El próximo 21 de junio se cumplirán dos años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Baja California, en donde si bien se ha destinado más recursos, se sigue quedando atrás en impartición de justicia, legislación y coordinación entre autoridades.
De acuerdo con el reporte sombra preliminar de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el índice de violencia contra las mujeres no se ha reducido, a pesar de los avances que se tienen desde antes de la declaratoria.
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Meritxell Calderón Vargas, presidenta de la asociación Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos -la cual solicitó la primera AVGM en 2015, durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid-, afirmó que los esfuerzos se han quedado en el papel, pues en las calles continúa ese entorno hostil hacia las mujeres y mujeres trans.
“Kiko” se negó
Ante los incrementos de homicidios de mujeres, así como sus desapariciones, el 27 de enero de 2015 se solicitó la primera declaratoria de AVGM, por parte de esta asociación ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
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Sin embargo, Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California en ese entonces (2013-2019), se negó a aceptarla, argumentando que afectaría directamente al turismo y economía del Estado.
Pero se comprometió a cumplir con 14 requisitos, a lo largo de su administración, para que la Conavim no hiciera la declaratoria, la mayoría de índole legislativa y administrativa. En su último acto como gobernador, inauguró el Centro de Justicia para la Mujer (Cejum) en Tijuana, el 30 de octubre de 2019, el cual estuvo sin operar un par de años más, por falta de mobiliario, personal y recurso.
“Denuncia la Red Iberoamericana que no hay manuales para prevenir, no hay protocolos para atender violencia contra las mujeres, y como desde el Estado no hay acciones, no hay un reconocimiento; es como si desde el Estado mismo se promoviera la impunidad”, refirió la doctora Sheila Delhumeau Rivera, investigadora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Bonilla le siguió
En febrero de 2021, la CEDH, dirigida por Miguel Ángel Mora Marrufo, volvió a presentar la solicitud de alerta ante el incremento de feminicidios en el Estado, y finalmente concedida tras el asesinato de Lucero Rubí, por parte de su expareja, en un centro de salud de San Quintín.
La declaratoria se dio el 21 de junio del mismo año, a cinco meses de que concluyera la administración de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021).
“La respuesta del Gobierno Estatal fue distinta a la del gobierno de Francisco Vega, ya que aceptaban el estado en el que estaban las cosas, pero no aceptaban el informe del grupo de trabajo… entonces se emite automáticamente la alerta de género”.
Esta declaratoria obliga al Gobierno Federal a apoyar al Estado con fondos, sin embargo, Delhumeau Rivera reconoció que se hace poco en la administración de Bonilla por tener poco tiempo para hacerlo.
“Ellos, su informe de avance lo entregaron bastante tarde. Lo que reconocen es que hacen lo que ya estaban haciendo, les dan continuidad a los acuerdos hechos anteriormente”.
Marina reprobada
En cuanto al manejo de la AVGM por parte de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la investigadora de la UABC indicó que sí le ha dado mayor visibilidad a las acciones ejercidas para cumplir con los 39 puntos, pero no ha sido suficiente.
“Hay cambios en la forma, pero no hay cambios en el fondo: los funcionarios, los operativos están más capacitados, se saben las palabras, se saben los discursos; pero en su actuación, en la mayor parte de los casos, se sigue trabajando igual”, aseguró.
La actual alerta de violencia de género, en sus 39 medidas, está enfocada a la prevención de feminicidios, garantizar la seguridad, la justicia y la reparación del daño.
“A un año de la declaratoria, el año pasado, lo que encontramos en el reporte del grupo de trabajo, es que reprueba el Gobierno Estatal; porque vimos que había 15 medidas que estaban en el proceso, pero había 24 que todavía no estaban cumplidas”, dijo la Académica.
Recordó que mucho de los reportes era porque “estaban trabajando en…” cuando lo que se les pedía era que hicieran algo nuevo; y en el análisis en el que se está trabajando para este segundo aniversario de la declaratoria, indica que tampoco tendrá buenas calificaciones.
Estamos sentando las bases
En respuesta, Karla Pedrín Rembao, directora de Instituto de la Mujer en el Estado, reconoció que es probable que en este segundo análisis de las acciones de la AVGM, sí se queden cortos.
Esto debido a que este último año se han enfocado a poner las bases para que las acciones que se hagan a largo plazo, no cambien junto con las futuras administraciones.
Asimismo, señaló que hay un rezago en cuanto a la impartición de justicia con perspectiva de género, y se demostró con el caso de Alina Narciso; además de que hace falta darles continuidad a las carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, comentó que lo que han estado haciendo, después del reporte de 2022, “tal vez no tenga mucho impacto de forma material”, pero era un trabajo necesario para que puedan contar con recurso y darle cumplimento a las medidas de forma definitiva y no temporal.
El presupuesto
Desde la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha destinado recurso al Estado, para que se lleven a cabo las medidas recomendadas por la Conavim.
En 2021 se asignó al Gobierno del estado de Jaime Bonilla Valdez, cinco millones 235 mil 786 pesos. El proyecto consistía en diseño e implementación de un plan emergente para la prevención de los feminicidios con la identificación, atención y canalización a las mujeres víctimas de lesiones dolosas y tentativa de feminicidio, con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.
Al año siguiente, ya en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, la Segob firmó un convenio para asignar seis millones 833 mil 187 para el proyecto, el cual tenía vigencia del 2 de mayo al 31 de diciembre 2022; enfocado en la seguridad, cuyo objetivo era la atención, identificación y seguimiento de la víctima.
Además del recurso que asignó el Gobierno Federal en ese año, el Estado también aportó 341 mil 659 pesos, para contratar a más personal especializado con perspectiva de género y enfoque en Derechos Humanos, para incrementar la capacidad de respuesta y que brinde atención inmediata.
Para este 2023 se asignaron dos millones de pesos para el proyecto, a ejercerse del 1 de abril al 29 de diciembre de 2023. El plan de este año está enfocado a la prevención, ya que se le dará prioridad a las acciones, medidas o disposiciones de orden normativo, institucional o funcional que tienden a evitar y prevenir la ocurrencia de los hechos de violencia feminicida y agravio comparado; actuando sobre las causas y los factores que los generan, así como aquellas que eviten otras violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
