El funcionario en cuestión tiene años -muchos- trabajando en temas de agua en el ámbito federal. En 2021, cuando Baja California aún estaba dentro del bienio administrativo estatal de Jaime Bonilla Valdez, fue cuando más se sorprendió. Los encargados de los organismos del agua, y de la entonces recién creada Secretaría del Agua, no tenían ni la más remota idea de lo que enfrentarían.
Las posiciones en las comisiones estatales de servicios públicos, los organismos del agua y la secretaría, se habían entregado con miras políticas y sin visión de proyecto a futuro. Puro inexperto, pero bien conectado con el gobernador, fue colocado en las áreas importantes.
Ese año, 2021, fue la primera ocasión que los de la federación localizaron organismos, microorganismos, bacterias, heces, y otros contaminantes en presas de Baja California. Algunos de ellos fuera de los rangos “normales” o manejables, lo cual hacía dicha agua imposible para el consumo humano.
El gobierno de Bonilla, a través de sus funcionarios, fue alertado del grave problema de contaminación, pero nada hicieron. Continuaron con su arrogancia gubernamental y su ignorancia en el tema, poniendo en grave riesgo a los bajacalifornianos.
Llegado el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, el escenario no cambió. De hecho, a la persona que Jaime Bonilla tenía a cargo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Armando Samaniego, Marina Ávila la ascendió a titular de la Secretaría del Manejo, Saneamiento y Protección del Agua del Estado. Y a quien ocupaba esa posición, Francisco Bernal Rodríguez, lo designó director general del Organismo de Cuenca de la Península de Baja California.
Los funcionarios de Bonilla son también los de Ávila.
Inexpertos, ubicados en las titularidades de esos organismos de manejo de agua más por cuestión política que por capacidad, conocimiento y experiencia en la materia, Armando Samaniego y Francisco Bernal se han desempeñado con una irresponsabilidad e ignorancia que, dadas sus consecuencias, raya en lo criminal.
Ambos personajes han sido alertadas -no una, ni dos, sino en más de tres ocasiones- de la contaminación que persiste en presas y lagunas de Baja California, así como de la corroída tubería del acueducto Río Colorado, y la alta cantidad de sólidos, metales y otros contaminantes en el agua del estado. Sin embargo, no han actuado como la gravedad del tema lo requiere. De hecho, han ignorado de manera reiterativa las alertas federales, y en su máxima ignorancia, han perdido la oportunidad de obtener y traer recursos federales para el manejo y el saneamiento del agua en Baja California. Simplemente no solicitan los recursos porque no saben que las condiciones del agua en la entidad los requieren.
En contraparte a sanear las aguas de Baja California, los funcionarios y el esposo de la gobernadora, Carlos Torres Torres, pretenden concesionar los bordes, por ejemplo, de la presa El Carrizo, la más contaminada, como se puede leer en el reportaje de Julieta Aragón Domínguez en la página 8 de esta edición de ZETA.
Efectivamente, Armando Samaniego y Carlos Torres acudieron al organismo de agua federal, en calidad de funcionarios estatales (el esposo de la gobernadora como encargado de los grandes y especiales proyectos) para solicitar la concesión de una sección del borde de la presa El Carrizo, para que una empresa privada la explotara, junto con el cuerpo de agua, en actividades de entretenimiento como canotaje. El optimismo de los marinistas acabó cuando les informaron que eso no podía suceder, al menos no mientras la presa El Carrizo continuara cerrada (como lo habían recomendado a partir de la localización de contaminantes mortales) debido al alto nivel de contaminación. No podían utilizar el agua para actividades de entretenimiento, pues corrían el riesgo de contagios, y por supuesto, no podía esa agua ser tratada con esos niveles de contaminación por diversos microrganismos.
Los funcionarios, en lugar de poner empeño, recurso y compromiso en sanear el agua de la presa, para que esta sea apta para consumo humano, y por supuesto, para actividades de recreación, no hicieron algo al respecto.
Tienen meses, los funcionarios federales, alertando a los estatales del riesgo por la alta contaminación de la presa El Carrizo. Les solicitaron que ubicaran letreros de peligro para que la sociedad no acudiera a pescar o a nadar en el vaso de la presa, pero nada. Cada fin de semana, y también entre semana, personas acuden a relajarse con el agua contaminada que podría poner su vida en riesgo. Entre los microorganismos y bacterias que se encuentran en la presa existen aquellos que podrían causar la muerte a personas con enfermedades ya diagnosticadas, o que algún órgano les fue retirado, explicaron los expertos.
Y todo esto, debido a la incapacidad, ineficiencia e ignorancia de quienes, en el gobierno anterior y en el presente, titulan los organismos de manejo y saneamiento del agua en Baja California; cargos destinados para personas con experiencia, capacidad y conocimiento, pero entregados como cuotas políticas a recomendados, amigos y correligionarios del partido en el poder.
No sería la primera ocasión que áreas de especialización se van al traste por la contratación de inexpertos, pero políticos recomendados o amigos, particularmente en los gobiernos de Morena. Pero en este caso y en Baja California, la incapacidad y la ineficiencia de los funcionarios designados tiene a una buena parte del estado sin agua, con tandeos, y con el riesgo de consumir agua contaminada que pueda costarle la vida. Y eso es una acción criminal del Gobierno del Estado desde el viento de Jaime Bonilla hasta lo que va de la administración de Marina del Pilar Ávila.
