Presa contaminada obliga a tandeos de agua; gobernadora Marina Ávila está obligada a actuar, pero tanto ella como operadores de organismos de agua, hacen el vacío al delicado tema
Hay tres hechos que la autoridad estatal no puede negar a los residentes de la Zona Costa de Baja California:
1. La presa El Carrizo está contaminada.
2. No hay agua suficiente para la distribución potable en Tijuana y Rosarito.
3. Están realizando tandeos en la distribución de la misma.
Pero, aun así, tanto la gobernadora como los operadores de organismos de agua locales, lo niegan. Muy a pesar, incluso, de los cientos de denuncias que reciben diariamente por la falta del vital líquido.
Las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hicieron pruebas de rutina y periódicas en la mencionada presa en diciembre de 2021, junio de 2022 y marzo de 2023, encontrando entre 300 y 400% más de la contaminación permitida.
Detectaron entre mil 200 y mil 500 unidades de turbiedad -material fecal humano y animal- por muestra, cuando la norma tolera un máximo de 300 unidades por muestra.
Estos datos obtenidos a lo largo de varios meses en tres revisiones formales, de las cuales se emitieron informes y recomendaciones, simplemente han sido ignorados intencionalmente por Francisco Bernal Rodríguez, ingeniero agrónomo con especialidad en Riego y Drenaje Agrícola, con maestría en Ciencias en Uso del agua de Riego en Zona Áridas, además de director del Organismo Cuenca Península de Baja California de la Conagua; y por Amador Barragán, doctor en Ciencias Administrativas, maestro en Administración de Empresas y director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
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Pública y oficialmente, ellos tienen otros datos.
El maestro Bernal incluso se puso en modo Shakira, “ciego, sordomudo, torpe, traste y testarudo” y simplemente dejó de contestar los oficios de Conagua central, acusando los altos niveles de coliformes fecales y enterococos en el agua de la presa, como si ignorándolos la contaminación dejara de existir.
También decidió ignorar la sugerencia que le hicieron de un plan de mantenimiento para solucionar la contaminación de la presa, que llevaría seis meses y para el cual debían solicitar al Gobierno Federal, desde el año pasado, 120 millones de pesos.
En 17 meses, tampoco han presentado su propia propuesta de solución.
La información llegó a ZETA primero extraoficial desde Gobierno del Estado, y fue corroborada días después con más detalle desde Conagua en Ciudad de México. La actual escasez de agua se debe precisamente a la contaminación por heces en la presa El Carrizo.
Desde la Capital del país explicaron la falta de agua de la siguiente manera: La Presa del Carrizo recibe y almacena mayormente agua proveniente del acueducto que viene de Mexicali, después se potabiliza a través de tres cauces o “plantas” para enviar los 5 mil 500 litros por segundo que requiere Tijuana.
Pero debido a la contaminación del agua de la presa, es común que sólo funcionen dos de esas tres plantas, mientras una tercera está en mantenimiento o limpieza de sus filtros. Entonces la producción se reduce un 30.9% y queda en 3 mil 800 litros de agua por segundo, que son insuficientes y hay que racionarla.
Hasta ahora, justo lo único programado es la inversión de 5 millones de pesos para mantenimiento del equipo electromecánico en El Carrizo.
Sin embargo, en lugar de explicar la situación e informar de los trámites que están realizando para solucionar este grave conflicto, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuya administración fue informada de la crítica situación desde su llegada hace 17 meses, decidió callar, mientras sus funcionarios presentan mediciones alegres que convenientemente, por más de año y medio y sin consecuencias, no han coincidido con los muestreos de contaminación detectada por inspectores federales.
Es cierto que el agua de la presa no se contaminó el día que ella tomó posesión, es un problema que heredó. Pero como titular del Poder Ejecutivo está forzada a saber, y se supone que sabe. La gente no eligió ni a Bernal, ni a Barragán. Ella asegura que todos en el Gobierno Federal son sus amigos, así que obtener información de primera mano, no le va a costar.
El acceso al agua potable y saneamiento seguro es un derecho humano, lo mismo que la salud, y, si hay problemas, doña Marina está obligada por Ley a tener claridad y a informar, sea por TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp o la conferencia semanal. Estos temas son mil veces más importantes que lo que come, cocina, festeja, o la marca y color del labial que usa.
