En medio del control y las pugnas entre los cárteles de drogas y la impunidad, los grupos delictivos juegan a la ruleta rusa con los ciudadanos. En ese clima de inseguridad, las privaciones de la libertad se han convertido en el pan de cada día en Baja California.
Integrantes de las células de traficantes de más bajo nivel, no lo hacen exclusivamente como medida de presión o aniquilación en contra de sus competidores. A veces buscan ingresos extra y también privan de la libertad para robar una casa, para asaltar un comercio, quitar un terreno, para extorsionar, para amenazar. Además, están los delincuentes solitarios y los de oportunidad.
Apenas el 2 de mayo, Carlos Alberto “N” fue vinculado a proceso en Mexicali por privación ilegal de la libertad, ya que el 5 de abril, cuando circulaba en su auto sobre la calle Montenegro del fraccionamiento Rancho La Bodega, se detuvo y convenció a una adolescente de 12 años de darle “raite”, como la subió con violencia y aceleró, la niña se asustó y saltó del auto en movimiento mientras el hombre huyo, para después ser identificado y capturado.
En Tijuana, el 4 de abril, Jaqueline de 18 años escapó de sus captores y detuvo a una patrulla en la colonia Linda Vista para pedir ayuda. Les dijo que Alisha Darby, ciudadana americana de 36 años, se la había traído de Chula Vista, California a Tijuana con engaños y la mantuvo privada de la libertad durante dos días en un domicilio del Cañón K, junto a dos hombres. Los tres señalados fueron detenidos.
Ahora, piense en una mujer que circula tranquilamente y a plena luz del día por la turística Zona Río Tijuana cuando le echan encima un auto; en cuestión de segundos y sin poder evitarlo, un hombre bien vestido sube a su carro y le empieza a gritar con voz y lenguaje amenazante, exigiéndole que le pague por haber golpeado su carro y, sin tiempo a reaccionar, le ordenan ir al banco a sacar dinero, mientras el cómplice los sigue en el auto “chocado”.
Eso le sucedió a una mexicoamericana en marzo, quien, saliendo de la institución bancaria, vio a un policía y le pidió ayuda, sus dos agresores fueron detenidos.
Para una pareja con dos hijos y residencia en la zona “acomodada” de Playas de Tijuana, la experiencia de privación fue peor. Cuatro hombres, dos con pistolas y dos con rifles, vestidos de negro, ingresaron por la fuerza a su domicilio mientras un quinto criminal los esperaba afuera con el auto encendido; por fortuna hubo testigos que llamaron a las autoridades.
Cuando los uniformados llegaron, la madre y los hijos estaban maniatados con cinchos en un cuarto, mientras los matones tenían sometido al padre de familia en otra habitación y recién se daban cuenta que se habían equivocado de casa. Estaban a punto de asesinar a un hombre diferente al que buscaban. Los cinco detenidos están bajo proceso por privación.
Sucedió en enero. Los criminales pertenecían a la célula de Luis Adán Torales Castillo “El 500”, jefe sicario enviado por el Cártel de Sinaloa a Baja California y detenido en marzo, investigado por su presunta responsabilidad en por lo menos 35 asesinatos (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP).
A pesar de la tragedia, estos son casos de éxito donde los criminales fueron aprehendidos, ya que muchas privaciones se realizan en total impunidad, cuando la única esperanza para las víctimas es que un vecino o testigo pierda el miedo y tome el riesgo de involucrarse y denuncie cuando los hechos están sucediendo.
INCIDENCIA DISPERSA
De acuerdo a estadísticas oficiales, entre el 1 de noviembre de 2021 y el 10 de abril de 2023, 102 delincuentes en Tijuana han sido detenidos por privaciones de la libertad por la Policía Municipal, usualmente están armados, y sus víctimas, golpeadas y sometidas.
En el mismo periodo, 48 personas han sido juzgadas por ese delito -no necesariamente las mismas- y 20 han sido sentenciadas. Estos son los números de la ciudad que concentra el 47% del total de delitos, y el 75% de los homicidios.
Las delegaciones donde más se denuncian las privaciones en Tijuana, son La Presa, Presa Rural, San Antonio de los Buenos y Zona Centro, aunque es un delito que se comete en toda la ciudad.
