El 26 de abril, con orden de cateo en mano, la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) ingresó a lo que parecía un espacio que incluía varias cabañas en la calle Del Ángel en La Rumorosa, en Tecate.
Entraron para buscar armas y droga. Al final, encontraron 28 cartuchos calibre .223 REM, usados en arma de fuego tipo carabina y un cartucho 7.62×39 para su uso en fusil, ambas, armas exclusivas para uso de las Fuerzas Armadas; así como a 29 personas migrantes -22 de origen brasileño y nueve de Uzbekistán- que estaban en el inmueble, esperando cruzar a Estados Unidos. Algunos tenían dos días, otros, dos horas, y a ninguno se le permitía dejar el predio.
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De igual manera, aseguraron a otros diez adultos que escoltaban a los migrantes, nueve mexicanos y dos hondureños, incluidas dos mujeres y una niña que fue remitida a una autoridad distinta; el 29 de abril, la FGR los presentó ante el juez, acusados de posesión de armas y tráfico humano.
Extrañamente, el juzgador optó por declarar legal la detención de sólo cinco de los detenidos, a los que él decidió vincular por las armas. El resto fue liberado, porque declaró ilegal la detención por tráfico de personas, al invalidar las declaraciones de los migrantes rescatados, bajo dos argumentos:
* Los extranjeros habían declarado que pagaron entre 750 y 5 mil dólares, que habían sido traídos por la ruta que entra a Egipto, Brasil, Chiapas o Cancún, Ciudad de México, La Paz o Los Cabos, y vía terrestre a Baja California. Que estaban esperando para que los pasaran a California, Estados Unidos; lo hicieron a través de la aplicación Google Translator y no ante un traductor de portugués o usbeko, a los que la FGR no pudo acceder en el término de las 48 horas. De acuerdo a la fiscalía, el juez ignoró la orden de la Corte, de usar la sana crítica y lógica razón por la que denunciarán.
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Aunque le fue requerido, la Comisión de Atención a Víctimas no envió en el término un asesor para servir a los migrantes durante el interrogatorio. Al final estas víctimas firmaron su renuncia a ese derecho.
* Los migrantes fueron remitidos al Instituto Nacional de Migración, quien se los entregó al abogado Víctor Gabriel Costa, que a su vez promovió un amparo, pero no dejó en el expediente, identificación o dirección, sólo un correo electrónico para su localización.
Por lo que la información que los investigadores recabaron después, de que en ese lugar trafican alrededor de 25 a 60 migrantes diarios, las rutas que usan, las líneas aéreas, formas de pago, posibles autoridades y empresas vinculadas al delito, deberá esperar una mejor oportunidad.
Debido a que la denuncia de los testigos y la cooperación de las víctimas es esencial en estas carpetas, las autoridades del Grupo Coordinación ponen a disposición sus números de denuncia. En la Fiscalía General del Estado, a través de la línea 800-34322-20; al número de Emergencia 911; al 089 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado; y al Ejército, a los números telefónicos 664-685-0297 y/o, 664-636-6897, así como al correo electrónico denuncia.2zm@sedena.gob.mx
