Señalan que la medida podría afectar a cerca de 780 viviendas, incluyendo predios sin daños estructurales, mientras cuestionan la falta de estudios que respalden la decisión y los avances en la atención a familias afectadas desde 2022
Decenas de vecinos de Camino Verde advirtieron que el cambio de uso de suelo en la zona podría afectar el valor de sus propiedades y dejarlos sin certeza jurídica sobre sus predios, en un contexto donde estiman que al menos mil personas resultarían afectadas.
De acuerdo con residentes, el polígono de riesgo fue ampliado recientemente, abarcando alrededor de 780 viviendas, de las cuales aproximadamente la mitad cuentan con etiqueta roja. Dentro de este mismo perímetro, señalaron, se incluyen cerca de 320 predios que no presentan afectaciones visibles.
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El cambio implicaría que la zona deje de ser considerada habitacional, lo que, según los vecinos, impactaría directamente en la propiedad y uso de sus terrenos. Incluso cuestionaron la lógica de convertir el área en zonas verdes, al señalar que la vegetación requiere riego y esto podría agravar la saturación de agua que causó los deslizamientos.
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En ese contexto, vecinos se presentaron este jueves en las oficinas del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana como parte del proceso de consulta pública. Indicaron que han presentado un total de 528 opiniones, todas en rechazo al cambio de uso de suelo.
Carla Guzmán, propietaria de uno de los predios, expresó su preocupación por el impacto de la medida y advirtió que podría reducir el valor de los terrenos, aun cuando algunas viviendas no presentan daños estructurales.
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“Tenemos escrituras de los predios, no son invasiones. Nosotros tenemos título de propiedad, tenemos luz, tenemos agua, tenemos todos los servicios”, comentó.
Asimismo, consideró que “es una burla” que, pese a la pérdida de viviendas, se sigan cobrando recibos de luz de hasta 50 mil pesos y el impuesto predial en terrenos que hoy son solo escombros.
Por su parte, Sergio Antonio Muñoz señaló que, a cuatro años del deslizamiento, continúa viviendo en condiciones de riesgo sin haber sido reubicado. Indicó que únicamente se han entregado 14 viviendas a personas damnificadas, frente a más de 300 predios afectados en los últimos años.
Señalaron que el problema inició en 2022, cuando ocurrió un deslizamiento de tierra en la zona que dejó decenas de viviendas dañadas o inhabitables. Desde entonces, han denunciado falta de atención por parte de las autoridades.
En ese sentido, también cuestionaron la ejecución de un proyecto de contención derivado de estudios técnicos, valuado en aproximadamente 150 millones de pesos, el cual, aseguraron, no se concluyó conforme a lo previsto ni se transparentó su ejecución.
“Dijeron que iban a hacer más de 100 pilotes y solo hicieron 41, además sin la profundidad adecuada”, afirmó Muñoz.
De acuerdo con los residentes, la obra contemplaba una profundidad mayor a los 40 metros; sin embargo, en su ejecución habría alcanzado únicamente alrededor de 28 metros.
Asimismo, denunciaron que no se les han presentado estudios técnicos que sustenten la ampliación del polígono de riesgo ni el cambio de uso de suelo. “Queremos ver los estudios, saber en qué se basan para tomar estas decisiones”, expresó Guzmán.
Según vecinos, años antes del deslizamiento el ingeniero Franco Casas determinó que la zona era viable para uso habitacional; sin embargo, indicaron que actualmente los estudios están a cargo de una empresa externa, presuntamente de Guadalajara, sin que se les haya informado con claridad sobre su contenido o resultados.
También señalaron que algunas viviendas carecen de servicios básicos como agua, drenaje y electricidad, situación que se ha prolongado durante varios años.
Asimismo, residentes indicaron que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se comprometió a brindar apoyo tras el deslizamiento; sin embargo, afirmaron que no ha regresado a la zona en los últimos tres años.
Finalmente, reiteraron su rechazo al cambio de uso de suelo y exigieron claridad por parte de las autoridades sobre el futuro de sus predios, así como una solución para las familias afectadas.
