José García Álvarez vive una pesadilla, porque una década después de haber ganado un juicio sobre el terreno que habita y donde trabaja, está en riesgo su patrimonio, debido a que el juez José Manuel Castro Valenzuela, que hace 10 años falló a su favor, 2022 se pronunció en su contra el pasado 25 de noviembre de en un nuevo juicio “por cosa no juzgada”.
Pese a que se aportaron pruebas y a que el juzgador ya conocía la disputa legal de hace diez años, éste falló a favor de Luis Fernando González Lizárraga, quien “es mi vecino y ha amenazado con encarcelarme”, denunció García Álvarez.
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La sentencia de noviembre pasado del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, a cargo de José Manuel Castro Valenzuela, señala que González Lizárraga “tiene un mejor título de posesión originaria” que García Álvarez, y condena a este último a desocupar y entregar el predio, así como a pagar gastos y costos del nuevo juicio, con número de expediente 1210/2018.
A decir de García Álvarez, el predio -con una extensión de alrededor de tres mil 500 metros cuadrados-se encuentra dentro del derecho de vía del ferrocarril Tijuana-Tecate (en el kilómetro 61+980.23) y González Lizárraga lo quiere para construir una nave industrial y rentársela a Walmart.
Entre los documentos presentados por García Álvarez ante el juzgado y a ZETA, para probar que él y su familia han sido posesionarios del terreno desde principios de la década de 1990 están: Un oficio sellado el 24 de junio de 1996, de Ferrocarriles Nacionales de México División Baja California, en el que se indica que García Álvarez tiene un convenio con dicha institución para usar el terreno. Una constancia del INDIVI fechada en 2021, en el que dos testigos aseguran que él es posesionario desde hace 30 años.
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Así como una carta de la Unión Central de Cooperativas de Frontera Norte (CECOOFRONT), en la que se reitera que García Álvarez es posesionario del predio desde 1995 y miembro activo de la Asociación Colonos Obreros, la cual está conformada y representa al 80 por ciento de los asentamientos de la vía ferroviaria de Tecate, con una población de 600 familias, y que desde entonces han buscado la regularización de los predios.
García Álvarez reconoció que sólo es posesionario del predio porque no tuvo el dinero para adquirirlo cuando se lo ofrecieron a 600 pesos el metro cuadrado, y acusó a González Lizárraga de haber utilizado fotografías de su casa rodante para poder presentarse como posesionario y hacer un contrato de compraventa del predio con Ferrocarriles Nacionales y Banobras en 2009, cuando González Lizárraga lo adquirió a 20 pesos el metro cuadrado.
Sobre esto, García Álvarez mostró dos oficios de la Secretaría de la Función Pública (19 de octubre de 2012 y 16 de mayo 2013) en el que dicha dependencia señala que bajo el expediente de investigación SI-003/2012 se infiere “la comisión de irregularidades de carácter administrativo” en la compraventa de inmuebles ubicados en la línea férrea del tramo Tijuana-Tecate.
La sentencia del primer juicio (268/2011 BIS) fue concedida a favor de García Álvarez el 4 de octubre de 2012. En ella, el juez Castro Valenzuela condena a Luis Fernando González Lizárraga a pagar gastos y costes a García Álvarez, lo cual nunca sucedió, a decir del entrevistado.
Tras ese fallo, González Lizárraga presentó un recurso de apelación; mismo que también perdió en la sentencia dada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el 9 de agosto de 2013, por los magistrados Salvador Juan Ortiz Morales, Félix Herrera Esquer y José Luis Cebreros. Posteriormente, González Lizárraga presentó un juicio de amparo, que también perdió.
Luego, en 2018, denunció penalmente a García Álvarez, pero la agente del ministerio público Rosa Vanessa Navarro decidió no ejercer acción penal por sobreseimiento. Tras ello, González Lizárraga presentó el nuevo juicio civil contra García Álvarez, cuya sentencia fue dada por el juez José Manuel Castro Valenzuela en noviembre de 2022.