En el mismo tiempo, en Mexicali 47 delincuentes fueron procesados por el delito de privación de la libertad y 14 fueron sentenciados; en Ensenada se han llevado 36 juicios y dictado 10 sentencias; Tecate lleva nueve procesados y cuatro sentenciados; mientras que en Rosarito van dos procesos iniciados y tres sentencias dictadas.
A pesar del estrés que este crimen genera a la víctima, el Código Penal sólo contempla sancionar con de uno a tres años de prisión y de 100 a 500 días de multa.
Únicamente cuando reúnen elementos para imputar en la modalidad de plagio, secuestro o desaparición forzada, la penalidad puede aumentar desde 20 a 50 años.
Por eso estos delincuentes sólo son procesados por privación cuando el Ministerio Público no reúne los elementos necesarios para juzgar por un crimen mayor, como homicidio, feminicidio, secuestro, violencia familiar, lesiones, desaparición forzada, allanamiento, asalto violento, robo a casa habitación, amenazas, narcomenudeo, extorsión o tráfico de personas. Para entonces, ya no se cuenta en estadística el delito de privación.
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Así sucedió con Martín Morales “El Wacho” -detenido el 23 de enero del 2023-, cabecilla de la célula criminal llamada “Los Plebes” que sirve a “Los Chapitos” y actuaba impunemente como dueño del poblado de La Rumorosa en Tecate.
En noviembre de 2022, junto a sus cómplices, atacó a balazos al joven Fernando Rodríguez Ocampo, de 28 años, fotógrafo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso local; lo hizo mientras el joven, junto con amigos, se tomaba una foto turística en la calle Jaime Maussan en el poblado de La Rumorosa, después de asistir a una conferencia.
La víctima fue privada de la libertad y así inició la investigación; al día siguiente fue encontrado torturado, asesinado, decapitado – todo el crimen fue video grabado- porque el traficante “se equivocó” y lo confundió con un “contra”. Actualmente el agresor es juzgado por secuestro y homicidio calificado con ventaja.
DIFÍCIL DE INVESTIGAR
De acuerdo a los integrantes de las Mesas de Coordinación por la Paz y Seguridad en Baja California, la privación de la libertad es un delito difícil de investigar, a menos que la víctima logre escapar, o, en el peor de los casos, el delincuente complete su misión criminal, lo libere o lo asesine y el cuerpo pueda ser encontrado.
Si no hay un testigo denunciante, muchas veces las familias de las víctimas se dan cuenta horas o días después, lo que dificulta el seguimiento y que se impida el desenlace fatal.
“Es entendible, la gente ve los grupos o al criminal armados y prefiere no denunciar para no ser llamado a declarar, pero pueden denunciar y aportar información de manera anónima, sabemos que es un tema de confianza y estamos trabajando en ello, que vean que se están resolviendo casos”, señaló el Edgar Mendoza, fiscal regional de Tijuana.
Pero también cuando reportan en tiempo, es usual que padres y parejas sean ignoradas y sus denuncias y reclamos postergados por la autoridad. La prueba evidente son los miles de carpetas de “desaparecidos” sin resolver.
Sin embargo, hay casos resueltos que se han cerrado gracias a la confianza y cooperación de las víctimas, como el iniciado con una denuncia de dos trabajadores de la construcción que resultó en once órdenes de aprehensión y el rescate de otra víctima.
La mañana del 14 de mayo de 2022, once hombres armados sacaron de un domicilio en el fraccionamiento Valle de San Pedro en Tijuana a dos albañiles, los llevaron a dos casas de seguridad, donde durante 48 horas los torturaron a golpes con choques eléctricos he hicieron que un perro raza Husky los mordiera, al ser liberados, denunciaron. En un cateo realizado seis días después en una de las casas, encontraron a otra víctima privada de la libertad que fue liberada.
A través de investigaciones, cuatro meses después, en septiembre de 2022, los once agresores fueron plenamente identificados y capturados en un lapso de cinco meses; al último lo detuvieron el 11 de febrero de 2023.
También Isidro Ramírez Islas, de 52 años, quien privó de la libertad y violó a su ex pareja en San Quintín, fue sentenciado el 27 de abril de 2023 a doce años de prisión y el pago de 13 mil 800 pesos, multa que quedó muy pequeña para reparación del daño. La justicia tardó en llegar 16 meses a partir de la denuncia. En el inter, con la investigación abierta en su contra, en diciembre de 2021 el agresor amenazó a la víctima con un cuchillo y la amagó con quemarla y matar a sus hijos.
