A lo documentado a inicios de 2022 sobre el cobro de piso a pescadores y comerciantes de las comunidades pesqueras en Comondú, ahora un grupo de comerciantes y empresarios de la zona turística y central de Cabo San Lucas pidieron al procurador general de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, su intervención para investigar este delito que está afectando a la mayoría de sus establecimientos.
“Todos los comercios están en una dinámica que no esperábamos llegara pronto, y lo peor de todo es que ya tememos que vaya a llegar a la zona de El Médano y los hoteles. Tiendas y restaurantes, por más pequeños que sean, ya están pagando piso, toda la Zona Centro de Cabo San Lucas y en los comercios, todo hasta llegar a la plaza Puerto Paraíso; los empresarios más grandes están enterados, pero temen”, reveló a ZETA un representante de los locatarios, quien pidió omitir su nombre.
Ya pasaron del aviso a las visitas, tal y como fue documentado en La Paz. Los afectados informaron cada uno de los pasos de esta forma de crimen organizado que “ya se extendió también a los comercios en las colonias”.
“Pasa algo bien complicado, tenemos familiares y cercanos a familiares que ya les impusieron la venta de alcohol, por ejemplo, a las ocho de la noche te mandan a un chamaquillo, ahí se queda en el negocio que según va a ayudarte, porque a las diez es la hora de cierre. Pero ya va instruido que a partir de esa hora, lo que se venda es de ellos, o dejas que metan su cerveza y te dan una comisión”, relató la fuente.
La problemática se ha ido extendiendo poco a poco. Inició con los centros nocturnos durante la pandemia, en la ampliación de los horarios de operación. La mayoría de los propietarios de estos lugares optó por cerrar a la hora autorizada. Después se registró la venta de drogas al menudeo, por lo que se procedió a detener a todos los distribuidores en la zona de antros de Cabo San Lucas.
Sin embargo, la incidencia delictiva no se contuvo. “Se ha solicitado la intervención de las autoridades, pero hasta en eso tenemos miedo, si estos delincuentes se han paseado con total tranquilidad en la zona turística de Cabo San Lucas, incluso operan un centro nocturno al amparo de las fuerzas de seguridad, que mientras había pandemia, todos cerraban a las doce y ellos hasta las cuatro de la mañana o más, entonces, cómo confiar. Dicen que ya traen el tema y que la misma procuraduría va a investigar”, finalizó el representante de comerciantes.
COBRO DE PISO EN TODO BCS
Lo que por más de veinte meses se ha tratado de ocultar en el gobierno de Víctor Castro Cosío, poco a poco sale a relucir a la luz pública. A la fecha, nuevamente fue evidenciado por el propio procurador general de Justicia del Estado en una reciente reunión con el Grupo Madrugadores de La Paz, donde inicialmente reconoció que es muy complejo obtener una denuncia, y más, una declaración. Es un delito que se persigue por oficio y no es necesario que tengan que recibir de manera formal una denuncia por extorsión o cobro de piso.
Para de la Rosa no se trataría de miembros de la delincuencia organizada que están empeñados en exigir un cobro por los trabajos honrados de los habitantes.
“Hay malandrines que están aprovechando el momento de la ilegalidad, y son los que se están presentando, es lo mismo de la pesca furtiva, pesca ilegal allá en la zona de San Carlos, López Mateos y hasta Santa Rosalía. Sí estamos llevando el trabajo y sobre todo la investigación, porque como no hay quién señale a este o este, tenemos que llegar por los lados, por homicidios, desaparición, secuestro”, sostuvo Daniel de la Rosa Anaya.
Cuestionado sobre el tema, el gobernador Víctor Castro Cosío comentó que no pueden descartar que se trate de delincuentes ligados al crimen organizado los que estén operando el cobro de piso en Baja California Sur.
“Es un asunto que el procurador que tiene más información y que tiene más responsabilidad que un servidor particularmente en eso, creo que no hay que descartar nada, le voy a comentar procurador, porque eso se asocian con quien más les conviene, entonces, no hay que tener ahí confianza, pues, menos en eso”.
Agregó que se están aplicando protocolos conforme a la Ley. De entrada, se sabe que están controlando la venta de alcohol, drogas, prostitución, horarios, cigarros electrónicos y comunes, y en algunos puntos la venta de pescado y mariscos. Los reportes cada vez van en aumento, pero nadie quiere denunciar de manera formal.
