Desde 2010, el Poder Judicial de Baja California ha judicializado tan sólo 17 carpetas de investigación en desaparición forzada en Mexicali, sin embargo, ninguna ha culminado en sentencia. El año pasado se judicializaron dos carpetas de investigación, a las cuales giraron órdenes de aprehensión, pero éstas aún no se han cumplimentado.
El miércoles 26 de abril el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, Alejandro Isaac Fragoso López, compareció ante el pleno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local.
En la sesión, Marcos Pérez Núñez, administrador judicial de Mexicali, reveló que en 13 años no se ha emitido sentencia alguna por el delito de desaparición forzada en la capital del Estado.
Dijo que en 2023 no han efectuado ninguna denuncia judicializada sobre dicho delito.
Por su parte, Cristian Armando Vásquez Juárez, administrador judicial de Zona Costa (Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y San Quintín), indicó que en 2022 sentenciaron a dos personas en un proceso por desaparición forzada. No obstante, mencionó que sólo se judicializaron tres carpetas en dicho año y una en lo que va del 2023.
Fragoso López informó que en todo el Estado judicializaron cerca de 22 mil carpetas de investigación en 2022. Sin embargo, el presidente del Poder Judicial no fue capaz de proporcionar el número de sentencias emitidas en dicho periodo.
En el caso de los delitos específicos de dichas carpetas, se limitó a decir que los de mayor incidencia son violencia intrafamiliar en Mexicali, narcomenudeo en Tijuana y robo en Ensenada.
El magistrado tuvo que llamar a los administradores judiciales de las distintas regiones para que clarificaran dicha información. No obstante, sólo Vásquez Juárez comentó que en Zona Costa se emitieron cuatro mil 335 sentencias.
Durante la comparecencia, la diputada Michel Sánchez Allende cuestionó a Fragoso López sobre los avances en la atención a la Alerta de Género. Además, le increpó cómo trabaja el Poder Judicial con los casos de deudores de pensión alimenticia que trabajan en la informalidad.
El magistrado indicó que de cinco tareas que establecieron en 2022, aún está pendiente la creación de un Observatorio Ciudadano. Dijo que se lanzaron las convocatorias de los perfiles que deberán integrarlo.
Respecto a los deudores de pensión alimenticia, comentó que los juzgadores pueden acceder a distintos mecanismos, como recibos o información financiera referente. Asimismo, comentó que por cada juzgado familiar (tres en Mexicali, tres en Tijuana y dos en Ensenada) atienden mil asuntos que versan sobre los menores de edad, de los cuales hasta un 80 por ciento solicitan la pensión alimenticia. La mayoría corresponden a padres morosos, por lo que cabe la posibilidad de que dichas personas entren al registro de padres deudores, una propuesta planteada en el Congreso del Estado. Christian Galarza
