Con 264 votos a favor, 217 sufragios en contra y 1 abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó en lo general, el 25 de abril de 2023, la iniciativa que reforma diversas leyes en materia de protección del espacio aéreo mexicano, entre ellas, la Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de Aeropuertos y de Aviación Civil.
Los votos a favor fueron de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM), mientras que los sufragios en contra fueron emitidos los integrantes de los grupos legislativos de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
Publicidad
La iniciativa -presentada por el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del grupo legislativo de Morena en San Lázaro, a la cual se le dispensaron todos los trámites, para ser discutida de inmediato, por ser “de urgente resolución”-, tiene el objetivo de “armonizar” el marco jurídico administrativo con la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicada, el 1 de marzo de 2023, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ello para regular las acciones y procedimientos para preservar la seguridad e independencia nacionales del espacio, por medio de la vigilancia y protección coordinada que realizan las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal.
“Se plantea que, ante la necesidad de brindar mayor seguridad en el espacio aéreo de nuestro país, se amplíen dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Aviación Civil, aquellas facultades que permitan a la Sedena actuar ante la ocurrencia de actos ilícitos en contra de las operaciones aeronáuticas, que puedan afectar la seguridad nacional, en concurrencia con las autoridades civiles”, detalla la iniciativa.
Publicidad
La minuta establece las facultades para que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) coordine a las dependencias que participan en garantizar la seguridad del espacio aéreo del país, con el fin de identificar y neutralizar el uso de aeronaves y terminales aeroportuarias que violen la normativa en materia de navegación aérea y prevenir amenazas para la seguridad nacional.
Asimismo, la iniciativa incluye modificaciones a la Ley de Aeropuertos, para coordinar a las autoridades civiles y militares dentro de la administración, operación y explotación de aeródromos civiles. El proyecto también plantea adecuar las competencias del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), para garantizar la seguridad de la aviación civil y el control del espacio aéreo nacional, así como su interrelación con la legislación vigente, reglamentos, normas oficiales mexicanas, circulares de orientación técnica, circulares de información, y demás disposiciones jurídicas aplicables.
“Corresponde a la SEDENA, en coordinación con la [Secretaría de Marina] SEMAR, salvaguardar la soberanía y la defensa de la integridad del espacio aéreo, en concurrencia con la [Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes] SICT, participar en operaciones de búsqueda y salvamento aéreo, establecer las zonas de vigilancia y protección del espacio aéreo, en coordinación con la SICT y la SEMAR”, expone la iniciativa.
AMLO PUBLICA EN DOF, LA LEY QUE MILITARIZA EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
El titular del Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 1 de marzo de 2023, el decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, aprobada por el Congreso de la Unión, que dará mayor poder a las Fuerzas Armadas para detener el tráfico de droga que utiliza la aviación civil, entre otros delitos.
El 28 de abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa de Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. En la fundamentación del proyecto, alertó respecto a los vacíos jurídicos o administrativos que permiten a la delincuencia organizada utilizar la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo para realizar actos ilícitos, poniendo en riesgo la seguridad de la aviación civil.
“El más grave riesgo que esta situación genera es la posibilidad de una colisión entre un vuelo que incurre en el uso ilícito del espacio aéreo y un vuelo comercial, los vuelos ilícitos, lejos de presentar una ruta previa a la autoridad aeroportuaria, hacen lo posible para evitar su localización, por lo que pueden invadir las rutas de aviones comerciales o privados”, advirtió.
La iniciativa prevé la creación del Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, cuyo objetivo sería la coordinación entre las instituciones y entidades de la Administración Pública Federal (APF), para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.
Dicha institución estaría integrada por las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); de Gobernación (SEGOB), de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR), además de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).
Asimismo, la nueva institución estaría conformada por el Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo; la Agencia Federal de Aviación Civil; Servicios a la Navegación Aéreas, la Guardia Nacional; y, el Centro Nacional de Inteligencia.
