Grupos del crimen organizado dedicados o no al narcotráfico participan en el secuestro de migrantes a lo largo del país en contubernio con choferes de ómnibus y algunos representantes de autoridades federales o locales, es la conclusión visible después de un incremento en este fenómeno durante 2023, principalmente en las regiones del Norte fronterizas con Estados Unidos, coinciden versiones de defensores de derechos humanos y declaraciones de funcionarios públicos.
Aunque no se cuenta con cifras desagregadas en los indicadores delictivos relacionados con el delito de secuestro, para Graciela Zamudio Campos, directora de Alma Migrante, Asociación Civil, es notorio que en los últimos meses, más a partir de marzo, se acentuó una ola de secuestros masivos de personas en contexto de movilidad, sin que se advierta una reacción de las autoridades para establecer una política migratoria adecuada para prevenir, investigar y sancionar estas conductas.
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El parámetro más reciente para estimar la progresividad criminal en la privación ilegal de la libertad de personas migrantes, no todas indocumentadas, es la denuncia formulada hace seis meses por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el sentido de que se incrementó un 503 por ciento el tráfico y hasta un 675% el secuestro de esta población en comparación a los años 2020 y 2021. El informe especial fue presentado el 18 de diciembre de 2022 en el Día Internacional de Personas Migrantes, y su actualización ocurrirá hasta fines de este año.
Células de cárteles de la droga que operan en diversas regiones estarían cobrando “derecho de piso” a las añejas organizaciones traficantes de personas, lo que ha movido a estos grupos a obtener mayores ingresos a través de la vía del secuestro para hacer más redituable su ilícito negocio y evitar problemas con los conglomerados criminales de alta gama, con quienes a su vez interactúan en el trasiego de estupefacientes, aprovechando el cruce de migrantes hacia Estados Unidos.
A las diferentes modalidades que han aplicado para privar de la libertad a sus víctimas, los delincuentes han incorporado con mayor frecuencia retenes falsos o verdaderos donde agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) reales o ficticios identifican a través de sus documentos a personas de origen extranjero -de preferencia centroamericanos- para elegirles como secuestrables y entonces llevarles a casas de seguridad, desde donde exigen a sus familiares cantidades desde 3 mil 500 hasta 20 mil dólares.
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En algunos casos, se ha descubierto la participación activa de choferes de algunas líneas de autobuses, quienes permiten abordar a los secuestradores en puntos geográficos clave, e incluso toman fotografías de los migrantes para facilitar la identificación de los mismos por parte de los criminales que los golpean, graban en video y exigen el rescate a familiares a través de mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas. El propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo apenas el 24 de mayo con relación al secuestro de 49 personas en San Luis Potosí: “(…) se está haciendo la investigación porque se presume que existe una relación de complicidad entre traficantes de personas y transportistas”.
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ORGANISMOS DEFENSORES
A pesar de la precariedad en sus finanzas, organizaciones defensoras de derechos humanos están al pendiente del fenómeno y de presentar las denuncias de los asuntos que llegan a su conocimiento, como ocurre con Alma Migrante, AC, cuya directora, Graciela Zamudio Campos, confirma que los criminales se han crecido ante la impunidad que impera en México al no existir una atención integral al problema, ya que los pocos informes sobre el secuestro de personas los ha emitido la CNDH y no alguna autoridad.
La defensora advierte que han cambiado las formas de encontrar a las personas en contexto de movilidad por parte de los transgresores, “por ejemplo, algo que nos llamó mucho la atención en uno de los últimos los testimonios que encontramos es que en los retenes donde el Instituto Nacional de Migración les intercepta, en lugar de revisar sus tarjetas por razones humanitarias o cualquier tipo de documentación migratoria, les solicitan un documento que les acredite el país de donde son.
“Identificarles por nacionalidad a los migrantes les hace precisamente secuestrables y es muy interesante, porque normalmente alguien vestido del Instituto Nacional de Migración, pues no te va a solicitar eso. Queda este espacio abierto sobre quien se presenta como del INM, lo es o no lo es. Al final, lo que están realizando no son revisiones migratorias, sino identificación de personas de ciertas nacionalidades, que son al final del día secuestradas en volumen”, menciona Graciela.
