Una pelea personal y conductas soberbias entre representantes del Consejo General del IEE y el magistrado electoral Jaime Vargas Flores, han creado una verdadera novela electoral, de alianzas y venganza
El ámbito electoral es un pueblo chico, un infierno grande. Todos se conocen, todos se enteran y todos hablan, pero sus peleas y abusos no parecen llamar la atención de la sociedad. Sin embargo, esto no quiere decir que no ocurran.
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El lunes 29 de mayo, funcionarios y ex funcionarios del Instituto Estatal Electoral (IEE) se sentaron en el banquillo de los acusados para responder por una acusación presentada por el partido Movimiento Ciudadano -representado por Miguel de Loera- en la que se exhibe que -presuntamente- el Consejo General del IEE llevó a cabo una modificación a los documentos de la planilla del Partido Encuentro Solidario (PES), donde -supuestamente- cambiaron los nombres en la lista de regidores de manera dolosa.
Según la información pública en dictámenes emitidos por el Consejo General del IEE en 2021, disponibles en internet, en aquel entonces el organismo estaba compuesto por el secretario ejecutivo del IEE, Raúl Guzmán; y los consejeros Olga Viridiana Maciel, Graciela Amezola Canseco, Gabriela Soberanes Eguía, Jorge Alberto Aranda Miranda, Luis Alberto Hernández Morales -presidente del Consejo-, Abel Muñoz Pedraza y Daniel García García.
El acto es sumamente relevante, pero no puede leerse sin comprender el trasfondo político y de poder protagonizado por los consejeros del IEE y el propio magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Jaime Vargas Flores, entre otros representantes de partidos.
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Y es que desde hace más de un año se ha desarrollado una pugna de poder dentro de los pasillos de ambos organismos políticos que en teoría deberían velar por la democracia. En vez de ello, ambos han utilizado el poder de sus estructuras para meterse el pie.
Todo inició con jaloneos de poder entre ambos representantes, quienes han buscado colocar posiciones cercanas dentro de los organismos electorales. Si bien la relación no era tersa, podían llegar a acuerdos.
Sin embargo, conforme fue acercándose el proceso de selección para ocupar cargos dentro del tribunal electoral local, las tensiones entre ambos grupos comenzaron a relucir.
Vargas Flores fue inteligente y buscó una alianza con representantes de algunos partidos políticos, al enterarse que había una gran tensión entre ellos, debido a que los consejeros se han cansado de “ningunearlos” en temas relevantes e incluso intentar reducir los tiempos de debate público dentro del Consejo por parte de los representantes partidistas, sin mencionar el poco tacto político del presidente para vincularlos en los temas relevantes, hasta en cuestiones tan minúsculas como quitarles espacio de estacionamiento.
Cada quien por su lado -Vargas y los representantes de partidos- tenía interés en presionar al IEE, por lo que ha sido sumamente conveniente su alianza no escrita.
Así, la mala política de los consejeros electorales arriba mencionados les puso en contra al magistrado Vargas y a varios partidos políticos; fue en ese momento que Movimiento Ciudadano presentó la denuncia en contra del organismo electoral para alterar documentos.
Como respuesta, el Consejo Electoral ordenó la remoción de la directora de la Unidad de Archivo del IEE, Alondra Ivette Agraz Nungaray, por considerarla una persona cercana a Vargas Flores, bajo un limitado argumento de “pérdida de confianza” que no fue debidamente justificado por el organismo electoral.
Agraz Nungaray impugnó su remoción, a lo que el presidente del Consejo General del IEE respondió intentando convencer al Partido de la Revolución Democrática para que presentara una impugnación en caso de darse un recurso favorable para Agraz Nungaray.
El PRD accedió en un primer momento, pero al ver el escenario, reculó para no apoyar a los consejeros.
En estos momentos, el magistrado, representantes de partidos y consejeros traen una tremenda novela que a nadie debería importarle, pero el gran riesgo es ver cómo utilizan el poder de las instituciones para meterse zancadillas, lo cual es lamentable y pone en duda la honorabilidad de ambos.
En fin… así de pequeños son nuestros árbitros y jueces supremos electorales.
