El 25 de abril de 2023, Patricia Alexandra Álvarez del Castillo y una compañera buceaban en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Balandra. Cuando emergieron de la zona, avistaron una embarcación que circulaba a exceso de velocidad en zona restringida. Por más señas que les hicieron, la panga terminó arrollándolas.
A Alexandra, la propela le provocó serias lesiones en las piernas, incluso estuvo a punto de perder la extremidad derecha, producto de múltiples heridas generadas por la nave San Miguel III de la empresa turística San Miguel Tours.
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“Existen reglamentos, existe un Reglamento Náutico Turístico, donde si ustedes buscan en el Artículo 28, dice claramente cuál es la velocidad en la que tienen que entrar y salir de las bahías de uso turístico, es de cuatro nudos. Si ustedes ven en el programa de manejo de Balandra, en la página 153 y 154, ahí dice claramente que la velocidad de entrada y salida es a cuatro nudos, tal vez si ustedes no tienen conocimiento náutico, en kilómetros por hora son como 10 kilómetros por hora. Hubiera alcanzado a vislumbrar que había dos personas en el agua, que había una embarcación al lado derecho que tenía una bandera de buceo y hubiera podido interpretar las señas que le hizo todo el mundo”, denunció Alexandra Álvarez del Castillo.
El viernes 16 y miércoles 21 de junio, la joven convocó a movimientos sociales. Primero hizo un plantón en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde por primera vez rompió el silencio. Allí declaró que hay omisiones por parte de las autoridades encargadas de investigar su caso, además de dilaciones, falta de investigación de pruebas, trabajo en campo y una nula declaración de testigos.
“Lo único que pido es que las autoridades trabajen, hagan lo que corresponde de la manera más justa para las dos partes y que esto se vaya, si no hay una conciliación entre las partes y que lleguemos a un acuerdo, entonces que se vaya a un juicio, que sea el juez el que determine, pero que no sea con base en una carpeta llena de omisiones y faltas de actividades de las autoridades”, expresó ante medios de comunicación.
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“Han pasado 53 días pasaron casi 28 para que el Ministerio Público me levantara mi declaración, pasó un mes para que se me asignara asesoría jurídica pública, porque yo no cuento con recursos para tener un abogado privado, todos mis gastos médicos, tanto del hospital, que ascendieron casi a medio millón (de pesos) más los que siguen saliendo, los he solventado, tanto con ahorros personales como con donaciones que he recibido de la ciudadanía”, aclaró Patricia Alexandra.
Inicialmente la PGJE catalogó el daño físico que sufrió como lesiones simples, entonces tuvo que presentar el diagnóstico de un médico privado para que la autoridad lo tomara en cuenta, ya que los procesos judiciales son lentos y podría hasta perder la pierna más afectada.
“Si ustedes ven las fotos, no sólo fueron huesos y carnita lo que me remolieron, me tuvieron que hacer una reconstrucción de arterias y venas. Dentro de la reconstrucción de circulación que me hicieron, me pudieron reconstruir de aquí hasta aquí, pero esta sección del pie hasta acá, tengo tremendos problemas de circulación, todo el tiempo lo tengo hinchado, estas medias las voy a tener que usar de por vida, tomo anticoagulante súper fuerte, mi movilidad es mínima, si acaso puedo mover así los dedos, ya ni siquiera puedo moverlos, entonces cómo puede el Ministerio Público catalogar a mitad de mayo, cuando hubo un parte médico, que eran lesiones simples”, denunció Alexandra, señalando sus lesiones.
PIDEN JUSTICIA
Con el reciente nombramiento de Andrea Geiger como representante de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el gobernador Víctor Castro Cosío espera sea sancionada la embarcación y la empresa responsable por circular en zona “prohibida”.
“El proceso sigue y por supuesto que habrá sanciones para la persona responsable que se encontraba en la zona. Hay un cambio en Profepa y espero darle continuidad a lo que en la mesa hemos hablado, vamos a continuar hasta que termine el procedimiento. Tiene que haber consecuencias, porque de manera irregular invadieron el espacio que está prohibido”, advirtió el mandatario.
Sin embargo, el tema está viciado de fondo. De entrada, la joven buza ha sido tratada como si hubiera sido un atropellamiento con un auto, no se está tomando en cuenta a las autoridades y dictámenes marinos, como Capitanía de Puerto y Secretaría de Marina.
La justicia ha demorado, sobre todo los procesos han sido muy tardados y la víctima requiere de una rehabilitación temprana para no perder la movilidad de sus piernas, o por lo menos tener una mayor calidad de vida.
“Esto fue un tema marítimo, por qué estoy canalizada a Vialidad, por qué no han ido de la mano con Semar (Secretaría de Marina) y con Capitanía de Puerto a hacer una inspección del lugar, o sea, han pasado casi dos meses y no han hecho prácticamente nada, eso cómo me daba confianza de que realmente voy a tener justicia o que tendremos un tratamiento justo ambas partes, si veo que es completamente tendenciosa la atención. La contraparte pudo presentarse desde el día 2 a dar todas sus declaraciones, a mí tardaron casi un mes para tomarme mi declaración, casi un mes para asignarme la asesoría pública, porque ni siquiera puedo decir que sea mi abogado defensor, cada que tengo reunión con él, que han sido muy pocas, me dice ‘No, no soy tu defensor, soy tu asesor jurídico’”, lanzó Alexandra.