No obstante que personal de la Fiscalía General de la Republica (FGR) se ha trasladado a Tijuana para atender algunos casos, Zamudio considera más importante que haya una estrategia nacional en el tema del secuestro de migrantes, “es un tema que data del nuevo milenio, y luego vino el asunto de los 72 migrantes (San Fernando, Tamaulipas, agosto de 2010), que sigue pendiente de que se restaure la justicia en ese caso. Lo que veo, es un México que ya sabe que tiene una población en su territorio, que es particularmente vulnerable a este tipo de violaciones a sus derechos.
“Entonces, no hacer nada al respecto, hace al Estado responsable de todas esas muertes, de todas esas privaciones de la libertad fuera de todo procedimiento y nos trae mucha responsabilidad, sobre todo desde el punto de vista internacional. Es urgente que realmente se realice una política de Estado para prevenir y sancionar adecuadamente, obvio para investigar las olas de secuestros que existen en todo el país, porque no sólo sucede en la frontera Norte, ni siquiera solamente en Tijuana, en todas partes del país” agrega.
La activista no se aventura a señalar que detrás de los secuestros de migrantes se encuentren los grandes cárteles de la droga, ya que las organizaciones de delincuencia organizada, independientemente de cuales sean sus “especialidades”, tienden a colaborar entre sí, pues “en algunos casos hemos tenido testimonios en donde les nombran, algunos de otras regiones que no son necesariamente de Tijuana, donde tienen a las víctimas privadas de su libertad, pero realmente para saber si son los cárteles, hay que tener súper mapeados todos los que están en el país”.
MIGRA MEXICANA
Carlos Eduardo E. S. fue víctima de secuestro por parte de falsos agentes de Migración. Aún recuerda que un 8 de marzo salió de su barrio en su natal Guatemala para cumplir con la meta de llegar a Estados Unidos. Ingresó a México por Rosales rumbo a Palenque, después abordó una combi hacia Salto de Agua y de ahí pagó un taxi que lo llevó a la autopista de Cancún a Villahermosa. En diversos autobuses y en varios días cruzó la Capital de Tabasco, Coatzacoalcos, Veracruz y Poza Rica.
En la última ciudad, Carlos se montó en un autobús con rumbo a Reynosa, Tamaulipas. “Recuerdo que fue un lunes y, al llegar a Tampico, pasando un puente grande que cruza un río y hay una vuelta, se subieron tres personas que traían chalecos y dijeron que eran de Migración, nos pidieron una identificación, respondiéndoles que yo no traía, entonces le dijeron que les dijera algo del Himno Nacional de México, después bajaron a mi hijastra y bajaron sus maletas, posteriormente le dijeron al chofer del bus que continuara”, relató.
“Caminamos una cuadra, donde nos subieron a una van y nos dijeron que ellos no nos iban a echar para atrás, pero que necesitaban que fuéramos a su oficina. Al llegar a una casa escucho que uno de ellos habló y dijo que abrieran el portón, cuando entramos a la casa, nos dimos cuenta que no era personal de Migración, sino que eran secuestradores, después nos dijeron que nos quitáramos la ropa y que todas las pertenencias las pusiéramos en una mesa, tales como dinero, joyas, etcétera. Posteriormente nos pidieron un número de teléfono para hablarle a nuestras familias y decirles que si mandaban una feria nos iban a dejar libres, específicamente 3 mil 500 dólares y que ellos iban a comprar el boleto a Reynosa”, declaró el migrante ante las autoridades.
El testimonio continuó: “Ya que les dijimos el número, nos metieron a un cuarto que estaba en la segunda planta de la casa y ahí tenían a más personas tiradas en el suelo. Ellos siempre nos amenazaban diciéndonos que si la familia no depositaba el dinero nos iban a matar. Nos golpeaban. También recuerdo que una ocasión entró un hombre y una mujer, la cual presuntamente era la novia de uno de ellos. A mí me tenían esposado por dos días, nos dejaban aguantar hambre, no dormíamos bien.
