Muertos, narcomenudeo y desaparecidos en bares; gobierno marinista incumple en inseguridad y obliga a empresarios antreros a colaborar en corresponsabilidad
El 15 de julio, el periódico La Prensa difundió la noticia que un bar de Oaxaca en el que usualmente se escucha música rock, grabada y en vivo, publicó a través de sus redes sociales que el local era un “espacio 100% libre de reggaetón, Peso Pluma y Corridos Tumbados”.
Más allá de las opiniones que pueda generar la estrategia publicitaria, como empresarios, con esa oferta tomaron una decisión comercial: atraer a cierta clientela y alejar a determinado público.
Algo similar ha sucedido en los estadios en Estados Unidos y otros países que han decidido instalar sistema de cámaras de video vigilancia y arcos detectores de metales para evitar la introducción de armas y otros objetos que pongan en peligro a los asistentes.
Es simple: los espectáculos deportivos y musicales les generan ganancias multimillonarias que no están interesados en reducir, por lo cual procuran garantizar la asistencia de la mayor cantidad de gente, incluida aquella que necesita sentirse segura.
Es un tema de oferta y demanda, nadie los obliga.
Caso diferente el de Baja California, donde después de acumular 12 jóvenes desaparecidos en abril en la zona de bares y antros en Mexicali, siendo los más recientes en La Terraza del Shots, la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, secundada por diputados, presentó y aprobó el Decreto 225.
Reformaron los artículos 71 y 75 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California y Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del Estado; lo hicieron y publicaron en mayo para entrar en vigor la primera semana de agosto de 2023.
Las mencionadas reformas, dice el texto, incorpora “obligaciones adicionales” a los establecimientos cuya actividad preponderante sea la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto, para consumo local.
Los nuevos deberes son instalar un sistema de videograbación en “todos” los accesos del local; detectores de metal móviles y fijos; botones de pánico visibles y señalizados de acceso al público; reportar todos los delitos que vean y les sean denunciados por los clientes en el estacionamiento y el local; además de tener personal especializado en seguridad que haya recibido capacitación del gobierno, curso por el cual cobrarán 7 mil pesos por cabeza.
La multa por incumplir lo anterior y por permitir el ingreso de personas evidentemente ebrias, drogadas o armadas, será de 50 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Actualmente son de 5 mil a 103 mil pesos.
El gobierno marinista acumula decenas de desaparecidos, más de 100 mil delitos denunciados por año, incluidos 4 mil 513 homicidios y contando bajo su gestión: 438 en noviembre y diciembre de 2021, otros 2 mil 752 en 2022 y mil 323 en hasta el 19 de julio de 2023, sin contar los 15 restos humanos localizados esta semana en las fosas del Ejido Tampico en Mexicali, que convenientemente decidieron dejar fuera de la estadística.
En estas condiciones, resulta obvio que un gobierno, que sólo detiene al 10 por ciento de los homicidas y a un porcentaje insuficiente de las personas que andan armadas en las calles bajacalifornianas, decidió con acciones, reconocerse y declararse insuficiente al trasladar, con carácter de obligatorio, desde su lugar de poder, parte de sus obligaciones y responsabilidades en materia de seguridad a los empresarios.
Así, a tres semanas del plazo, el 10 de julio, cuando en teoría los antreros “deberían” estar avanzados en las modificaciones, Julián Palombo Saucedo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Tijuana, le dijo al reportero Eduardo Jaramillo que era probable que algunos empresarios se ampararan porque los costos de operación crecerían un 10 por ciento.
Desde el Congreso advirtieron que el tiempo había pasado, porque los 15 días que tenían de plazo para ampararse, vencieron en mayo. En contrario, abogados consultados por ZETA aseguraron que era posible y detallaron que todas las medidas que aplica el gobierno pueden ser inconstitucionales y sujetas de amparo, pero sólo cuando son desproporcionadas y deben probarlo.
Por ejemplo, que el tiempo que les den para adecuarse sea insuficiente, las multas que les apliquen sean muy altas, los costos de equipamiento sean desproporcionados a las ganancias. Pero será un tema que los dueños de bares deberán analizar, si deciden cooperar o les conviene económicamente; si la medida les permitirá venderles la sensación de seguridad a su clientela y atraer más dinero; si quieren presentarse obligados como un comercio socialmente responsable y si desean evitarse problemas con el gobierno.
Al final, los empresarios tampoco pueden negar la venta de droga en bares, ni los homicidios cometidos en antros específicos -no en todos- y que hay locales donde los lesionados, muertos y desaparecidos se cuentan por más de uno. Delitos que se han hecho públicos. Dueños y meseros han sido señalados, pero ninguna investigación ha avanzado.
El tema, de nuevo, es un gobierno que ni analiza, ni comparte con los involucrados, no busca opciones. Como acostumbra, decide unilateralmente imponer medidas en parte recaudatorias, pero no hace compromisos de su lado, no cumple con su parte de brindar seguridad, y, en este caso específico, no avanza ni ofrece resolver las indagatorias pendientes por homicidio y narcomenudeo en los bares, en plural, señalados.
Mientras el tema avanza, vale recordar que algunos de esos antros peligrosos, con investigaciones congeladas o en proceso, instalaron cámaras y detectores de metal incluso antes del decreto, lo que no ha modificado el ambiente del lugar.
Para no variar, en un estado ubicado en los primeros lugares de violencia, la responsabilidad más grande siempre termina sobre los gobernados. Entonces, gobierno y empresarios deben tener claro que será a los ciudadanos consumidores quienes calificarán su aciertos y deficiencias. A los partidos dándoles o quitándoles votos, y a los comerciantes, decidiendo dónde gastan su dinero.
