“Cuando se castiga a un inocente nace un malvado”
-Víctor Hugo.
La Fiscalía Estatal del Estado de Veracruz, entregada a una sumisión incalificable y brutal, está a la orden de lo que le indique su patrón, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; y siguiendo precisamente esas instrucciones acusa a la Jueza Angélica Sánchez Hernández, de delitos contra la Fe Pública y Tráfico de Influencia, tras liberar a un hombre que se encontraba acusado del Delito de Homicidio, por no tener pruebas suficientes en su contra.
Diversas organizaciones civiles denuncian un atropello a la “independencia judicial” y ahora se encuentra detenida y vinculada a proceso. Por si esto fuera poco, el abuso rebasó toda situación imaginaria, seguramente inspirado en la brutal furia del gobernador de Veracruz, dictando ordenes a su sierva Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado ya referido, quien inmediatamente debió haber girado las ordenes respectivas a fin de que se librara la injusta y abusiva orden de aprehensión en contra de la Jueza Angélica Sánchez Hernández.
Por supuesto, todo México esperaba que el Juez de control procediera en esta cadena de ilicitudes y abusos; por supuesto, nada de pensar en independencia judicial, o asumir actitudes de resuelvo bajo mi más estricto criterio, eso no cumplen las instrucciones que se dan.
¿Preguntamos quién es Angélica Sánchez Hernández? Por el momento le diremos que es una Jueza de Control de Garantías en la ciudad de Cosamaloapan en el Estado de Veracruz, y que hasta hace aproximadamente veinticinco días se desempeñaba precisamente como Juez de Control; llevaba más de 25 años trabajando en la ardua y difícil tarea de dictar justicia, pero que una resolución que emitió a principios de este mes de junio la ha llevado a la cárcel.
Sí, leyó perfectamente bien, apreciado lector: en tan sólo unos días se ha convertido en la mujer privada de su libertad más debatida en toda la República Mexicana. Suspendida por el Tribunal Judicial Estatal, la Jueza es acusada por la Fiscalía, que encabeza Verónica Hernández Giadáns, que cumple las órdenes que su patrón el gobernador le dicta. Es acusada por los delitos de Fe Pública y Tráfico de Influencia. Su defensa se basa en el trabajo de esta Juez durante su amplia trayectoria de 25 años, y asegura que los “hostigamientos” desde la justicia y el Gobierno de Veracruz comenzaron después de que ella cumpliera con una instrucción de un Juez de Distrito, que a su vez le ordenó liberar a un procesado, a quien se le imputaba el Delito de Homicidio, por no tener pruebas suficientes en su contra.
La Jueza Sánchez ha recibido el respaldo de decenas de organizaciones civiles y colegios y barras de abogados prácticamente de toda la República Mexicana, que han puesto de manifiesto que su detención representa un gravísimo atropello a la independencia judicial.
La pesadilla de la Jueza Sánchez, que por cierto cuenta con 57 años de edad, comenzó el pasado 27 de agosto del año pasado cuando le tocó juzgar a una persona que tenía señalamientos de formar parte del crimen organizado: un hombre llamado Etiel Palacios García, alias “El Compa Playa”. El Ministerio Público le acusaba del homicidio de dos personas efectuado en un palenque el mes de abril de 2018. En esa ocasión la Jueza falló en dictar un auto de vinculación a proceso, equivalente a lo que en el sistema tradicional representada al auto de formal prisión, por dos homicidios, según informó Sofía de Robina, abogada defensora de la Jueza en cita.
Ante tal resolución judicial, Palacios interpuso un amparo ante un Juez Federal, que le ordenó a la Juez a su vez que restituyera el proceso porque se habían utilizado pruebas recolectadas por la Fiscalía que no eran válidas.
El caso de Etiel Palacios volvió entonces a recaer el 3 de junio del presente año en manos de la Jueza Sánchez, que tenía la orden de evaluar nuevamente la vinculación a proceso que anteriormente había dictado “en su consideración como Juez; y a partir del estudio que hizo”, según refiere la abogada de la Defensoría Pública, “ya no tenía elementos de prueba suficientes para vincularlo, por lo que, lo que le correspondía era ponerlo en libertad”. Esa decisión permitió que se aperturara una puerta a una serie de señalamientos en su contra, encabezado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien la señaló como mentirosa y corrupta.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
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