Asimismo, subrayó que no se trata sólo de cubrir los gastos médicos, “a lo mejor la cuenta del hospital ya se pagó, pero viene toda una serie de rehabilitaciones que no puedo dejar que sea en cualquier lugar, tengo que ir a donde mis especialistas me digan, para intentar que mi pierna quede lo mejor posible, este llamado es para eso: que las autoridades se muevan y realmente trabajen. Cómo es posible que han pasado casi dos meses y a mis testigos ni siquiera les han llamado a dar testimonio, yo entregué las pruebas”, cuestionó.
El día del accidente, Alexandra y su amiga estaban practicando buceo en Balandra, con brazaletes y equipo recreativo. La buza no se encontraba trabajando o llevando a cabo actividades de investigación, sino en el mar, con la embarcación de un amigo suyo como apoyo.
“Tengo veinte años de hacer labor científica, mi línea de investigación es trabajar de la mano con el Gobierno Federal para proteger los recursos naturales de los cuales el turismo vive, es absurdo que este accidente haya pasado en una de las zonas en las que estoy trabajando para proteger y que además el gobierno no haga ni lo mínimo correspondiente para darle realmente la atención”, lamentó.
EMPRESA RESPONDIÓ
San Miguel Tours, empresa imputada en el caso y propietaria de la lancha San Miguel III, está a cargo de la familia Telechea.
La empresaria involucrada, la joven Karla Jazmín Telechea Jordán, emitió declaraciones a través de un escrito para aclarar algunos puntos acerca del accidente con las buzas en el APFF Balandra:
“Nosotros como empresa y yo personalmente, estuvimos siempre pendientes de Alexandra presentándome en el hospital, en cuanto tuvimos noticia de que se encontraba allí estuvimos en comunicación con la familia y amistades y estuvimos pendientes de ella. En ningún momento se nos pidió apoyo económico, aunque nosotros nos pusimos en su disposición en todo momento dejando nuestro contacto”.
A diferencia de lo expuesto por Alexandra, los representantes de la empresa sostuvieron que al notar la presencia de otra lancha y con buzos en el agua, el capitán de la embarcación disminuyó la velocidad.
“Nuestro capitán observó a la distancia a una embarcación rotulada con la imagen de un tiburón ballena, la cual presuntamente brindaba el apoyo a buzos. Nuestro capitán redujo la velocidad e hizo señales al capitán de la otra embarcación preguntándole con señas si tenían algún problema, a lo que el capitán hizo una señal de continuar con nuestro recorrido. Se sintió un golpe y un sonido y el capitán de nuestra embarcación se detuvo de inmediato, tanto pasajeros como tripulación voltearon para tratar de identificar el motivo del golpe sin poder encontrar una razón, lo que observamos fue gente en el agua y al capitán de la otra embarcación recogiendo el ancla y acercándose a las personas que estaban en el agua. Observamos también que había una embarcación tipo dinghy auxiliando a los buzos y llevándolas hacia un catamarán denominado Deguello”, sostuvo Karla Telechea.
Según los representantes de la empresa dedicada al turismo, pasaron instantes desde el accidente en el mar, para cuando el capitán del San Miguel III se comunicó con las autoridades marítimas para reportar el incidente y no se apartaron del lugar, como se ha difundido.
Además, el capitán trató de auxiliar a las lesionadas:
“Nuestro capitán regresó al sitio y realizó el llamado de emergencia, por radio, a la Capitanía de Puerto y reportó el hecho, solicitando instrucciones. Al mismo tiempo, nuestro capitán sugirió al capitán de la otra embarcación que llevaran a las personas lesionadas a bordo de su embarcación e interceptar a la Secretaría de Marina de camino a La Paz, a lo cual el capitán respondió que no era posible, desconocemos la razón”, reveló San Miguel Tours.
Alexandra, la buza, hizo algunas anotaciones al respecto, poniendo en duda que la lancha de San Miguel Tours haya atendido el incidente, incluso tuvo que aplicar un torniquete ella misma para evitar desangrarse.
“Cómo es posible que Capitanía de Puerto conteste que sí recibió el llamado y que gracias a ellos, y que no pongan ninguna de las otras acciones que hicieron todos los demás, entonces ese es mi conformidad, mi interés no es atacar a la compañía, aquí nadie es culpable, fue muy penoso accidente. Entiendo que no hubo realmente dolo en el momento del impacto, pero desde que tú te alejas y sólo das una vuelta en un círculo lejano y te quedas viendo desde lejos, lo que hiciste, ni siquiera acercarte a ayudar, pues entonces ahí sí, ya empieza el delito”, finalizó Patricia Alexandra Álvarez del Castillo.
San Miguel Tours ofrece diferentes paseos a la Isla Espíritu Santo, Playa Balandra y paseos al Arco en Cabo San Lucas. A decir de las autoridades del Gobierno del Estado, se pretende la instalación de cámaras de vigilancia para monitorear y evitar el acceso de embarcaciones a zonas prohibidas.
