos seis menores de edad detenidos, no los tenemos involucrados ni en homicidios, ni en narcotráfico o narcomenudeo, ni privaciones ni secuestros. La intervención de estos menores es generalmente en delitos sexuales. Una conducta que se refleja entre propios menores de edad, pero para el tipo penal está sujeta a sanción”, aclaró Mendívil.
Comparada con el año pasado, la participación de los menores se redujo un 5% en la Capital de BC. Las áreas en que los mapas de calor han detectado mayor participación delictiva de menores son las zonas Oriente, Oeste y Central; en cuanto a colonias, Televisora, Lomas Altas, Robledo, Valle de Puebla, Baja California, Infonavit, Fovissste y Villas del Rey.
“Ahí trabajamos mucho con los jóvenes, tenemos programas en primaria secundaria, procuramos trabajar mucho en prevención del delito, en el uso de fentanilo, del alcohol, de las drogas y todas las consecuencias que puede generar en su salud, la salud familiar y social”, comentó.
En el transcurso de 2023, 26 mil 113 menores han sido beneficiados con alguno de los seis programas preventivos de la Dirección, que incluyen recuperación de espacios, atención psicológica, pláticas, talleres, incorporación de adolescentes al servicio social, canalización al INEA, entre otros.
ADOLESCENTES LLEVAN PROCESOS EN LIBERTAD, INCLUSO POR HOMICIDIO
De acuerdo a la Ley para Niños y Adolescentes, existe un catálogo de 12 delitos por los cuales pueden ser detenido, pero la pena máxima por los crímenes de alto impacto son seis años. Incluso cuando los menores son sentenciados por homicidio, pueden purgar en libertad condicional o salir “si el juez determina que reúne las condiciones de arraigo, que está escolarizado, que tiene atención familiar y que el delito fue circunstancial”, expuso la fiscal Luz María Félix Figueroa, lo cual es aprovechado por grupos criminales.
“Sin embargo, procuramos que todos aquellos asuntos que sí vamos a judicializar terminen en una sentencia, excepcionalmente puede haber una, una suspensión”, manifestó.
En 2023, 225 asuntos se han judicializado; 188 de los detenidos fueron vinculados a proceso y sólo 23 se quedaron internados de manera preventiva; 47 quedaron en libertad asistida o condicional; once fueron dejados en libertad y a los 145 restantes se le aplicó alguna medida de oportunidad o acuerdo reparatorio,
“La Fiscalía especializada en Justicia para Adolescentes, que está a mi cargo, trabaja en dos vertientes. Una es las Unidades de Investigación para Adolescentes, atendemos aquellos asuntos que nos remitan las policías únicamente del fuero común, cuando un joven mayor de 12 y menor de 18 ha cometido una conducta delictiva y ya nos corresponde verificar si reúnen los requisitos para iniciar una carpeta de investigación o gestionar una medida diferente, porque de acuerdo a la Ley, nuestro objetivo principal es la prevención”, expuso Félix.
“El objetivo no es judicializarlo, criminalizar, sino ver qué tratamiento vamos a hacer con él. Por eso tenemos un gran número de jóvenes o de asuntos que llegan con nosotros, pero no todos terminan en una sentencia, todos son atendidos. El mayor número que tenemos, son aquellos a los cuales les aplicamos criterios de oportunidad a través de la Dirección de Niños y Niñas en Riesgo Delictivo, que proporciona da atención psicológica, jurídica, trabajo social. Los enviamos a tratamiento de desintoxicación, psicológico, psiquiátrico, y les damos seguimiento”, agregó.
Dadas las garantías de Ley, por ejemplo, el delito de narcomenudeo o las amenazas cometidas por menores no ameritan prisión preventiva, “y sabemos que eso desanima a las policías, nos damos cuenta con las estadísticas que muy probablemente han decidido dejar de traerlos” para ahorrarse el papeleo.
Actualmente en Baja California, los delitos más comunes entre adolescentes son amenazas, acoso, delitos contra la imagen y lesiones. Reciben mínimo uno a la semana en los municipios más numerosos, pero también “gran cantidad de jóvenes por abuso sexual, un porcentaje muy alto este violencia familiar y narcomenudeo”.
En su opinión, la mayoría de los menores delinquen por falta de supervisión, “creemos que por el físico ya son grandes, pero definitivamente no, y empiezan a tomar decisiones que no son las correctas y los padres no ponen atención”, consideró la fiscal.
Por lo que la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo tiene acuerdos con las escuelas a través de tres programas preventivos: “En 2022 atendimos a mil 080 jóvenes con orientaciones jurídicas, asesorías psicológicas, expedientes determinados. En 2023 llevamos 7 mil 294 jóvenes atendidos, aumentamos la cantidad”, finalizó la maestra Luz María Félix Figueroa.
