El comisionado suplente que se hiciera de la presidencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante un tramposo golpe de Estado, cumplió un año protegiendo a la empresa y su contrato con el Poder Ejecutivo
José Rodolfo Muñoz García, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), sigue cumpliendo con la instrucción de ser un funcionario dócil y servil a los intereses del Poder Ejecutivo en temas coyunturales… y lo hace sin preocupaciones.
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El 6 de julio se cumplió un año de que este medio de comunicación solicitó mediante una petición ante Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la revisión del expediente 021166022000155, en el que se solicita al Poder Ejecutivo, concretamente a Oficialía Mayor, copia del contrato signado entre el Estado y la empresa Seguritech Privada, encargada de brindar el servicio de cámaras de video vigilancia, fibra óptica, arcos carreteros, entre otras cuestiones, por el cual los bajacalifornianos pagarán 1.2 mil millones de pesos en cinco años.
La oficial mayor Rocío López Gorosave -protectora de José Rodolfo Muñoz García- decidió negarle a la ciudadanía conocer los pormenores del contrato y reservó la información por cinco años mediante el mandato a sus tres funcionarios Sergio Avitia Rubio, analista jurídico de Normatividad; Patricia Álvarez García, coordinadora de Transparencia; y Eding Díaz Galván, coordinador de Programación y Presupuesto.
Ellos decidieron proteger los intereses de Seguritech Privada y reservar la información, tal como lo hiciera el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, cuando comprometió las arcas del Estado por casi 800 millones para favorecer a dicha empresa que, cabe señalar, en ninguno de los dos contratos tuvo una competencia real de licitación; les regalaron el proyecto.
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ZETA solicitó los pormenores del compromiso e incluso una versión pública del mismo, pero el Estado se ha negado bajo el falso argumento de que poner en evidencia dicha información representaría un riesgo para la vigilancia del Estado, cuando en todo el país se han visto obligados a exponer la información luego de litigios sólidos.
Es decir, los gobiernos estatales protegen a Seguritech a sabiendas de que violan la Ley y ocultan información. Y es que el conocimiento del tipo de cámaras y de arcos carreteros -se ha demostrado- no representan un riesgo para la entidad, partiendo del hecho de que ambos objetos son visibles con el simple hecho de pararse junto a ellos.
Desde el 6 de julio de 2022, el expediente se encuentra empolvado en la oficina de José Rodolfo Muñoz García, comisionado suplente -por cierto, el Congreso sigue sin buscar ocupar ese espacio cuando se extendió su nombramiento al sustituir la vacante que dejó Cinthya Denise Gómez Castañeda- y “golpista”, pues mediante un acuerdo político, tumbó a Alberto Sandoval de la titularidad que le correspondía en el ITAIP.
Hay que recordar que luego de la solicitud, en agosto aceptó recibir el expediente y la propia plataforma del ITAIP indica que la resolución debió emitirse a más tardar en octubre de 2022, pero no ocurrió. Por el contrario, ya pasó un año desde que se hizo la petición y el comisionado presidente sigue pateando el bote para no meterse en problemas con el Poder Ejecutivo.
Asimismo, ha transcurrido más de un año que el Legislativo aprobó al Ejecutivo la contratación plurianual del proyecto Seguritech, exhibido públicamente en varias entidades como una empresa que infla los precios de sus productos, participa en violaciones a reglamentos y leyes de licitación, incumple con los compromisos firmados y entrega equipamiento insuficiente o deficiente.
Sin embargo, desde la administración de Enrique Peña Nieto, varias entidades del país continúan firmando contratos con Seguritech Privada… por alguna extraña razón será.