“Quiero decirles que el trabajo que está haciendo la procuraduría es muy reconocido, y deben seguir por ese camino, aunque no haya denuncia, a seguir investigando y aplicando a Ley”, reiteró.
De cierta manera, el gobernador reconoció que el cobro de piso ha estado sobre la Mesa de Seguridad Pública, pero no se han activado protocolos, tal como sí lo está haciendo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de seguir los casos por oficio.
Reconoció que hay delitos con obviedad de que no se denuncia, pero no por falta de voluntad, sino quizá por miedo a las represalias que esto implica.
“Sí lo hemos abordado una y otra vez, pero en la Mesa de Seguridad si no tenemos denuncias, se actúa sobre la base, por ejemplo, en narcomenudeo, en la comunidad existe, entonces, no es que alguien vaya y denuncie ‘en esta casa venden droga’. Nosotros tenemos que actuar e ir así como lo está haciendo el procurador”, lanzó el titular del Poder Ejecutivo del Estado.
“EL ALACRÁN”, LA PUNTA DEL ICEBERG
El 5 de diciembre de 2022 fue capturado Juan Manuel Franco Silva “El Alacrán”, líder criminal de una célula dedicada al cobro de piso y extorsión en la venta de mariscos, alcohol cigarros y prostitución, red que extendió desde el municipio de Comondú, Loreto y Mulegé.
Era el segundo al mando, el cabecilla y todavía prófugo de la justicia es su hermano, Daniel Franco Silva “El Tiburón”, principal operador y generador de violencia en la zona media y norte de BCS.
“En los delitos por extorsión o cobro de piso, lo que se ha informado es que no hay denuncias, por obvias razones, por el tipo de delito, no es como los levantones que la familia activa la búsqueda, pero en este caso, aun así estamos investigando. Ejemplo es el caso de ‘El Alacrán’, que era el encargado del cobro de piso y extorsión, que operaba incluso en Puerto San Carlos, López Mateos, Loreto y hasta Santa Rosalía”, expresó el procurador Daniel de la Rosa Anaya.
Para fortuna de las fuerzas judiciales, la captura de “El Alacrán” llegó sin cargos que ejecutarle, ya que el cobro de piso es inexistente, según las autoridades por la falta de denuncia. Y Juan Manuel Franco cometió un grave error.
A finales de septiembre de 2022, cuando se encontraba con sus hombres en el interior de un bar contra esquina del Ayuntamiento de Comondú que administra Iliana Talamantes Higuera, al llegar elementos de Seguridad Pública Municipal tras un reporte de disturbios, “El Alacrán”, acompañado de una decena de hombres y mujeres armados, dieron una brutal golpiza a los elementos de seguridad.
Ese fue el parteaguas de su caída, que lo llevó a la vinculación a proceso por ultrajes a la autoridad, lesiones dolosas y homicidio en grado de tentativa; el resto de los delitos sólo han sido confirmados de manera verbal por el procurador en las entrevistas sobre el tema.
Previamente al “Alacrán” habían caído otro presunto grupo de delincuentes y operadores de “El Tiburón”. El 4 de mayo de 2022, Juan Antonio Meza Angulo “El Güero Bocón”, al parecer, suegro de “El Tiburón”, dedicado al secuestro y cobro de piso en Puerto San Carlos y López Mateos.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGJE también detuvieron a Benito López Duarte “El Beni” y Jesús Alberto Sepúlveda Naranjo “El Cepillo”; el primero, el 23 de marzo de 2021 en Puerto San Carlos por el delito de secuestro, y vinculado a proceso en mayo. Mientras que el segundo fue capturado en Tijuana, Baja California el 12 de mayo de 2021.
Junto con Juan Antonio sacaron de su domicilio a un joven pescador de Puerto San Carlos el 22 de febrero de 2021, lo llevaron a un despoblado en el Kilómetro 34 de la carretera San Carlos a Ciudad Constitución, allí lo golpearon y tablearon hasta dejarlo inconsciente.
Faltan por caer otros miembros de la célula criminal: Leonardo Rafael Osuna Alcaraz, Catarino López “El Catarino” y su pistolero, Víctor Sánchez “El Pelón”, todos en operaciones principalmente en Puerto San Carlos.