A su vez, el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo operaría como instancia superior responsable de emitir las políticas de coordinación e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la APF, para garantizar la protección del espacio aéreo mexicano, presidido por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“El servicio de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América reportó que en 2019 ingresaron a ese país 118 toneladas de cocaína por vía aérea, con un costo estimado de 135 mil millones de pesos. Para México, esta situación genera presión política internacional, debido a los daños a la salud, la violencia y los actos de corrupción que presupone”, dice la iniciativa.
Ante tal problemática, el Estado mexicano se encuentra comprometido a vigilar, perseguir y erradicar las conductas ilícitas detectadas. La Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea del Estado Mayor de la Defensa Nacional deberán actuar contra aquellos que transgredan la seguridad de la aviación civil.
Aunado a lo anterior, la iniciativa presidencial define el proceso de interceptación aérea, en caso de que se detecte un vuelo no autorizado o clandestino, hasta que abandone el espacio aéreo mexicano o aterrice en territorio nacional.
En la iniciativa también se describen las deficiencias en la vigilancia de autoridades civiles y militares en los vuelos realizados por particulares. Entre ellos se menciona la presentación de documentación apócrifa ante autoridades aeronáuticas para circular dentro del territorio nacional.
Así como permisos de internación, licencias de vuelo y certificados de aeronavegabilidad, operación de aeródromos sin permiso e inactivación de códigos transponder, que permiten la correcta vigilancia y control de los Servicios de Tránsito Aéreo.
Además, se registran desvíos de la ruta para abandonar el territorio nacional de manera ilegal y posteriormente emplear las aeronaves para el trasiego de carga ilícita, como droga y armas, de distintos países hacia México, poniendo en riesgo la seguridad de la aviación nacional e internacional.
Asimismo, se mencionan las irregularidades en las operaciones de aviación privada, licencias de vuelo falsas, suplantación de identidad, aeronaves sin documentos, transporte ilegal de hidrocarburos, operación en pistas clandestinas, funcionarios que facilitan vuelos ilícitos al no desempeñar sus ocupaciones por ausencia, omisión o corrupción.
SENADO APRUEBA DICTAMEN DE LEY PARA “PROTEGER” ESPACIO AÉREO DEL NARCO Y OTROS DELITOS
Con 63 votos a favor, 40 sufragios en contra y cinco abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó, el 22 de febrero de 2023, el decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que dará mayor poder a las Fuerzas Armadas para detener el tráfico de droga que utiliza la aviación civil, entre otros delitos.
Después, el proyecto de decreto fue aprobado con 62 votos a favor, 43 sufragios en contra y cero abstenciones. La citada Ley -que es reglamentaria de los artículos 27, 48 y 73, fracción XXIX-M de la Constitución-, se remitió al titular del Poder Ejecutivo Federal, para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El 21 de febrero de 2021, con 15 votos en favor, cinco sufragios en contra y dos abstenciones, las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, aprobaron el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.
DIPUTADOS APRUEBAN, CON 195 ABSTENCIONES, LEY PARA “PROTEGER” ESPACIO AÉREO DEL NARCO Y OTROS DELITOS
El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó -en lo general y particular con 263 votos a favor, 26 sufragios en contra y 195 abstenciones-, el 8 de febrero de 2023, la iniciativa que crea la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, con el objetivo de detener el tráfico de droga que utiliza la aviación civil, entre otros delitos.
Sin embargo, los partidos de oposición en San Lázaro aseguraron que dicho dictamen militarizaba el espacio aéreo, ya que con esta nueva legislación, se les otorga mayores facultades a las Fuerzas Armadas, cuando son tareas que deben realizar los civiles.
Las abstenciones fueron emitidas por los diputados integrantes de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), que forman la alianza legislativa “Va por México”.
Por Morena, también se abstuvieron los legisladores Susana Prieto Terrazas, Inés Parra Juárez y Jaime Martínez López. Por su parte, la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) presentó una moción suspensiva para evitar la discusión de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, misma que fue rechazada.
