Baja California vive dos realidades: la que el Gobierno del Estado y ayuntamientos pretenden imponer mediante discursos y redes sociales; y la de la violencia que se vive todos los días. Para lo primero se da todo el impulso, mientras que lo segundo es un grito en la nada por parte de víctimas
El lunes 7 de julio, el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, sostuvo una reunión con colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes de Tijuana. Ahí, intentó hacer su conocida faena de prometer, pero no comprometerse; de hablar, pero decir nada.
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La cita no era con todos los colectivos, sólo con un grupo que tiene tomadas las instalaciones de la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP) en Tijuana, con la intención de convencerlos para que permitieran el acceso.
Esto molestó a colectivos de Mexicali que se apersonaron sin invitación para unirse a la comitiva, pero al no encontrar resultados en sus palabras, los propios colectivos decidieron abandonar la reunión.
“Gobierno pasivo”, reclamó Irma Leyva, quien tiene poco menos de 20 años buscando a su hijo Diego.
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Transcurrieron más de 20 días para que el Poder Ejecutivo se acercara a las oficinas para sostener una reunión; en ese tiempo que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda estuvo en una gira de trabajo por Estados Unidos, se localizó un campo de exterminio con 17 cuerpos en la colonia Miguel Alemán en Mexicali, entre otros hallazgos realizados en toda la entidad.
El fiscal Ricardo Iván Carpio y el comisionado local de Búsqueda de Personas, Rafael Hernández, han trabajado tibiamente para definir el método de acción, pero por parte del Poder Ejecutivo, nadie está asumiendo la responsabilidad de las necesidades de familiares con personas desaparecidas.
Más de 20 días y siguen las oficinas tomadas en Tijuana; familiares no tienen respuesta y las búsquedas y hallazgos continúan pese a que no se cuenta con el equipo suficiente, al estar bajo resguardo de las mismas oficinas de la CLBP
Ante la incapacidad de Catalino Zavala, Rebeca Vega y Rafael Hernández de resolver las pugnas entre colectivos que ellos mismos han generado, la situación está a punto de estallar.
Desesperados, grupos de padres y madres de familias ya analizan la posibilidad de tomar las oficinas por sus propios medios y liberar el edificio para hacerse de la herramienta y maquinaria para continuar con su búsqueda, lo cual representaría un conflicto físico y directo entre colectivos de familiares, orillados a confrontarse por la inacción y pasividad del actual gobierno que prefiere esconderse en discursos, retórica y buenas noticias, que realmente atender la problemática que se está convirtiendo en la crisis del sexenio, debido a su propia inoperancia.
Desde hace un año se tiene advertido el conflicto. Durante ese tiempo se han dado jaloneos y señalamientos que han ido creciendo, pero ningún funcionario tiene la capacidad de salir de sus oficinas, conversar con las víctimas y ayudarles a resolver sus problemas.
Pese a ello, el Poder Ejecutivo no mantiene cambios: Catalino Zavala y Rebeca Vega siguen como interlocutores cuando pelean con la mitad de los grupos; Rafael Hernández sigue encabezando una institución que no dirige por su propia incapacidad y la gobernadora continúa minimizando la gravedad del tema y las consecuencias que podrían generar su inacción.
Sí los colectivos llegan a otros niveles de hostilidad, será por culpa exclusiva de la pasividad gubernamental y la indolencia para atender sus demandas, que no son más que las inherentes a su trabajo.
