La Primera Sala del Tribunal Administrativo en Baja California Sur, resolvió la inhabilitación por 10 años por cometer peculado y actuación bajo conflicto de intereses, además de establecer una millonaria multa, contra de la ex directora del Instituto de Vivienda (INVI), Rosalva Cuadras López.
La autoridad administrativa se declaró competente para resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa por la comisión de faltas graves previstas en los artículos 53 y 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
Como sanción se determinó la inhabilitación por 10 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión bajo cualquier puesto y categoría en el servicio público, estatal y municipal. Además, deberá pagar una indemnización en favor del INVI por 1,781,212.73 (un millón setecientos ochenta y un mil doscientos doce pesos 73/100 moneda nacional).
“Esa sentencia que dicta el Tribunal Administrativo está bien, que la dejen sin posibilidad de poder ejercer su trabajo en el gobierno, pero ahora ocupamos y que va a regresar un dinero, tiene que indemnizar al INVI; vamos sobre la parte penal, no es la idea, pero tampoco podemos dejar impune, yo les dije a ustedes, vamos a hacer todo”, comentó al respecto el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.
Cuadras es la tercera ex funcionaria en ser vinculada a proceso. El primero fue Juan Manuel “N”, quien fungía como funcionario del Registro Público de la Propiedad en Mulegé y se le vinculó por su relación en el delito de abuso de autoridad. Además, se le acusa de cancelar ilegalmente dos embargos a favor de 96 trabajadores e inscribió dos compraventas de bienes inmuebles -antes embargados- en perjuicio de trabajadores de la empresa calamarera Hanjin México, SA de CV en octubre de 2018.
El otro es Isidro Jordán Moyrón, ex secretario de Finanzas, vinculado con la agencia de viajes Perla, a la cual se le facturaron más de 200 millones de pesos mientras era servidor público, y según el gobernador Castro, es propietario de dicha empresa.
“No vamos a parar hasta que, sean quien sea, de este, del pasado, de las personas si hubiera elementos, pero batallamos mucho con las autoridades judiciales, no sabemos cómo está estructurado eso, que lo hicieron como para más fácil de salir”, sostuvo Castro Cosío.
En lo que se refiere a más funcionarios y ex servidores públicos vinculados a proceso, la contralora estatal Rosa Cristina Buendía Soto confirmó que hay más denuncias por causar ejecución, algunas avanzadas las investigaciones, y sobre todo en la integración de expedientes.
Buendía aclaró que no se trata de algo personal, mucho menos de una cacería de brujas.
“Son más de veinte denuncias interpuestas contra ex servidores públicos y que estarán resolviendo muy pronto, por lo menos tres ya los tenemos muy avanzados y van a causar ejecutoria, sólo estamos llevando los procedimientos. No es nada personal en contra de nadie, es venir y revisar la Ley y aplicarla contra quien esté cometiendo un delito. Al inicio decían que venganzas, que cacerías de brujas, por supuesto que no; en Contraloría somos fiscalizadores, somos un órgano estatal de control, venimos a vigilar”, expresó la contralora estatal.
ISIDRO, EN LA MIRA DEL GOBERNADOR
Víctor Manuel Castro Cosío dejó en claro que Isidro Jordán se amparó para cualquier orden de aprehensión en su contra, aunque reiteró que usó su posición de funcionario público para favorecer negocios personales, asunto que es de dominio público y “todo mundo sabe”.
“Isidro ya se amparó, Isidro Jordán, espero con esto no generar un asunto de entorpecer, porque ya dije el nombre de alguien y ya con eso se bajan, pero digo, sin el debido proceso, esa persona se pasea después de que utilizaron los recursos públicos para hacer negocios, negocios personales, todo el mundo sabe que tenían una empresa de venta de boletos, facturaron millones de pesos. Qué afán de seguir robándole al pueblo mintiendo, engañando, dándose la vida como si no pasara nada, contentísimo”, manifestó Víctor Castro Cosío.
Según el gobernador, se gastaban alrededor de 40 millones de pesos al año en viáticos aéreos; las observaciones, según él, van de 2015 a 2019 y así quedó plasmado el 3 de junio de 2021, mediante el expediente LPZ/3403/2021/NUC de la denuncia levantada por Arnoldo Alberto Rentería Santana, ex dirigente de Morena y actual funcionario público de Baja California Sur.
