Ante crisis de deslaves y hundimientos, Marina del Pilar Ávila y Montserrat Caballero están obligadas a trabajar juntas para sancionar a fraccionadores y funcionarios responsables, y solicitar apoyo de la Federación
Los archivos hemerográficos de ZETA contienen datos de inundaciones desde 1980, son poco más de cuatro décadas en las que los bajacalifornianos y los reporteros de este Semanario han dejado testimonio de las acciones de una serie de gobiernos y fraccionadores avaros, mentirosos e incompetentes que han resultado en pérdidas humanas, materiales e innumerables situaciones de riesgo para los ciudadanos, sin que alguno sea sancionado.
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Peligros similares a los latentes e inminentes deslaves, advertidos esta semana en Tijuana: uno en la carretera a Playas, sobre el Cañón del Matadero, y el segundo en el Bulevar Cuauhtémoc Sur, a la altura del fraccionamiento La Sierra. La inestabilidad y derrumbes en esas zonas, ponen en riesgo a los miles de usuarios que a diario las circulan.
Pero eso es apenas una pequeña parte del problema. Con la temporada de lluvias encima, los residentes de Tijuana enfrentan cuatro zonas de deslizamientos graves y seis socavones.
Algunas zonas de Ensenada y Tecate, pero principalmente de Tijuana, están construidas en el reino del caos, casas en laderas y taludes de cerros mal cortados y mal compactados en cauces, cuencas y lechos de arroyos. Invasiones, casas autoconstruidas y fraccionamientos que simplemente decidieron ignorar de manera impune los estudios adicionales que las leyes y reglamentos, incluidos las de Ecología, ordenan desde mediados de los años noventa para determinar qué obras de protección y requerimientos adicionales se deben solicitar para aprobar las edificaciones en cañadas y lomas, ignorando intencional e irresponsablemente el hecho de que la entidad está construida en terrenos porosos, sobre fallas geológicas de alto riesgo sísmico.
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Según lo dicho a ZETA desde Protección Civil estatal en mayo de 2022, “hasta el 65% del territorio de Tijuana está catalogado con vulnerabilidad media o alta (predominando la media), y el resto, de baja a media”.
Por condiciones similares, Ensenada y Tecate también presentan numerosos hundimientos y deslaves en temporadas de lluvia. Sin embargo, esa información también tiene sin cuidado a las autoridades, porque igual llevan 12 años -más de cuatro años de gobiernos morenistas- sin actualizar el Atlas de Riesgo y sin construir obras preventivas significativas, como los pluviales en los noventa y sin hacer leyes de impacto; tampoco se han ocupado en capacitar funcionarios u ordenar supervisiones importantes que sirvan para prevenir el caos y reducir en lo posible las pérdidas.
Los denominadores comunes a través de los gobiernos del PRI, PAN y ahora de Morena, han sido la incompetencia y la apatía. Una administración tras otra, han actuado con ineptitud en su tarea de supervisión de construcciones. Y han sido omisos ante los derrumbes.
La responsabilidad de los fraccionadores y de los funcionarios fue ignorada por los gobiernos en 1993, igual en 1995, en 2004… y la historia se ha repetido, derrumbe tras derrumbe, hasta tiempos más cercanos. Como el deslizamiento a principios del 2018 en Lomas del Rubí de Tijuana, donde Grupo Melo se negó a aceptar responsabilidad, a pesar de los irregulares movimientos y cortes de tierra.
De hecho, a finales de las administraciones panistas, en el caso de Tijuana decidieron modificar los mapas de usos de suelo que se habían endurecido tras una serie de tragedias, haciéndolos más laxos para permitir construcciones verticales en zona antes negadas por ser consideradas de alto riesgo, y a su llegada, los de Morena simplemente los dejaron como estaban.
En ese contexto, las autoridades estatales han decidido evadirse y los ayuntamientos han optado por echarle la culpa a los ciudadanos y vecinos de las zonas afectadas por tirar basura, por no mantener limpios los pluviales y salidas de agua, que resultan evidentemente insuficientes para soportar las constantes lluvias.
Lo hacen al mismo tiempo que aprueban permisos de construcción en cerros y zonas de relleno, sobre tierra floja, sin cubrir los mínimos requisitos de impacto ambiental y exponiendo la seguridad de sus votantes.
Ahora, en medio de esta crisis, los actuales gobiernos morenistas tienen oportunidad de hacer la diferencia. Para empezar, dejarse de protagonismos políticos y corrientes. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda debe asumir la corresponsabilidad -el Estado también está involucrado en el otorgamiento de permisos de construcción, impacto ambiental- y trabajar de la mano con la representante de los tijuanenses, la alcaldesa Montserrat Caballero.
Juntas deben promover investigaciones para que se castigue a los responsables, sean ex funcionaros o fraccionadores. Unidas pueden revisar y endurecer leyes, reglamentos y mapas de uso de suelo que puedan garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es urgente actualizar el Atlas de Riesgo y enérgicas solicitar el apoyo de un Gobierno Federal que, como referiría nuestro colaborador Héctor González Cuellar en su columna publicada en la edición 2556 de ZETA, “nos han dejado las migajas a entidades lejanas”.
