La Comisión de Quejas y Denuncias, del Instituto Nacional Electoral (INE), emitió, el 16 de junio de 2023, reglas para la contienda interna de los aspirantes de Morena, para la candidatura presidencial de 2024. El órgano constitucional autónomo aprobó medidas cautelares, en las cuales ordenó a las llamadas “corcholatas”, a no incurrir en actos anticipados de campaña durante sus recorridos por la República Mexicana.
Por unanimidad, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE destacó que si bien no podía ordenar la suspensión de este tipo de recorridos y actividades, sí podía implementar una tutela preventiva para que dichos eventos se realizaran en apego a los límites constitucionales.
De esta forma, los seis aspirantes a candidato presidencial de Morena, no podrán hacer llamados expresos al voto, ni posicionarse con fines electorales. La prohibición del órgano constitucional autónomo estableció que quien violara dichos lineamientos podría perder el derecho a registrarse formalmente como precandidatos y participar en las elecciones presidenciales de 2024.
Las llamadas “corcholatas” son: Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal Ávila, ex presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado; así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, ex titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB) y Relaciones Exteriores (SRE), respectivamente.
El candidato de la llamada “cuarta transformación” saldrá entre seis aspirantes, entre ellos cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), es decir, Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, senador y diputado federal con licencia, respectivamente.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE advirtió que aún no habían arrancado oficialmente los tiempos de precampaña y mucho menos los de campaña, por lo que las llamadas “corcholatas” deberían ajustar su conducta a las siguientes acciones:
- Los discursos y mensajes que realicen no deberán contener directa y explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna.
- Los actos que realicen las personas involucradas no deben tener como objetivo el obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular.
- La propaganda que, en el caso, se exponga en los actos que se realicen no debe tener el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral. Por el contrario, la misma deberá contener, de forma clara y visible el proceso al que va dirigida, es decir, al proceso de selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT).
- En ningún momento deberán presentar plataforma de un partido político o coalición o promover a una persona para obtener una precandidatura o candidatura para contender en algún proceso de carácter electoral.
- En general, no deberán realizar manifestaciones explícitas inequívocas respecto a una finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una precandidatura o candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una precandidatura o candidatura.
- No podrán utilizar prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión, para dar difusión al proceso de selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT) o, de las personas que participen en el mismo.
- Morena y todas las personas que participen como aspirantes para la selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT), deberán proporcionar al Instituto, de manera semanal, un calendario que deberá contener los recorridos de trabajo y actividades que tengan programadas para realizar la siguiente semana.
“Todas las recomendaciones que emite el día de hoy, son los lineamientos que ayer estableció el Comité Ejecutivo [Nacional] para garantizar la fiscalización, la transparencia y la equidad en este proceso de organización interna”, respondió, el mismo 16 de junio de 2023, Mario Delgado Carrillo, presidente del CEN de Morena.
“Para nosotros estas medidas cautelares no representan ningún inconveniente, porque efectivamente se trata de un proceso de organización interna, donde no se está haciendo definición alguna de precandidata o candidatura, ni tampoco se está planteando que sea una precampaña”, afirmó Delgado Carrillo.
El dirigente nacional de Morena insistió en que el proceso de elección del Coordinador de Defensa de la Transformación, no se trataba de una precampaña, sino de una estrategia política de organización en el ámbito que lo permite la constitución.
Asimismo, Delgado Carrillo destacó que estaban en su derecho como partido político a organizarse como lo dicta la Constitución y que aún faltaba mucho para que arrancara el proceso electoral 2024 y en su momento el partido tomaría las decisiones correspondientes.
Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), habían pedido al INE la suspensión de todos los actos que se acordaron en el Consejo Nacional de Morena, el 11 de enero de 2023, que fue considerado el inicio del proceso para nombrar al candidato presidencial en 2024.
“Lo que resolvió hoy el INE va en ese sentido y dicta medidas cautelares que hasta donde tenemos conocimiento, las que yo he leído, pues coincidimos absolutamente. Es la respuesta también a las impugnaciones que hicieron el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional”, enfatizó el presidente del CEN de Morena.
MAGISTRADA DEL TEPJF ADVIERTE DE ‘TENTACIÓN’ POR DESCONOCER RESULTADOS EN 2024
El 16 de junio de 2023, Janine Madeline Otálora Malassis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que los actos de promoción de las aspirantes a la candidatura presidencial en 2023, representan “grandes retos” para los jueces.
“[Debemos] lograr que las y los actores políticos respeten las reglas electorales que ellos mismos han establecido a través de nuestros representantes. Y esto llama particularmente a la no realización de actos anticipados de precampaña y de campaña. El respeto a los tiempos legales electorales es fundamental en nuestro sistema democrático”, señaló la también ex presidenta de la Sala Superior del TEPJF.
Además, Otálora Malassis destacó que no era posible permitir que en paralelo a un sistema constitucional y legal “camine un sistema ilegal o paralegal, inventado por los actores políticos que, finalmente, se traduce en un fraude a la ley”.
Asimismo, la magistrada de la Sala Superior del TEPJF advirtió por la “tentación” de que algunos actores políticos desconocieran los resultados en las urnas en 2024, ante una sociedad tan polarizada.
“Ante una opinión pública cada vez más polarizada [..] la tentación de desconocer a la autoridad electoral por parte de las y los actores políticos es grande […] Toda democracia requiere demócratas, esto es, actores y críticos que reconozcan a las instituciones electorales, que celebren sus triunfos, pero que también acepten sus derrotas electorales, es decir, también acepten el voto de las y los ciudadanos en las urnas”, apuntó.
“El segundo reto que tenemos es lograr que las y los actores políticos respeten las reglas electorales, que ellos mismos han establecido a través de sus representantes. Estas reglas están plasmadas en una Constitución federal, en 32 constituciones locales y en todas las leyes que de ellas emanan”, enfatizó Otálora Malassis.
“Y esto llama el día de hoy, particularmente, a la no realización de actos anticipados de pre campaña y de campaña. El respeto a los tiempos legales electorales es fundamental en nuestro sistema democrático”, apuntó la magistrada de la Sala Superior del TEPJF.
“Es decir, la abstención de utilizar recursos públicos y programas sociales con un fin de coaccionar el voto de la ciudadanía”, alertó Otálora Malassis, quien también hizo un llamado a detectar y frenar mecanismos paralelos ilegales, en el financiamiento de las campañas públicas.
Según la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, las autoridades tenían la obligación de promover una democracia de calidad, paritaria e inclusiva, así como de comunicar y explicar sus decisiones, para que los ciudadanos entendieran los motivos.
