Para 2030 la penetración de vehículos híbridos y electrónicos será de 19.1% del total del mercado mexicano, porcentaje que podría aumentar hasta 38.9% si se aplica un Plan Nacional de Electromovilidad, estimó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMDA).
De concretarse un plan impulsado por la Presidencia -que fuera vinculante e incluyera un esquema de incentivos que afecten el precio de los vehículos y la manufactura de los autos eléctricos-, se reducirían 10.4 millones de toneladas de bióxido de carbono, con lo que nuestro país cumpliría metas de emisiones contaminantes y ahorraría en subsidios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
No incentivar la electromovilidad provocará que “difícilmente” se alcance el compromiso internacional del gobierno mexicano sobre emisiones contaminantes. Además, existe el riesgo de que la industria automotriz mexicana pierda el “liderazgo” en la manufactura de vehículos a nivel mundial, alertó el organismo encabezado por Guillermo Rosales Zárate.
Datos de Frost & Sullivan señalan que en nuestro país hay alrededor de mil 336 estaciones de carga pública o semi pública con 3 mil 206 conectores, que en promedio representa 2.4 conectores por estación.
“Si bien México es el país con mayor número de puntos de carga en América Latina, existe una necesidad importante de incrementar el número de estaciones de carga para lograr una mayor adopción de vehículos eléctricos”, urgió la AMDA.
Baja California cuenta con más de 220 centros de carga instalados gracias a las donaciones de Tesla y BYD sobre todo en zonas turísticas, aseguró el secretario de Economía e Innovación del Estado, Kurt Honold Morales.
En su opinión, esta medida evita que el turismo que tiene automóviles eléctricos deje de llegar a la entidad, y previó que en el Congreso se aprueben modificaciones a la Ley para que se pueda cobrar la carga eléctrica como se hace en otras partes del mundo, “para que, si quieres cargar tu vehículo en un centro comercial, pagues como en una gasolinera”.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Carlos Jaramillo Silva, consideró que para el sector transportista mexicano existen varios retos que permitan cumplir con la disposición de California, Estados Unidos, que determina sustituir 10% sus camiones de diésel a eléctricos en 2025.
“Las plantas de producción no tienen la capacidad de abastecer los camiones que la industria requiere”, aunado a que el costo de los camiones eléctricos inhibe que el mismo transportista pueda renovar su flotilla, es decir, cómo se va a financiar para adquirir unidades nuevas.
A ello se suma el que no existen suficientes centros de carga y la duración de las baterías cuando los cruces fronterizos tomen entre seis y siete horas, así como el tema energético del Estado en cuanto a potencia. Datos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) indican que un camión nuevo de diésel cuesta alrededor de 200 mil dólares, cantidad inferior a los cerca de 500 mil dólares del precio de un eléctrico. Además, deben adquirirse cargadores de 150 mil dólares, por lo que el transporte fronterizo mexicano “no estaría en condiciones financieras para hacer frente a este cambio”.