Por otro lado, en el Registro Público de la Propiedad se localiza la empresa Viajes Perla, la cual fue una donación a Alejandra “N”, presunta esposa del ex servidor público vinculado a proceso Isidro Jordán Moyrón.
“Pero cómo no, si está probado que Viajes Perla era de ellos, a menos de que como está debidamente acreditado, ahora se ampararon, van haciendo de los procesos judiciales, otro y otro, y tormentoso hasta que busca que la gente olvide, y ojalá y no olviden nunca la gente, que ya no permita que desde el gobierno se siga robando y quien a lo haga denúncienlo, por favor, los que me están oyendo, denúncienlo”, señaló Castro Cosío.
Asimismo, aclaró que se están armando expedientes de manera minuciosa, pero se atienden según lo denuncian los habitantes; ellos no pueden saber si hay o no irregularidades, se está revisando cada una de las denuncias. De ahí la invitación a denunciar en caso de que la población sepa que tal o cual ex servidor público o actual funcionario está cometiendo algún ilícito.
Acorde con el mandatario, los denunciados acuden a los Juzgados acompañados de sus defensores jurídicos “bien armados”, refiriendo que deben tener cuidado en la aportación de pruebas y recabar la documentación necesaria.
“Nosotros tampoco (podemos) saber si hay algo, yo nomás necesito que haya la denuncia porque no tengo elementos para acusar a los otros, y cómo voy a decir ‘fulano de tal es ladrón’, están los expedientes armándose minuciosamente, porque si no van bien armados, te los tumban”, refirió.
DELITOS GRAVES PRESCRIBIERON
Al cumplirse año y medio del gobierno de Castro, la contralora Rosa Cristina Buendía Soto dijo que a su llegada “pudieron ubicar más de dos mil expedientes en contra de ex servidores y actuales funcionarios públicos”.
En una cuidadosa revisión, lograron detectar que prácticamente el 35% ya habían prescrito, entre estos, delitos administrativos por conductas no graves y faltas graves.
“Encontramos una contraloría ahí con asuntos de poco más de dos mil expedientes, un poco más de 2 mil expedientes que seguimos revisando, algunos de ellos ya prescritos no, ahí sí, ya no podemos hacer nada, porque pues anteriormente en 2017, pues era un año en la cuestión administrativa que prescribían los asuntos de responsabilidad administrativa, y a partir de 2018 son tres años en las conductas que no son graves, y siete años en las faltas graves”, afirmó Buendía.
Se analizó cada uno de los casos, uno por uno en el primer año y medio, y determinaron que muchos ya habían pasado el periodo de ejecución, pero en otros ya se trabaja para dar con los responsables, en cada uno armando expedientes para llevarlos ante la justicia.
Inicialmente se trabaja en el procedimiento administrativo, y, en caso de que se tenga que dar aviso a la Procuraduría General de Justicia del Estado o a la Fiscalía General de la República, están en total disposición de llegar hasta las últimas consecuencias.
La mayoría de las faltas encontradas tienen que ver con documentales contables, contratos de obras en las que se debe revisar el posible desvío de fondos y para dónde fue ese recurso ya programado, que presumen fue etiquetado en un contrato para determinada obra que no se ha detectado.
“Es un tema que deriva de la falta administrativa que tiene que ver con declaraciones de situación patrimonial, y como comentaba la licenciada, con el plazo que estaba de un año, muchos de ellos se vieron afectadas por esa temporalidad, y pues poco más de 600, 700 sí se configura la figura de la prescripción de sancionadores de la Contraloría General, y en otros tiene que ver también con temas obviamente de resultados de auditorías por parte de distintos entes de fiscalización, como es la propia Contraloría, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado”, externó Reyes Alfredo Machado, director jurídico de Contraloría Estatal.
Si bien ya prescribió el 35% de expedientes que la anterior administración de Contraloría había iniciado, en lo que va del periodo de Buendía Soto ya se tienen 4 mil nuevos expedientes en contra de ex funcionarios y actuales servidores públicos “que se han integrado en este año y medio, donde advertimos hechos constitutivos de delito y damos vista al Ministerio Público; las faltas que denunciaron, que denuncian de manera anónima, tenemos denuncias por vía telefónica, por comparecencia, que son las vías que pueden hacer en la Contraloría”, finalizó la titular.
