Baja California ocupa los primeros lugares nacionales en percepción de corrupción; sin autonomía, ni presupuesto, Jorge Salas fue designado fiscal para combatirla
Aunque no hay cifras actualizadas, en el tema de la corrupción bajacaliforniana las estadísticas existentes no arrojan número positivos.
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En el Índice de Corrupción Estatal 2018-2021, presentado por la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) en diciembre de 2022, el Estado de México fue el peor evaluado con 85.7 puntos de 100; Baja California ocuparía el segundo lugar, con 83.6 puntos, mientras en el listado de estados con más faltas graves y no graves radicadas, figuró en cuarto lugar, con 277.3 por cada 100 mil habitantes.
En cuanto a datos arrojados por la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, en todo el país, BC percibió que los actos de corrupción son más frecuentes con un 56%. También fue la entidad más destacada en “incidencia de corrupción” con 50.1%, seguida de Puebla (40.9%), y su tasa de víctimas de actos de corrupción aumentó un 71.1%.
Además, están las supuestas 5 mil 172 carpetas de investigación y 3 mil 458 expedientes de investigación integrados por el gobierno de Jaime Bonilla contra ex funcionarios de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, de acuerdo al informe 2019-2021 presentado por el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, a las que se sumaron 20 denuncias presentadas en las fiscalías por la actual administración estatal contra la gestión bonillista.
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Total que el trabajo será titánico para el recién nombrado fiscal Anticorrupción, Javier Guadalupe Salas Espinoza, evidente candidato de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda -que lo convierte en juez y parte-, votado a favor por el mismo Congreso que antes reprobó la cuenta pública del SITT 2019, cuando él era director de Transporte.
Las dificultades inician con una fiscalía que sigue sin dientes, un ente que se había concebido autónomo, pero fue pervertido por Morena.
El 1 de noviembre de 2019, Jaime Bonilla la crea en papel para darle curso a los trámites obligados, iniciados en el sexenio anterior. Su titular, Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, fue designada en enero de 2020 y renunció 40 días después, al darse cuenta que no le iban a dar ni presupuesto ni equipo. El mismo gobernador tardó un año, en abril de 2021, la convirtió en una dependencia de la Fiscalía General del Estado.
En marzo de 2022, con el nuevo gobierno, el fiscal Ricardo Carpio declaró en Mexicali al reportero Christian Galarza, que estaba en formación un equipo Anticorrupción especializado, pero tampoco nada.
Ni hablar de un presupuesto asignado, porque de los 2 mil 440 millones 854 mil 246 pesos con 23 centavos, aprobado como presupuesto para la FGE, no se contempló nada especialmente para la Fiscalía Anticorrupción y su nuevo titular.
Del tema, ZETA preguntó el año pasado y de nuevo esta semana al fiscal Carpio. La respuesta fue la misma: la operación de las fiscalías se enmarca en las partidas presupuestales de la institución, oficinas ya existen y Salas deberá presentarle el proyecto de trabajo que entregó como parte de sus requisitos como aspirantes y una lista con los perfiles de su posible equipo para que se le asignen recursos.
Es decir, estará sujeto a la voluntad económica del fiscal y la actualmente inexistente disponibilidad financiera.
En ese contexto, no se pueden esperar resultados prontos y Salas lo tiene claro. En su programa habló de un periodo inicial que se usará para dotar de infraestructura, integrar la estructura orgánica, expedir normatividad, fortalecer el marco jurídico para investigaciones y promover la participación ciudadana.
Pero en lo que se refiere al personal, ahí sí pensó en las necesidades y en grande, algo que difícilmente tiene contemplado el fiscal Carpio a corto plazo.
Para su oficina, Salas propuso un secretario, un órgano de control interno y cinco unidades: de Enlace, de Comunicación, Planeación Transparencia y Asuntos Internos; vicefiscales en todos los municipios con sus direcciones de Peritos Especializados y cuatro direcciones: Asuntos Legales, de la Fuerza Estatal de Seguridad e Investigación, de Servicios Administrativos y, la más importante, de Inteligencia Delictiva, Patrimonial, Financiera y Fiscal.
Incluso presentó un sistema de indicadores para medir sus resultados, similar al de las otras fiscalías en el que comparará sus carpetas de investigación iniciadas con las judicializadas y contempla la realización de encuestas de percepción, pero no dijo si los resultados de esos análisis serán públicos.
Considerando los antecedentes, si no hay información oficial antes, será cuestión de esperar 40 días para solicitar los datos y entrevistas que permitan conocer de qué tamaño es la inversión que Ricardo Carpio Sánchez y la gobernadora Marina del Pilar deciden hacer para combatir la corrupción.