“En mi caso, mi esposa realizó tres depósitos desde de Guatemala cada uno por 2 mil dólares, ya que tenía que pagar 7 mil dólares, y el último de mil dólares, lo tenía que realizar hoy, a lo cual logré avisarle que ya no lo hiciera porque nos habían rescatado; asimismo, le dijo que los envíos se realizaban por MoneyGram a nombre de distintas personas y ella sólo les daba la clave de envío. Ya cuando nos rescataron, nos trajeron acá los soldados, siendo todo lo que deseo manifestar”, apuntó el guatemalteco.
Para fortuna de un total de nueve víctimas, dos de sus secuestradores fueron detenidos. Ellos, los primos Miguel Ángel y Marco Antonio Gudiño, fueron sentenciados en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, donde resultaron penalmente responsables de los nueve secuestros y el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Ambos recibieron penas de 454 años de prisión y multa por 280 mil 400 pesos. Les impusieron 50 años de cárcel por cada secuestrado y cuatro años más por las armas. No en todos los casos hay personas detenidas, y menos, condenadas.
SECUESTROS RECIENTES
Estos son algunos de los secuestros de migrantes ocurridos de 2020 a la fecha, destacando en ese año el hecho registrado el 21 de febrero, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California informó del rescate de dos oaxaqueños privados de la libertad en una casa de la colonia El Pípila en Tijuana, y la detención de 10 presuntos secuestradores que exigían 20 mil dólares a los familiares de sus víctimas para liberarles.
Luego, el 15 de julio de 2021, fueron secuestradas cinco personas migrantes en Tijuana. Un día después los liberaron y la Policía detuvo a cuatro de los delincuentes en la colonia Jardines de La Mesa, Delegación Los Pinos. Los plagiarios exigían 13 mil 500 dólares por cada víctima a su familia.
Ese año, el 21 de julio, la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) y militares liberaron a un migrante plagiado en una casa de seguridad en el fraccionamiento Puertas del Sol en Tijuana, deteniendo a tres secuestradores. El 5 de septiembre de 2022, elementos del Grupo Antisecuestros de la FGE de Baja California detuvieron a dos sujetos que custodiaban a dos migrantes mexicanos en un domicilio del fraccionamiento Villas del Rey III etapa, al Sur de Mexicali. Miembros de la banda Los M exigían un rescate de 16 mil dólares.
Durante 2023 han proliferado los secuestros masivos, como se reportó el 16 de febrero, cuando fue secuestrada una familia de origen colombiano, con cuatro de sus integrantes mujeres, en San Luis Río Colorado, Sonora. Siete días después, elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Sonora, liberaron a las víctimas. El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, agradeció en redes sociales las labores de rescate de sus connacionales.
El 4 de abril, dos migrantes guatemaltecos fueron secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, llevándoles sus captores hasta una casa de seguridad, donde fueron agredidos física y psicológicamente. Exigían a las familias entre 15 mil y 20 mil dólares. Una mujer implicada fue detenida.
En la misma fecha se reportó la desaparición de 23 migrantes que salieron de Guanajuato rumbo a Coahuila, a bordo de dos camionetas rentadas. Les interceptaron en San Luis Potosí, donde criminales exigían 60 mil pesos por cada víctima. Las autoridades las rescataron en las inmediaciones de Matehuala.
Otra vez en Sonora, el 2 de mayo, cuando viajaban rumbo a Estados Unidos para solicitar asilo, 10 colombianos fueron secuestrados sobre la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado. Tres días más tarde, las autoridades informaron que las víctimas fueron localizadas y liberadas. El 6 de mayo, la Fiscalía de Sonora y policías de San Luis Río Colorado localizaron una casa de seguridad de la célula criminal Los Chapitos, afín al Cártel de Sinaloa, donde había más de 113 migrantes, algunos de ellos secuestrados de autobuses de pasajeros y por quienes solicitaban rescate a sus familiares.
En un escándalo internacional, el lunes 15 de mayo, 49 migrantes y dos operadores del autobús en el que viajaban fueron privados de su libertad en las inmediaciones de Cedral, en San Luis Potosí. Nueve de las victimas pudieron escapar y cruzaron a Nuevo León, donde pidieron auxilio. Dos y tres días después fueron recuperados el resto de los secuestrados en Matehuala, San Luis Potosí. No hubo detenidos. De los indocumentados, siete procedían de Venezuela, 19 de Honduras, dos de Brasil, uno de Cuba, 14 de Haití y seis de El Salvador.
